Luego de que un grupo de ciudadanos argentinos no lograra ingresar a Bolivia, el Ministerio de Gobierno defendió las recientes medidas migratorias y aseguró que las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales se enmarcan en la legislación vigente y en las facultades soberanas del Estado para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
La controversia surgió después de que al menos 18 personas, identificadas como activistas extranjeros vinculados a sectores afines al kirchnerismo en Argentina, fueran impedidas de ingresar al país. Según reportes difundidos por los propios integrantes de la delegación, posteriormente fueron trasladados en un vuelo con destino a Santa Cruz y manifestaron su preocupación por una eventual deportación.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno explicó que durante los controles migratorios se detectaron irregularidades que motivaron la decisión. “Se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, señala el pronunciamiento.
La cartera de Estado enfatizó que las determinaciones asumidas por las autoridades competentes responden exclusivamente a criterios legales y administrativos. Asimismo, remarcó que las medidas no guardan relación con la nacionalidad, ideología política o cualquier otra condición personal de los ciudadanos involucrados.
“El Estado Plurinacional de Bolivia informa que las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias respecto al ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio nacional fueron asumidas en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la normativa migratoria vigente y las atribuciones soberanas que corresponden a todo Estado”, sostiene el documento oficial difundido por el Ministerio de Gobierno.
La institución también recordó que toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe cumplir los requisitos establecidos por la normativa nacional y demostrar que reúne las condiciones necesarias para permanecer en territorio boliviano. En ese sentido, aclaró que las invitaciones realizadas por autoridades, legisladores o instituciones del país no sustituyen ni eximen el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes.
El pronunciamiento fue emitido en medio de las repercusiones políticas generadas por el caso y en un contexto en el que el Gobierno ha expresado preocupación por la presencia de activistas extranjeros en actividades organizadas por sectores sociales vinculados a las movilizaciones y bloqueos que se desarrollan en distintas regiones del país.
Con esta posición, las autoridades buscan respaldar las actuaciones de los organismos migratorios y ratificar que el control del ingreso de extranjeros se realiza bajo parámetros establecidos por la legislación boliviana.
