Autoridades del Gobierno desplazaron una comitiva a Rurrenabaque para sostener un diálogo con sectores movilizados que rechazan la Ley 1720, con el objetivo de explicar sus alcances y buscar una solución al conflicto.
El ministro de Desarrollo Rural, Óscar Mario Justiniano, informó que el Gobierno envió una comisión conformada por tres viceministros y técnicos especializados para entablar diálogo con los marchistas que se encuentran en Rurrenabaque, tras iniciar su movilización desde el departamento de Pando.
La autoridad detalló que el equipo está integrado por representantes de las áreas de Tierras, Desarrollo Rural y Seguridad Ciudadana, además del director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con el objetivo de atender las demandas de los sectores movilizados. “Hoy se ha desplazado para Rurrenabaque un equipo compuesto por tres viceministros además de técnicos especialistas para atender las distintas necesidades que han manifestado diversos sectores”, explicó en conferencia de prensa.
El principal propósito de la comitiva es socializar el contenido de la Ley 1720, anteriormente conocida como proyecto de Ley 157, y aclarar las dudas que han motivado la protesta. Según Justiniano, la norma está dirigida a propietarios de predios individuales y no afecta a territorios comunitarios. “Esta ley alcanza a los propietarios de pequeñas propiedades privadas”, precisó.
Asimismo, la autoridad enfatizó que la recategorización de tierras contemplada en la norma es opcional y no obligatoria para los productores. “Está en su voluntad si quiere o no quiere, no obliga absolutamente a nadie y esto es importantísimo decirlo así con la claridad que corresponde”, afirmó.
El ministro también indicó que uno de los objetivos de la ley es facilitar el acceso al financiamiento para pequeños productores, una demanda que —según señaló— se arrastra desde hace más de una década. “Es el hecho de poder generar la libertad económica cuando ellos ya pueden acceder a créditos del sistema financiero bancario”, sostuvo, al señalar que actualmente muchos productores recurren a financiamiento de casas comerciales.
El Gobierno espera que, a través del diálogo, los sectores movilizados reconsideren la continuidad de la marcha. Sin embargo, la movilización se mantiene activa, en medio de cuestionamientos a la normativa y preocupaciones sobre sus posibles efectos en la tenencia de tierras.
