El Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto normativo que busca reordenar el sector, ofrecer mayor seguridad jurídica y revertir la caída en la producción de gas y petróleo mediante nuevas condiciones para la inversión privada.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que la iniciativa plantea la aplicación de tributos de hasta el 50% para las empresas petroleras, junto con la implementación de un marco normativo más claro que elimine la discrecionalidad en los contratos vigentes. “La nueva ley busca dar certidumbre, atraer inversión y recuperar la producción, en un marco de reglas claras y con una participación equilibrada entre el Estado y el capital privado”, afirmó la autoridad.
Desde el Ejecutivo, se considera que la propuesta permitirá recuperar el dinamismo del sector energético, afectado en los últimos años por la disminución sostenida de la producción, las exportaciones y las reservas. En ese contexto, el nuevo esquema busca generar condiciones que incentiven la llegada de nuevas compañías interesadas en operar en el país.
El proyecto será remitido en los próximos días al Legislativo y se perfila como una de las reformas estructurales prioritarias de la actual gestión. La iniciativa combina una mayor participación estatal con incentivos destinados a facilitar el retorno del capital privado, con el objetivo de promover nuevas actividades de exploración y explotación.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz remarcó la importancia de construir consensos en torno a la norma. “La futura ley debe surgir de un acuerdo entre los bolivianos”, señaló, destacando que la propuesta apunta a generar un cambio estructural que contribuya a la reactivación económica.
El Gobierno enmarca esta medida dentro de un plan integral de modernización del sector energético, orientado a asegurar ingresos sostenibles y fortalecer la economía nacional a mediano y largo plazo.
