El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5727, mediante el cual declara de prioridad del Órgano Ejecutivo la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
La disposición fue emitida después de un gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos y establece un procedimiento para evaluar la situación de las empresas estatales.
Según el decreto, las decisiones deberán sustentarse en diagnósticos técnicos elaborados por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobados por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
Una vez que el COSEEP apruebe una resolución con una recomendación de reorganización, el ministerio responsable de cada sector tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para gestionar los instrumentos normativos correspondientes.
Dependiendo de la norma mediante la cual fue creada cada empresa pública, el proceso podrá realizarse mediante un nuevo decreto supremo o a través de un anteproyecto de ley.
El inicio de una reorganización no significará la suspensión de las operaciones de las empresas públicas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo 5727.
La norma también establece que la determinación de responsabilidades administrativas o de otro tipo será tramitada de forma paralela e independiente a los procesos de reorganización, disolución o liquidación.
Asimismo, una eventual disolución o liquidación no quedará suspendida por investigaciones, auditorías o procesos administrativos de determinación de responsabilidades.
El decreto aclara además que el cierre o liquidación de una empresa pública no eximirá de responsabilidad a los servidores o exservidores públicos vinculados con su gestión.
La medida se conoce después de que el ministro de Economía, Christian Andrés Morales, anunciara que el Gobierno prevé comenzar en el corto plazo el cierre de entre ocho y diez empresas públicas que se encuentran en evaluación.
El Gobierno había señalado que la evaluación de estas entidades responde a la necesidad de revisar su situación y definir, de acuerdo con cada caso, si corresponde mantenerlas, reorganizarlas o iniciar procesos de cierre.
El proceso establecido por el nuevo decreto contempla así una revisión individual de las empresas públicas del nivel central, con base en diagnósticos técnicos y en los instrumentos legales correspondientes.
Mientras se desarrollen estas evaluaciones, las operaciones de las empresas no serán suspendidas únicamente por el inicio de los procedimientos de reorganización.
La aplicación de la medida dependerá ahora de los diagnósticos de cada entidad y de las decisiones que adopten las instancias responsables dentro del procedimiento establecido por el Ejecutivo.
