Los imputados dentro del caso son: Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM); Reinerio Vargas, vicerrector de la UAGRM; José Luis Santiesteban, abogado constitucionalista; y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz.
La denuncia fue presentada el 11 de noviembre del año pasado por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al Gobierno, Marcelo Mayta. La demanda fue aceptada por la Fiscalía de La Paz luego de dos días, pese a que los hechos acontecieron en la capital de Santa Cruz.
Los delitos tipificados en la imputación son: Terrorismo; Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Racismo; Discriminación; Atentados contra la Libertad de Trabajo; Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos; Impedir o estorbar el ejercicio de funciones; Asociación delictuosa; y Desórdenes o Perturbaciones públicas.
