La imputación se evidencia con un decreto fiscal emitido en Uyuni el 4 de mayo de este año, que ya es una ampliación de la querella que se interpuso contra Echazú. El querellante es el presidente ejecutivo de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Carlos Humberto Ramos Mamani.
Echazú fue el hombre fuerte de la política del litio del expresidente Morales, pues ocupó sucesivamente los principales cargos de responsabilidad en el área: viceministro de Minería y Metalurgia (2006-2007), ministro de Minería y Metalurgia (2007-2010), gerente nacional de Recursos Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol, 2010-2017) y viceministro de Altas Tecnologías Energéticas (2017-2019).
La semana pasada, Echazú apareció junto a Evo Morales en una conferencia de prensa en la que se criticó el actual manejo de la política del litio, que —según declaró Ramos en reiteradas oportunidades— está basada en la tecnología de extracción directa del litio (EDL). Según Morales y Echazú, el litio tendría que ser extraído mediante la construcción de piscinas. La auditoría ha identificado adjudicaciones directas de contratos de construcción de piscinas de extracción durante los años 2015 y 2016.
