Bolivia figura como uno de los países mencionados en una investigación desarrollada en España contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien una unidad especializada de la Policía española atribuye presuntas gestiones ante autoridades bolivianas en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria, involucrado en un millonario litigio judicial en el país.
De acuerdo con un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el exmandatario habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 mediante un contrato de consultoría suscrito con la empresa peruana Focus Social Research. Sin embargo, los investigadores sostienen que esa compañía habría servido como intermediaria para canalizar pagos relacionados con acciones destinadas a favorecer los intereses del Grupo Gloria y de su filial boliviana, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
El origen del conflicto está vinculado a una demanda presentada por la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) contra Soboce por presunta competencia desleal. Como resultado de ese proceso, la empresa fue condenada al pago de una indemnización cercana a los 107 millones de dólares, decisión que posteriormente fue ratificada por distintas instancias judiciales.
Según la reconstrucción realizada por la UDEF, uno de los primeros contactos relacionados con el caso ocurrió en mayo de 2024, cuando Zapatero sostuvo una reunión en Madrid con Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España. Los investigadores consideran que Almendras habría cumplido un rol de enlace entre el expresidente español y Ana María Ospina, representante del Grupo Gloria.
Posteriormente, se habría formalizado un contrato de asesoría con una remuneración de 200.000 euros, además de viáticos y cobertura de gastos de viaje. La Policía española señala que parte de la documentación utilizada para justificar la consultoría estaba relacionada con los procesos judiciales que enfrentaba el grupo empresarial en Bolivia.
La investigación también identifica movimientos económicos vinculados al acuerdo. Una primera transferencia de 100.000 euros se habría realizado entre junio y julio de 2024, mientras que otros dos pagos de 50.000 euros cada uno fueron efectuados en junio de 2025.
El informe sostiene además que Zapatero habría mantenido contactos con altas autoridades bolivianas. Entre ellas figuran el presidente Luis Arce, el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el exministro de Justicia César Siles y el procurador general del Estado, Ricardo Condori.
De acuerdo con los registros analizados por la UDEF, en septiembre de 2024 el expresidente español llegó a Bolivia y sostuvo reuniones con autoridades nacionales. Previamente, colaboradores de su entorno habrían solicitado información actualizada sobre la situación judicial de Soboce y los temas que debían ser planteados durante esos encuentros.
La investigación también menciona que, en mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz otorgó una tutela favorable a Soboce, dejando temporalmente sin efecto la sentencia que ordenaba el pago de la millonaria indemnización. No obstante, el caso continuó bajo revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Los investigadores españoles consideran que existe una relación temporal entre esa decisión judicial y los pagos posteriores realizados a Zapatero. Sin embargo, aclaran que se trata de una hipótesis en etapa investigativa y que hasta el momento no existe una sentencia judicial que demuestre la comisión de delitos ni que establezca responsabilidades de las autoridades bolivianas involucradas.
Frente a las acusaciones, el entorno del exjefe de Gobierno español rechazó cualquier irregularidad y defendió la legalidad de los servicios prestados. Además, cuestionó la incorporación y difusión de comunicaciones privadas dentro del proceso de investigación.
La investigación también pone atención sobre otra visita realizada por Zapatero a Bolivia en marzo de 2024, cuando arribó al país acompañado por el expresidente argentino Alberto Fernández, el expresidente colombiano Ernesto Samper, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y otros representantes del Grupo de Puebla.
Aunque oficialmente participaron en un seminario internacional sobre integración financiera regional, la delegación también promovió gestiones para acercar posiciones entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, cuya disputa interna ya generaba tensiones dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En ese contexto, Zapatero confirmó públicamente el objetivo de la misión. “Recuperar el entendimiento y la unidad”, afirmó el exmandatario español al referirse a los esfuerzos realizados para promover un acercamiento entre ambos líderes políticos.
Los integrantes del Grupo de Puebla sostuvieron reuniones por separado con Arce y Morales; sin embargo, las conversaciones no lograron revertir la fractura política y la división interna del MAS terminó profundizándose durante los meses posteriores.
Hasta ahora no existe evidencia pública que vincule directamente aquella mediación política con las posteriores gestiones empresariales investigadas por la Policía española. No obstante, el informe destaca que ambos episodios reflejan el nivel de acceso que Zapatero mantenía con las principales autoridades bolivianas durante ese período.
