A dos años de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, cuando tanquetas y efectivos militares ingresaron a la plaza Murillo, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, volvió a sostener que aquella jornada fue parte de un supuesto «autogolpe» organizado para fortalecer la imagen política del entonces presidente Luis Arce. A través de su defensa, anunció que solicitará que el exmandatario y varios de sus excolaboradores sean convocados a declarar durante el juicio.
El abogado Eduardo León informó que la defensa pedirá la comparecencia del expresidente Luis Arce, del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, del exministro de Defensa Edmundo Novillo y del exasesor Hugo Moldiz. Según explicó, Zúñiga pretende formalizar una denuncia para que las exautoridades respondan por las decisiones tomadas antes del despliegue militar y por el presunto montaje que, según su versión, buscaba mejorar la imagen del entonces Gobierno en medio de una crisis política y económica.
La defensa aseguró que, durante el juicio, Zúñiga revelará reuniones, órdenes y movimientos realizados antes del operativo militar, con el objetivo de que el tribunal valore esos antecedentes y determine si corresponde abrir una investigación contra las exautoridades mencionadas. Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden exclusivamente a la versión del exgeneral y de sus abogados.
Zúñiga recordó que la noche del 26 de junio de 2024 calificó públicamente los hechos como un «autogolpe», luego de encabezar el ingreso de tanquetas y militares al centro político de La Paz. Dos años después, desde el penal de El Abra, donde permanece detenido, sostiene que la orden habría sido impartida por Arce durante un partido de básquet disputado días antes del operativo, versión que el expresidente rechazó desde el inicio de las investigaciones.
Por su parte, el entonces Gobierno negó de forma categórica esa versión y afirmó que el despliegue militar constituyó un intento de ruptura del orden constitucional. Sin embargo, otros abogados vinculados al caso sostienen que existen testimonios y elementos que deberán ser analizados durante el juicio para establecer quiénes conocían previamente el movimiento de tanquetas y tropas.
Actualmente existen tres procesos penales relacionados con los hechos del 26 de junio. En la causa principal, Zúñiga y otros 21 militares enfrentan acusaciones por terrorismo, alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además, existen otros dos procesos que involucran a abogados, supuestos asesores y militares jubilados. Las defensas solicitarán la unificación de las causas al considerar que todas derivan de un mismo hecho y deben ser analizadas por un solo tribunal.
