Organizaciones afines al expresidente Evo Morales retomaron este miércoles su marcha rumbo a la ciudad de La Paz en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno aseguró que actuará “con firmeza” para evitar cualquier intento de ruptura del orden constitucional.
La movilización, denominada “marcha por la vida para salvar Bolivia”, comenzó el martes en la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro, y se desarrolla paralelamente a los bloqueos instalados en la carretera que conecta Oruro con La Paz.
Tras pasar la noche en la localidad de Panduro, los manifestantes reanudaron la caminata desde tempranas horas de este miércoles con la intención de llegar a la sede de gobierno el próximo 18 de mayo.
“El objetivo es uno solo, estamos pidiendo la renuncia del Presidente”, señaló uno de los participantes de la marcha, según reportes difundidos por la radio Kawsachun Coca.
Otro movilizado aseguró que las protestas continuarán mientras permanezca el actual Gobierno. “Estaremos en protestas hasta que se vaya este gobierno que nos maneja decreto tras decreto”, expresó durante el segundo día de movilización.
En respuesta, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que la marcha tiene una finalidad política y acusó a exautoridades vinculadas al anterior gobierno de promover acciones de desestabilización.
“No hay la más mínima duda de la intencionalidad estrictamente política estructurada por los ex gobernantes que buscan una desestabilización”, afirmó Gálvez en declaraciones a Unitel.
El portavoz señaló que el Ejecutivo reconoce la existencia de demandas sociales legítimas; sin embargo, aseguró que algunas protestas son utilizadas con fines políticos para intentar debilitar al actual gobierno.
“Quieren generar desestabilización (…) para provocar zozobra y creen que pueden romper un orden constitucional y eso no es correcto. La gente no está de acuerdo y no lo vamos a permitir de ninguna manera”, manifestó la autoridad.
Gálvez también remarcó que el Gobierno responderá dentro del marco constitucional y utilizando las herramientas que le otorga la ley para preservar el orden democrático y la estabilidad institucional.
“Vamos a responder con democracia, con firmeza y con todas las herramientas que la Constitución le otorga al Gobierno para hacer respetar la voluntad popular”, sostuvo el vocero presidencial.
Durante la entrevista, la autoridad fue consultada sobre si la Constitución permite el uso de la fuerza para preservar el orden constitucional, a lo que respondió de manera afirmativa.
“No cabe duda, es un derecho creado hacia el gobierno legal y constitucionalmente establecido”, declaró Gálvez.
El presidente Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en un contexto marcado por la crisis económica, conflictos sociales y bloqueos en diferentes regiones del país, especialmente en el departamento de La Paz, donde las medidas de presión se radicalizaron en los últimos días.
