Tras 27 días de caminata, una movilización de indígenas y campesinos provenientes de Pando y Beni llegó este lunes 4 de mayo a la ciudad de La Paz. Los manifestantes demandan la anulación de la Ley 1720 y descartan entablar negociaciones con el Gobierno.
La columna de marchistas ingresó a la sede de Gobierno luego de casi un mes de recorrido, con el objetivo de exigir la abrogación de la normativa que permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) modificar la clasificación de la pequeña propiedad a propiedad mediana.
Durante su arribo, una de las dirigentes de la movilización reafirmó la postura del sector. “Pensaron que no íbamos a llegar, pero gracias a Dios ya estamos en La Paz. Nuestra demanda es justa y esperamos que se sensibilicen con el sufrimiento de nuestra gente”, manifestó una líder de la marcha indígena y campesina.
La movilización se inició en el departamento de Pando con la participación de comunidades indígenas y campesinas, a las que posteriormente se sumaron organizaciones del Beni. A lo largo del trayecto, el Gobierno intentó en varias ocasiones detener la marcha mediante explicaciones sobre el contenido de la norma e incluso la suscripción de acuerdos parciales con algunos sectores.
Asimismo, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5613, que establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras en la región amazónica, priorizando a los departamentos de Pando y Beni. Sin embargo, los marchistas mantienen su posición de rechazo a la Ley 1720.
“No vamos a negociar, queremos la abrogación total de esa ley”, sostuvo la dirigente de la movilización indígena, al reiterar la demanda principal del sector.
A su llegada a La Paz, los manifestantes recibieron apoyo de ciudadanos que les brindaron alimentos y asistencia. Durante la jornada también se registró la presencia de la activista María Galindo, quien fue cuestionada por algunos participantes debido a declaraciones previas, lo que generó un incidente dentro de la movilización.
La marcha se instala en la sede de Gobierno con el objetivo de presionar al Ejecutivo para atender su demanda central. Hasta el momento, los movilizados mantienen su postura de no ingresar en procesos de diálogo mientras no se disponga la abrogación de la normativa observada.
