Más de diez proyectos de ley destinados a reformar y modernizar el sistema judicial permanecen sin tratamiento en la Asamblea Legislativa desde noviembre de 2025. La falta de avances motivó al Órgano Judicial a declararse en emergencia y advertir con un paro escalonado si no se atienden sus demandas de mayor presupuesto y actualización normativa.
Entre las iniciativas pendientes se encuentran propuestas para garantizar la independencia financiera del Órgano Judicial, impulsar la digitalización de los procesos, modificar la Ley de Juicios de Responsabilidades, reformar el régimen disciplinario, actualizar la Ley del Notariado y fortalecer la jurisdicción agroambiental, entre otras.
Mientras tanto, litigantes consultados expresaron su rechazo a una posible suspensión de actividades judiciales, al considerar que solo agravaría la retardación de justicia y perjudicaría a miles de ciudadanos que esperan la resolución de sus procesos. No obstante, coincidieron en que el sistema requiere más recursos, tecnología y personal para mejorar la atención y reducir los tiempos de respuesta.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa también manifestaron su rechazo a la posibilidad de un paro judicial y plantearon abrir espacios de diálogo para encontrar soluciones a las demandas del sector.
