La muerte de un hombre que permanecía hospitalizado con graves quemaduras en el municipio de Shinahota elevó a cuatro el número de víctimas fatales relacionadas con presuntos linchamientos registrados en Bolivia durante los últimos días. El caso se suma al triple asesinato ocurrido recientemente en Pocoata, Potosí, y vuelve a poner en debate la persistencia de hechos de justicia por mano propia.
La víctima falleció la mañana de este lunes en un centro médico de Villa Tunari, donde recibía atención desde el pasado sábado. De acuerdo con los reportes preliminares, presentaba quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo, lesiones que finalmente resultaron mortales.
El incidente se produjo el 30 de mayo en el municipio de Shinahota, en el trópico cochabambino. Según las primeras investigaciones, el hombre fue acusado por pobladores de estar vinculado a la comercialización de una vagoneta presuntamente robada.
Tras ser retenido por un grupo de personas, fue agredido físicamente y llevado a un sector alejado, donde habría sido rociado con combustible y posteriormente incendiado. Los atacantes abandonaron el lugar creyendo que la víctima había fallecido.
Sin embargo, el hombre aún se encontraba con vida y fue auxiliado por terceros que gestionaron su traslado de emergencia a un hospital del trópico de Cochabamba. Pese a los esfuerzos médicos realizados durante dos días, su estado crítico derivó en el desenlace fatal.
Con la confirmación del fallecimiento, la Policía informó que el caso es investigado bajo la figura de asesinato. Los investigadores buscan identificar a todas las personas que participaron en la agresión y determinar el grado de responsabilidad de cada una.
Hasta la tarde del lunes, ninguna persona se había presentado oficialmente para reclamar el cuerpo de la víctima, aspecto que también forma parte de las indagaciones.
El hecho ocurre pocos días después del triple linchamiento registrado en el municipio potosino de Pocoata, donde tres jóvenes acusados de sustraer un vehículo fueron sacados por la fuerza de celdas policiales por una multitud y posteriormente asesinados.
Las víctimas de ese caso fueron identificadas como Félix C.P. (28), Eloy C.C. (24) y Riner M.F. (22). La Fiscalía mantiene abierta una investigación para establecer quiénes participaron en el asalto a las dependencias policiales y en la ejecución del crimen.
Con ambos casos, el número de fallecidos por presuntos actos de justicia por mano propia asciende a cuatro en menos de una semana. A ello se suman otros episodios recientes ocurridos en Viacha y Caranavi, donde personas acusadas de distintos delitos fueron agredidas por vecinos, aunque sobrevivieron gracias a la intervención de efectivos policiales y familiares.
La seguidilla de hechos ha reactivado el debate sobre la respuesta institucional frente a la inseguridad y la creciente tendencia de algunos grupos a tomar medidas al margen de la ley. Autoridades y especialistas recuerdan que la administración de justicia corresponde exclusivamente a las instancias competentes y que cualquier acto de violencia colectiva constituye un delito sancionado por la normativa boliviana.
Mientras avanzan las investigaciones en distintos puntos del país, las autoridades buscan identificar a los responsables de estos hechos, que en pocos días dejaron un saldo de cuatro fallecidos y varios sobrevivientes de ataques colectivos, reflejando la preocupación por el aumento de la violencia vinculada a acusaciones de robo y otros delitos.
