El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que el esperado debate presidencial entre Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se llevará a cabo este domingo 12 de octubre a las 21:00. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y será transmitido en cadena nacional. Ambos candidatos confirmaron su participación tras la firma de un acuerdo que establece la metodología y los temas a tratar.

El debate girará en torno a seis ejes temáticos clave para el país: economía, políticas sociales, justicia y seguridad, salud y educación, hidrocarburos y litio, además de minería, agricultura y turismo. Los representantes de ambas organizaciones políticas pactaron estos puntos junto al TSE, con el objetivo de garantizar un intercambio ordenado y sustancial de propuestas. La iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía una oportunidad para conocer las posturas de los candidatos en temas estratégicos.

La moderación estará a cargo de periodistas de Unitel y Red Uno, junto a dos comunicadores invitados por el Órgano Electoral. Estos moderadores tendrán la responsabilidad de controlar los tiempos de intervención y asegurar el cumplimiento de las reglas acordadas. Según el vocal Gustavo Ávila, se ha perfeccionado el rol de los moderadores para que puedan reformular preguntas y conducir el debate con imparcialidad y dinamismo. El evento se perfila como un momento decisivo en el camino hacia el balotaje presidencial de 2025.

El pasado lunes 6 de octubre, un abogado recientemente desvinculado de la Aduana Nacional presentó una denuncia contra el presidente de YPFB, acusándolo de contrabando de diésel hacia Argentina. Lo insólito del caso es que la denuncia fue elaborada con documentos oficiales de la Aduana, a pesar de que el denunciante ya no ejercía funciones públicas. La presidenta de la entidad, Karina Serrudo, calificó el hecho como una clara usurpación de funciones y aseguró que la acusación carece de sustento legal, ya que las exportaciones señaladas están amparadas por normativa vigente.

La denuncia provocó una orden de aprehensión contra el titular de YPFB, lo que generó preocupación en el entorno político y empresarial. Serrudo afirmó que el exfuncionario manipuló información técnica y utilizó sellos institucionales sin respaldo, por lo que se iniciarán acciones legales en su contra. La Aduana sostiene que las exportaciones de gas natural no requieren autorización de la ANH, como erróneamente plantea el denunciante, y que el Decreto Supremo N.º 28174 respalda plenamente las operaciones realizadas por YPFB.

Este episodio se produce en medio de una crisis energética y una creciente tensión política, marcada por intentos del evismo de interferir en el proceso electoral. La denuncia, presentada justo después de la destitución del abogado, parece formar parte de una estrategia para debilitar al gobierno de Luis Arce y generar inestabilidad. La Aduana ha ratificado la legalidad de las exportaciones y exhorta al Ministerio Público a archivar la denuncia, mientras se esclarece la responsabilidad penal del exfuncionario.

La empresa de Seguros y Reaseguros Univida anunció este jueves el inicio de la venta digital del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026, aplicando un descuento del 2% y manteniendo los precios sin modificaciones.

“A partir de hoy 9 de octubre, va a estar disponible la venta del SOAT 2026 pueden hacerlo a través de nuestros canales digitales. Las personas que adquieran a partir de hoy, podrán ahorrar con base a lo que es el precio del SOAT un 2%”, explicó el gerente general de Univida, Larry Fernández.

Fernández destacó que por quinto año consecutivo el precio del SOAT no ha sufrido incrementos y que la cobertura se mantiene en 24.000 bolivianos para gastos médicos y 22.000 bolivianos más en caso de fallecimiento.

El costo del SOAT varía según el tipo de vehículo y si es público o particular, con tarifas que van desde 90 hasta 3.700 bolivianos.
La venta en puntos fijos comenzará el 1 de noviembre, y a partir del 1 de diciembre se habilitarán puntos móviles y “comisiones” que funcionarán en todo el territorio nacional.
Fernández aseguró que “todas las bandas de precios se mantienen” y recordó que desde hace tres años el SOAT se emite exclusivamente de forma digital.

“El SOAT tiene como principal función garantizar el derecho a la vida y la salud de las familias bolivianas. Contar con una cobertura vigente es una manera de brindar tranquilidad a nuestros seres queridos y de anticiparnos a cualquier eventualidad que pudiera surgir en las carreteras de nuestro país”, concluyó el gerente de Univida.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público investiga el primer caso bajo la Ley Nº 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, contra un oficial de policía, Daniel L.M., de 32 años. Este está acusado por los delitos de Contacto con Niñas, Niños o Adolescentes con Fines Sexuales a través de Tecnologías de la Información y Comunicación y Violación con Agravante, presuntamente cometidos contra una menor de 14 años a quien contactó mediante redes sociales. Por esta razón, el Juzgado 13º Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro.

El Coordinador de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, David Torrez, explicó: “En cuanto a la investigación que se está realizando, en relación a un funcionario policial por la comisión del delito de Contacto con Niñas, Niños o Adolescentes con Fines Sexuales a través de Tecnologías de la Información y Comunicación, la autoridad jurisdiccional ha conocido la exposición del fiscal de materia, determinó la detención preventiva por el encausado por el plazo de cinco meses, periodo en el cual se realizarán las actuaciones investigativas necesarias para un requerimiento conclusivo, la nueva Ley Nº 1636, nos permitió investigar estos hechos para buscar su sanción”.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que se investiga a Gualberto D. V., de 47 años, por la presunta comisión del delito de feminicidio contra su concubina, Sonia R. J., de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda en el municipio de Punata la mañana del martes 7 de octubre.

“El Ministerio Público abrió una investigación por este hecho denunciado en el Asiento Fiscal de Punata, y tras ser notificado sobre el hallazgo del cadáver femenino, el Fiscal se presentó en el lugar para realizar las primeras diligencias, recabando elementos como el informe policial, muestras fotográficas y declaraciones de testigos, que orientan la etapa preliminar y atribuyen probable participación al investigado”, explicó Tejerina.

El Fiscal encargado del caso, Gianluca Velasco Ruiz, detalló que el hecho ocurrió en la comunidad de Yacanahuyo, en Punata. Vecinos indicaron que la víctima vivía con su concubino, quien supuestamente la dejaba encerrada cuando se ausentaba. Fueron estos vecinos quienes alertaron a autoridades sobre un fuerte olor desde la vivienda, lo que motivó la intervención policial y fiscal.

La autopsia determinó como causa de muerte anoxia anóxica, compresión cervical extrínseca y asfixia mecánica por estrangulación manual, con una data de 7 a 10 días antes del levantamiento legal del cuerpo.

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del fallecimiento de cuatro cóndores y un perro encontrados sin vida en una zona rural de Cochabamba. Los reportes preliminares apuntan a que los animales podrían haber sido envenenados, aunque aún se espera confirmar esta hipótesis con los análisis correspondientes. Después de realizar una inspección detallada en el lugar donde fueron hallados los cuerpos, las autoridades trasladaron los cadáveres a la ciudad de Cercado para continuar con las pericias y los estudios científicos que permitan definir con precisión las circunstancias de estas muertes.

De acuerdo con testimonios recogidos entre los habitantes de la comunidad, un comunario colocó veneno para zorros debido a que estos animales estaban atacando su gallinero. Sin embargo, el perro que estaba en el área habría ingerido el veneno de forma accidental. Posteriormente, los cóndores murieron tras alimentarse de los restos del can, lo que habría provocado una cadena de envenenamiento. Este caso ha causado preocupación en la población local y entre los ambientalistas, que advierten el impacto negativo que estos incidentes tienen en la fauna silvestre y en el equilibrio ecológico de la región. La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles y definir posibles responsabilidades.