Las intensas lluvias registradas esta semana en Tipuani, al norte del departamento de La Paz, provocaron el desborde de ríos e inundaciones que afectaron a gran parte del poblado. Una unidad educativa que debía funcionar como recinto electoral resultó dañada, por lo que el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz evalúa alternativas para garantizar el derecho al voto en esa localidad durante la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

El vocal del TED La Paz, Sabino Choque, explicó que se están considerando otras infraestructuras de dominio público para reemplazar el recinto afectado. Señaló que, aunque el fenómeno natural no estaba previsto, se activaron medidas de contingencia como limpieza y coordinación con autoridades locales. La decisión sobre el nuevo recinto se tomará antes del despacho de las maletas electorales, que suman 9.099 para todo el departamento.

Choque aclaró que el problema no afecta a todo el municipio, sino específicamente a la localidad de Tipuani, donde se encuentra el recinto dañado. El TED La Paz trabaja para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio sin contratiempos, y reafirmó su compromiso de adaptar la logística electoral ante cualquier eventualidad climática.

El Congreso del Perú destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, con una votación contundente de 121 votos a favor, superando incluso las cifras alcanzadas en las vacancias de Fujimori, Vizcarra y Castillo. Ante la ausencia de vicepresidentes, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, asumió de inmediato la Jefatura del Estado, conforme al artículo 115 de la Constitución. En su primer discurso como mandatario, Jerí declaró la guerra a la delincuencia y prometió cambios profundos para responder a la creciente inseguridad ciudadana.

La llegada de Jerí al poder ocurre en medio de una crisis política y social agravada por el paro de transportistas y un violento atentado contra el grupo musical Agua Marina. Aunque su partido, Somos Perú, suspendió su militancia durante una investigación por presunta violación —archivada en agosto de 2025—, Jerí ha mantenido una postura firme y alineada con las fuerzas parlamentarias predominantes. Su trayectoria incluye el respaldo a la vacancia de Pedro Castillo y el apoyo al archivo de investigaciones contra Boluarte, lo que ha generado controversia sobre su independencia política.

La destitución de Boluarte marca un punto de inflexión en la política peruana. Su caída se precipitó tras minimizar las protestas sociales y no garantizar la seguridad en eventos públicos, como el concierto en Chorrillos que terminó con cinco heridos. El Ministerio del Interior criticó la falta de coordinación institucional en ese caso. Ahora, con Jerí al mando, Perú se encamina hacia una etapa de transición que culminará en las elecciones generales de abril de 2026.

Durante el acto conmemorativo por el 102 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el presidente Luis Arce instó a esta institución a mantenerse alerta frente a posibles intentos de injerencia externa. En su discurso, destacó que las amenazas actuales a la soberanía nacional exigen una defensa firme del espacio aéreo y de los recursos naturales, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas. Arce subrayó que la FAB debe ser garante de la independencia del país en medio de disputas entre potencias globales.

El mandatario boliviano vinculó estas amenazas a una potencia que, según él, se resiste a perder su hegemonía mundial, en clara alusión a Estados Unidos. Recordó que Bolivia celebró recientemente el Bicentenario de su primera independencia y que ahora se enfrenta al desafío de alcanzar una “segunda y definitiva independencia”. Arce reiteró que esta meta solo será posible con instituciones sólidas y comprometidas como la FAB, que deben actuar con responsabilidad frente a presiones externas.

Este mensaje se da en la recta final de su mandato, que concluirá el próximo 8 de noviembre, tras la segunda vuelta electoral entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga. En sus casi cinco años de gestión, Arce ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno estadounidense, especialmente por sus acciones en Venezuela, país con el que Bolivia ha estrechado vínculos. El llamado a la FAB se interpreta como parte de su narrativa de defensa nacional frente a intereses foráneos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que el esperado debate presidencial entre Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se llevará a cabo este domingo 12 de octubre a las 21:00. El evento tendrá una duración aproximada de dos horas y será transmitido en cadena nacional. Ambos candidatos confirmaron su participación tras la firma de un acuerdo que establece la metodología y los temas a tratar.

El debate girará en torno a seis ejes temáticos clave para el país: economía, políticas sociales, justicia y seguridad, salud y educación, hidrocarburos y litio, además de minería, agricultura y turismo. Los representantes de ambas organizaciones políticas pactaron estos puntos junto al TSE, con el objetivo de garantizar un intercambio ordenado y sustancial de propuestas. La iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía una oportunidad para conocer las posturas de los candidatos en temas estratégicos.

La moderación estará a cargo de periodistas de Unitel y Red Uno, junto a dos comunicadores invitados por el Órgano Electoral. Estos moderadores tendrán la responsabilidad de controlar los tiempos de intervención y asegurar el cumplimiento de las reglas acordadas. Según el vocal Gustavo Ávila, se ha perfeccionado el rol de los moderadores para que puedan reformular preguntas y conducir el debate con imparcialidad y dinamismo. El evento se perfila como un momento decisivo en el camino hacia el balotaje presidencial de 2025.

El pasado lunes 6 de octubre, un abogado recientemente desvinculado de la Aduana Nacional presentó una denuncia contra el presidente de YPFB, acusándolo de contrabando de diésel hacia Argentina. Lo insólito del caso es que la denuncia fue elaborada con documentos oficiales de la Aduana, a pesar de que el denunciante ya no ejercía funciones públicas. La presidenta de la entidad, Karina Serrudo, calificó el hecho como una clara usurpación de funciones y aseguró que la acusación carece de sustento legal, ya que las exportaciones señaladas están amparadas por normativa vigente.

La denuncia provocó una orden de aprehensión contra el titular de YPFB, lo que generó preocupación en el entorno político y empresarial. Serrudo afirmó que el exfuncionario manipuló información técnica y utilizó sellos institucionales sin respaldo, por lo que se iniciarán acciones legales en su contra. La Aduana sostiene que las exportaciones de gas natural no requieren autorización de la ANH, como erróneamente plantea el denunciante, y que el Decreto Supremo N.º 28174 respalda plenamente las operaciones realizadas por YPFB.

Este episodio se produce en medio de una crisis energética y una creciente tensión política, marcada por intentos del evismo de interferir en el proceso electoral. La denuncia, presentada justo después de la destitución del abogado, parece formar parte de una estrategia para debilitar al gobierno de Luis Arce y generar inestabilidad. La Aduana ha ratificado la legalidad de las exportaciones y exhorta al Ministerio Público a archivar la denuncia, mientras se esclarece la responsabilidad penal del exfuncionario.