Rafael López, diputado electo por la alianza Libre, anunció que presentará una proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo Morales, por el caso hotel Las Américas. Su objetivo es que el exmandatario “esté tras las rejas, para que el país esté tranquilo”.

López, quien asumirá sus funciones junto a los demás asambleístas electos este 8 de noviembre, declaró a la red DTV que ratifica su propuesta preelectoral y que ahora procederá a iniciar el juicio de responsabilidades contra Morales, por delitos de lesa humanidad, asesinato y extorsión, entre otros, relacionados con el asalto armado en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, ocurrido el 16 de abril de 2009. En esa operación murieron Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. Sobrevivieron Mario Tadic, boliviano-croata, y Elod Tóásó, húngaro.

Tras ese operativo, el gobierno de Morales afirmó que los muertos eran “mercenarios terroristas” que buscaban separar a Santa Cruz de Bolivia. Por ello, inició un proceso llamado “Terrorismo”, en el que procesaron a cerca de 40 personas, en su mayoría líderes políticos de oposición, por supuestos vínculos con los acusados.

La oposición de ese entonces sostuvo que el gobierno utilizó ese caso para desarticular a la oposición en Santa Cruz. El proceso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por posibles violaciones graves a los derechos humanos por parte de los sobrevivientes del asalto.

El caso «Terrorismo» fue clausurado durante la administración de la presidenta transitoria Jeanine Añez, tras que el gobierno retiró la denuncia.

Según López, también deben ser procesados el fiscal Marcelo Sosa, que atendió el caso, y altos mandos policiales implicados en extorsiones a líderes opositores, para que no sean considerados en el juicio.

López indicó que la proposición acusatoria será presentada ante la Fiscalía, que la enviará a la Cámara de Diputados para su proceso. Además, confía en que legisladores de otros partidos, como el Partido Democrático Cristiano (PDC) y la alianza Unidad y Súmate, apoyen la iniciativa contra Morales.

El diputado afirmó que Morales debe estar “tras las rejas”, para que el país tenga paz y no se movilicen protestas. También mencionó que el exmandatario debe estar en prisión ya sea por este juicio de responsabilidades o por el proceso penal en su contra por presunto trata y tráfico de personas, por el cual existe una orden de APREHENSIÓN.

Un operativo militar llevado a cabo por el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) terminó en un violento enfrentamiento con un grupo de presuntos contrabandistas que se habrían resistido a la intervención. El incidente ocurrió este jueves en la carretera hacia Viacha, cerca de la zona San Martín, en la ciudad de El Alto.

Testigos señalaron que el enfrentamiento sucedió en plena hora pico, cuando varios colegios de la zona terminaban sus actividades y el tráfico era intenso. “Era al mediodía, nos asustamos mucho. La avenida conecta con Viacha y hay mercado en plena vía. Pensamos que estaban controlando a trameadores, pero vinieron en minibuses con piedras, se jalonearon”, contó una vecina.

Videos compartidos en redes sociales muestran a los presuntos contrabandistas lanzando piedras, detonando petardos e incluso se escuchan disparos. En las imágenes también se observa la agresión a un militar, quien resultó herido, además de varios vehículos con vidrios rotos y otros daños materiales.

La situación generó temor entre comerciantes, transeúntes y conductores que circulaban por el sector. “Hay varios colegios y era hora pico”, lamentó otra vecina, describiendo el caos generado durante el conflicto.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado oficialmente sobre la cantidad de heridos o detenidos. Desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando comunicaron que el viceministro Luis Amílkar Velásquez está recopilando información y brindará una conferencia de prensa el viernes con mayores detalles del operativo.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, denunció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) gastó 400.000 bolivianos en pasajes aéreos para rutas nacionales durante un periodo de tres meses. Además, afirmó que el masismo seguirá dilapidando los recursos del pueblo hasta el final de su gestión.

Según el Formulario 200 del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la ANH firmó contratos con una agencia de viajes el 19 de septiembre por el monto de 400.000 bolivianos para el “servicio de pasajes aéreos nacionales, segundo semestre”.

“Mientras el país está sin combustible, los burócratas del MAS viajan con plata del pueblo. Denunciamos que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, otra entidad encargada de la provisión de combustible, combustible que no hay en el país, recientemente gastó 400.000 bolivianos para pasajes aéreos nacionales, tan solo para tres meses de servicio”, afirmó Román.

La diputada añadió que “es evidente que el asalto a los recursos del pueblo continuará hasta el último día que los masistas estén en funciones. Con seguridad que esos cientos miles de bolivianos son para que los funcionarios corruptos e ineficientes de la ANH se vayan de vacaciones con dinero del pueblo”.

Román cuestionó que no haya fondos disponibles para abastecer a la población de carburante, mientras se destinan recursos a pasajes para funcionarios. También señaló que las prioridades del masismo son la corrupción y el despilfarro en beneficio de sus militantes.

El Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano Ramos, informó que se realizó el Curso Taller titulado “Implementación del Proyecto Formativo Orientado al Sistema de Gestión Integrado”, cuyo propósito fue crear un espacio de análisis para el cuerpo docente sobre la aplicación del Proyecto Formativo basado en el Sistema de Gestión Integrado, con un enfoque en la calidad, innovación y excelencia educativa.

“Esta capacitación forma parte de la estrategia institucional impulsada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, enfocada en fortalecer los procesos académicos bajo estándares internacionales de calidad y consolidar una gestión educativa más eficiente, moderna y coherente con los principios del Sistema de Gestión Integrado que rige al Ministerio Público”, afirmó Serrano.

El curso se desarrolló en modalidad semipresencial, con diferentes etapas de formación organizadas en tres grupos dirigidos a docentes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Escuela de Fiscales y al personal académico de la institución.

Durante el proceso, los participantes estudiaron la implementación del Proyecto Formativo conforme a la estructura y principios del Sistema de Gestión Integrado (SGI), fortaleciendo así su comprensión de los estándares de calidad que guían los procesos académicos de la Escuela. Este espacio permitió vincular la labor docente con la gestión institucional, generando propuestas para optimizar procedimientos internos y garantizar una educación orientada a resultados con un enfoque de mejora continua.

Para impartir los contenidos, participaron expertos como la Máster en Gestión Integrada en Medio Ambiente, Calidad y Prevención, especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad y Auditora Líder acreditada por el IRCA, Paola Scherezada Valdez; el especialista internacional mexicano, auditor en calidad, ambiente, seguridad y salud laboral, Fidel Aragón Franco; y la doctora en Ciencias de la Educación, Grace Paredes Rodríguez, especialista en Sistemas de Gestión de Calidad.

Los asistentes coincidieron en que la incorporación del Sistema de Gestión Integrado a los procesos educativos no solo mejora la calidad académica sino que también fortalece institucionalmente al Ministerio Público.

En el marco de informar sobre los beneficios del SIAT en Línea, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) brindó una capacitación presencial a 79 asociados de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), abordando temas específicos como la Actualización de Actividades Económicas y las características y modificaciones del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), entre otros.

La jornada formativa fue organizada conjuntamente por la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria del SIN y CAINCO, realizándose en el Salón Empresarial de esta última institución, situado en la avenida Las Américas N° 7, Santa Cruz.

Erik Landívar, jefe de Investigación Jurídica de CAINCO, valoró la disposición del SIN para concretar esta actividad y resaltó la importancia de mantener la información tributaria actualizada.

Jhonny Chipana, participante de la capacitación, la calificó como muy completa, comentando que “creo que lo que busca Impuestos es ser más específico y poder tener un mejor control al momento de determinar la actividad económica del contribuyente”.

Fermín Herrera destacó la dedicación de la expositora del SIN, quien incluso extendió su tiempo para atender casos particulares, lo que consideró de gran ayuda.

Por último, Gustavo Rojas subrayó la modernización del SIN al manifestar que “la implementación del SIAT en Línea me parece genial, porque el sistema virtual evita que tengamos que ir hasta las oficinas, lo cual facilita mucho los trámites”.

El SIN continúa coordinando con entidades públicas y privadas capacitaciones gratuitas presenciales y virtuales sobre temas tributarios, con el fin de respaldar a los contribuyentes en el cumplimiento adecuado de sus obligaciones formales ante la Administración Tributaria.

El presidente Luis Arce puso en vigencia el Decreto Presidencial 5460, emitido el 22 de septiembre de 2025 y recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta norma define las condiciones, requisitos y procedimientos para conceder indultos a personas privadas de libertad por delitos menores.

“Entra en plena vigencia el Decreto Presidencial 5460 de 22 de septiembre de 2025, el cual fue aprobado mediante Resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta norma, de gran relevancia, establece las condiciones para la concesión de indultos, así como los requisitos y el procedimiento para su otorgación”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

El decreto se aplica a quienes se encuentran en centros penitenciarios del país y cumplen con los criterios establecidos, contando con sentencia condenatoria firme al momento de su publicación o durante la vigencia del decreto.

El presidente destacó que esta medida tiene como objetivo disminuir el hacinamiento en las cárceles y promover la reinserción social de los condenados por delitos menos graves. “Esta medida contribuirá a disminuir el hacinamiento en las cárceles, considerando que hay numerosos privados de libertad que aún están a la espera de la revisión de sus procesos”, afirmó Arce.

Quedan excluidos del beneficio los condenados por delitos graves como feminicidio, asesinato, violación, trata y tráfico de personas, corrupción, terrorismo, genocidio o narcotráfico con penas superiores a diez años, así como los reincidentes.