Bolivia dio un paso importante para enfrentar la crisis de combustibles con la llegada de un buque que transporta más de 50 millones de litros de gasolina a la terminal de Arica, Chile. YPFB inició la descarga y el traslado en cisternas hacia la planta de Senkata, en El Alto, desde donde se distribuirá a todo el país. El presidente de la estatal, Armin Dorgathen, aseguró que la oferta fue incrementada al 120%, lo que permitirá reducir progresivamente las largas filas en los surtidores.

En paralelo, el Gobierno anunció la próxima llegada de 96 millones de litros de diésel y garantizó el presupuesto en moneda nacional para continuar con las importaciones. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, explicó que la escasez se debe a la falta de dólares provocada por el bloqueo de créditos externos en la Asamblea Legislativa, y no a una falta de recursos internos. La medida busca estabilizar el suministro y evitar que la crisis afecte aún más a sectores productivos y al transporte.

Desde el ámbito legislativo, la Comisión de Economía Plural aprobó por unanimidad una ley excepcional que permitirá al Estado realizar compras directas de combustibles durante tres meses. El diputado Hernán Hinojosa advirtió que la escasez pone en riesgo la seguridad alimentaria del país y pidió una pronta aprobación del proyecto en el pleno de la Cámara. La norma busca agilizar los procesos de importación y garantizar el abastecimiento en un contexto de emergencia.

El vicepresidente electo, Edmand Lara, celebró el gesto de Jorge Tuto Quiroga al reconocer la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el balotaje del 19 de octubre. Según Lara, este acto de madurez política debe marcar el fin de la violencia y abrir paso a la reconciliación nacional. En un mensaje difundido por redes sociales, agradeció el respaldo de Quiroga y llamó a la unidad: “Es momento de pacificar el país, de dejar atrás los ataques y pensar en el futuro de Bolivia”.

Lara también denunció que él y su familia han sido víctimas de amenazas y agresiones desde la noche de la elección. Relató que desconocidos lanzaron piedras a los vehículos en los que se trasladaban él y otros seguidores en Santa Cruz, causando daños y lesiones. Además, afirmó que sus hijos no han podido asistir al colegio por temor a nuevos ataques, y que incluso fue agredido en el recinto electoral donde votó, el mismo lugar donde estudia uno de sus hijos.

Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno instruyó a la Policía brindar protección a las autoridades electas. Lara reiteró su compromiso de gobernar para todos los bolivianos junto al presidente electo Rodrigo Paz, y aseguró que cumplirán las promesas de campaña. “No tenemos que pelear más entre nosotros, es momento de sacar a Bolivia adelante y lo vamos a lograr entre todos”, concluyó. La posesión oficial se realizará el 8 de noviembre en La Paz.

La Justicia boliviana decidió aumentar la fianza económica contra Franklin Flores, exgerente de la estatal Emapa, y abrir un segundo proceso en su contra por presuntas irregularidades en la construcción de una planta piscícola en el lago Titicaca. Aunque la Fiscalía solicitó su detención preventiva, el tribunal mantuvo la detención domiciliaria, el arraigo y otras medidas cautelares, además de prohibirle acercarse a Emapa. El fiscal Johan Muñoz advirtió que Flores representa un riesgo procesal por su historial migratorio y posibles intentos de influir en testigos.

Este nuevo proceso se suma a la investigación ya abierta por la planta procesadora de papa en El Alto, también bajo sospecha de corrupción. La causa piscícola fue iniciada de oficio tras una solicitud de la Cámara de Diputados, que pidió al fiscal general del Estado revisar todas las obras ejecutadas por Emapa durante la gestión de Flores. El Ministerio Público ya comenzó a recolectar información sobre el proceso de contratación y la viabilidad del proyecto en el lago Titicaca.

Flores será convocado a declarar en los próximos días, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos. Las autoridades buscan determinar si hubo malversación de fondos públicos y negligencia en la ejecución de proyectos estatales. Este caso pone nuevamente en el centro del debate la transparencia en la administración de empresas públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.

La Alcaldía de La Paz enfrenta serias dificultades para mantener sus servicios básicos debido a la escasez de combustible que afecta al país. Según el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, apenas 10 de los 40 camiones recolectores de basura logran abastecerse cada día, lo que ha obligado a implementar un plan de contingencia y reducir la frecuencia del servicio. La limpieza de plazas y espacios públicos también se ha visto afectada, ya que se prioriza el recojo de residuos domiciliarios.

La situación se agrava con el impacto en el transporte municipal. De los más de 210 buses PumaKatari y Chikititi que conforman la flota de La Paz Bus, solo 25 logran cargar combustible diariamente, cuando lo ideal sería al menos 45. Franco Soliz, responsable del servicio, explicó que aunque la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha brindado atención, la demanda supera la oferta disponible. “El combustible se acaba antes de que podamos abastecer a todos los vehículos”, lamentó.

Ante este panorama, las autoridades municipales esperan una pronta respuesta de la ANH y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para normalizar el suministro. Mientras tanto, los ciudadanos deben adaptarse a una reducción temporal en los servicios de limpieza y transporte. La crisis energética, que se ha intensificado en las últimas semanas, pone en evidencia la urgencia de soluciones estructurales para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia oficializó los resultados de la segunda vuelta presidencial, confirmando la victoria de Rodrigo Paz Pereira con el 54,96% de los votos. Su fórmula junto a Lara superó por más de 600 mil sufragios a la Alianza Libre, liderada por Jorge Quiroga, que obtuvo el 45,04%. Esta diferencia consolida el respaldo ciudadano a una nueva etapa política, marcada por el fin de dos décadas de predominio de la izquierda.

El proceso de escrutinio se desarrolló sin contratiempos ni actas impugnadas, incluyendo la votación en el exterior. La participación ciudadana fue alta, con más del 94% de votos válidos. El departamento de La Paz, último en cerrar su conteo, mostró un apoyo contundente al binomio ganador, con más del 66% de los votos. Este resultado refuerza la legitimidad del nuevo gobierno, que deberá enfrentar desafíos económicos y sociales desde el primer día.

La transparencia del proceso electoral ha sido destacada por observadores nacionales e internacionales. El Sistema de Resultados Preliminares ya había anticipado la tendencia desde la noche del domingo, y el cómputo final ratificó la voluntad popular. Con este respaldo, Rodrigo Paz se prepara para asumir el mando con una agenda centrada en la reactivación económica, la institucionalidad democrática y la apertura internacional de Bolivia.

Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia con una promesa clara: transformar el modelo económico y devolverle protagonismo a la ciudadanía. Tras ganar el primer balotaje de la historia democrática del país, Paz insiste en que su enfoque no responde a etiquetas ideológicas tradicionales. “No se trata de izquierda o derecha, sino de sentido común”, afirma. Su visión apunta a una economía que empodere a los bolivianos, con menos burocracia estatal y más oportunidades para emprender y crecer.

La crisis energética que enfrenta Bolivia será uno de los primeros desafíos de su gestión. Con reservas de combustible en mínimos históricos y escasez de divisas para importar, Paz ha iniciado negociaciones con países vecinos para garantizar el suministro. Su estrategia incluye pagos diferidos y medidas para recuperar la confianza internacional. “Si damos seguridad jurídica, la inversión llegará”, asegura, subrayando que Bolivia debe dejar de depender de recursos que ya no están y comenzar a construir un modelo productivo propio.

En temas sociales y de seguridad, Paz se muestra firme pero pragmático. Reconoce la necesidad de reformar el sistema judicial para que proteja a las víctimas y no se preste a la corrupción. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, promete cooperación plena con organismos internacionales y países fronterizos. Además, destaca el papel de los jóvenes en su campaña y apuesta por una meritocracia real en su gabinete. “Lo importante no es el género, sino la capacidad”, concluye, marcando el inicio de una nueva etapa política en Bolivia.

Brenda Lafuente denunció este miércoles que el presidente saliente, Luis Arce, se rehúsa a someterse a la prueba de ADN que confirmaría su paternidad y solicitó a los mandatarios electos, Rodrigo Paz y Edmand Lara, que garanticen que el caso no quede en la impunidad.

La exfuncionaria de la AJAM acudió a la Casa Grande del Pueblo para notificar formalmente al mandatario y exigir que cumpla con sus obligaciones de asistencia familiar, en el marco de un proceso iniciado en septiembre por el delito de abandono de mujer embarazada.

Según Lafuente, Arce no se presentó en dos ocasiones a las reprogramaciones para realizar la prueba y, en una tercera oportunidad, presentó un memorial negándose al estudio, respaldándose en un certificado médico que presuntamente acredita una “situación de esterilidad” que le impediría tener hijos.

En este sentido, Lafuente pidió a Paz y Lara que el caso sea atendido y que no se repita la impunidad que, según señala, se ha dado en otros procesos relacionados con los hijos de Arce.

“Me quiero dirigir, con mucho respeto, al señor Rodrigo Paz y al señor Edman Lara, son el presidente y el vicepresidente electos de Bolivia. Señores, les ruego, les suplico por favor que en este caso no se permita impunidad. Yo sé que el padre de mi hijo es la persona más poderosa del país, pero yo les pido, como madre y como mujer, que no se permita una situación de impunidad donde este señor quede ileso de los delitos que ha cometido en contra mía y en contra de su hijo que está aquí en mis brazos”, exhortó Lafuente.

La denunciante también advirtió que Arce podría estar intentando conseguir certificados médicos falsos para evadir la prueba de ADN y continuar eludiendo sus responsabilidades legales.