Un accidente ocurrido la noche del martes en la rueda de la fortuna durante la Feria de la Alasita en Santa Cruz tuvo al menos diez personas heridas. Este incidente se produjo a pesar de que usuarios en redes sociales habían mostrado días antes las malas condiciones de los juegos mecánicos. En respuesta, un concejal anunció que presentará una denuncia contra la Alcaldía cruceña.

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Un video publicado horas antes del accidente muestra que se utilizaba diurex (cinta adhesiva) en el juego mecánico. Aunque aparentemente era para sujetar las luces en uno de los soportes, las imágenes fueron difundidas por Majo, una usuaria de TikTok, quien añadió el texto “cuando tu vida vale Bs 15, (para mayor seguridad con yúrex, dicen)”. Otro video compartido por el usuario Alexsss también muestra tres barras metálicas de la rueda de la fortuna cubiertas con yúrex. Ante esta situación, Manuel Saavedra, concejal por Demócratas de Santa Cruz de la Sierra, conocido como Mamen, comunicó que denunciará a la Alcaldía por incumplimiento de deberes. “La Alcaldía no hizo su trabajo, la Dirección de Riesgo y Emergencia Municipal tiene la obligación de supervisar estas actividades. Se han visto imágenes de juegos mecánicos sin pernos, con cintas adhesivas; hay un descontrol total y falta de fiscalización del municipio”, afirmó.

El accidente ocurrió el martes por la noche, y recién el miércoles el alcalde Jhonny Fernández se pronunció: “no se dará ninguna autorización para este tipo de juegos mecánicos”. Agregó que “una cosa es la autorización, otra la verificación, y durante esos procesos pueden suceder incidentes, pero se debe investigar por qué”.
Fernández también indicó que para otorgar autorizaciones, los juegos deben contar con un seguro contra accidentes. Tras los hechos, anunció que se realizará una inspección a todos los juegos mecánicos que operan en Santa Cruz de la Sierra.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, aseguró que la denuncia penal interpuesta contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no pone en riesgo el proceso electoral en curso. Saucedo llamó a la calma y afirmó que el Órgano Judicial mantiene su compromiso de respaldar el calendario electoral, incluyendo el balotaje previsto para el 19 de octubre. “Ningún juez ha interferido en el desarrollo de las elecciones”, subrayó.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Chuquisaca acusa a los magistrados autoprorrogados de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución. Saucedo insistió en que estos exmagistrados ya no tienen legitimidad y deben ser procesados como ciudadanos comunes. Además, recordó que el TCP puede operar con los cuatro magistrados electos en 2024, citando como antecedente el funcionamiento del tribunal con un solo miembro en 2017.

Saucedo criticó duramente la resolución emitida por los autoprorrogados para extender su mandato, calificándola como una violación a la voluntad popular. “La Constitución es clara: son seis años de gestión”, afirmó. Reiteró que el proceso electoral no está en peligro y pidió no utilizar la coyuntura judicial como excusa para sembrar incertidumbre. Según el titular del TSJ, la transición democrática sigue firme y el respaldo institucional está garantizado.

Un grave accidente se registró la noche del martes en la carretera Irupana-La Paz, cuando un bus del Sindicato de Transporte Mixto 5 de Agosto se embarrancó en el sector Santa Ana, cayendo aproximadamente 40 metros. El siniestro dejó al menos 37 personas heridas, entre ellas un menor de 4 años. De los afectados, 15 fueron trasladados al hospital Arco Iris en La Paz, mientras que el resto recibió atención en el Centro de Salud Integral de Irupana.

La comunidad local reaccionó con rapidez y solidaridad: pobladores organizaron una cadena humana, utilizaron cuerdas y linternas para rescatar a los pasajeros atrapados en el vehículo siniestrado. Las autoridades municipales de Irupana activaron un protocolo de emergencia y anunciaron que se suspenden las atenciones médicas rutinarias para priorizar el tratamiento de los heridos. El personal médico se encuentra trabajando intensamente para estabilizar a los pacientes.

El accidente ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en esta vía, frecuentemente utilizada por transportistas y viajeros. Aunque aún no se han determinado las causas exactas del hecho, se espera que las investigaciones arrojen luz sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la población permanece alerta y las autoridades continúan brindando apoyo a las víctimas y sus familias.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, anunció que esta semana el abastecimiento de combustibles se reducirá hasta en un 70%, debido a la falta de divisas para pagar a los proveedores. La estatal necesita al menos $us 55 millones semanales para garantizar el suministro, pero enfrenta un “bache” que se extenderá hasta el viernes. En paralelo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso un incremento en los precios de las gasolinas premium y del diésel ULS, lo que generó largas filas en los surtidores y caos vehicular en Santa Cruz.

La situación ha encendido las alarmas en el sector productivo. Desde Anapo, los agricultores advirtieron que el desabastecimiento de diésel pone en riesgo la cosecha de 700 mil toneladas de soya y la siembra de 1,5 millones de hectáreas para la campaña de verano. Jaime Hernández, gerente de la asociación, señaló que se requiere al menos 70 millones de litros de diésel para garantizar las labores agrícolas, pero actualmente solo se cuenta con el 60% de lo necesario, lo que podría reducir el área de siembra en un 40%.

Expertos como Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, atribuyen la crisis a una política energética deficiente y a una dependencia excesiva de las importaciones. Bolivia produce apenas el 10% del diésel que consume y cerca del 40% de la gasolina, lo que la hace vulnerable ante la falta de divisas. Velásquez advirtió que este problema no se resolverá en el corto plazo y que la población debe tomar conciencia de su gravedad, especialmente en un contexto electoral.

Ante la imposibilidad de obtener una personería jurídica a tiempo, los seguidores de Evo Morales han decidido explorar alianzas con agrupaciones ciudadanas para participar en las elecciones subnacionales de marzo. El exgobernador César Cocarico reconoció que el nuevo partido ‘Evo Pueblo’ no podrá inscribirse formalmente antes de la convocatoria electoral, prevista para noviembre, y que la única vía viable será sumarse a una sigla ya registrada. “En dos meses nadie logra una personería jurídica”, afirmó.

El expresidente Morales, quien lanzó el registro de militantes de ‘Evo Pueblo’ en agosto, admitió que el proceso no tiene validez legal, aunque lo considera legítimo. A pesar de ello, sus seguidores continúan entregando carnets simbólicos y organizando reuniones internas para definir su estrategia electoral. Cocarico, que renunció al MAS por diferencias con la gestión de Luis Arce, aseguró que muchos evistas están en la misma situación: sin partido, pero con intención de competir.

La falta de una sigla nacional representa un desafío logístico y político para el bloque evista, que ahora debe socializar nuevas alianzas en cada región. Morales convocó a un ampliado con sus dirigentes para definir el camino a seguir, mientras se realizan encuestas para medir el respaldo a posibles candidaturas. El objetivo es claro: no quedar fuera del escenario electoral, aunque el vehículo político aún esté por definirse.

Los diputados Héctor Arce y Freddy López acusaron al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de encabezar una presunta organización criminal que habría operado durante casi una década. Según los legisladores, esta estructura —identificada como “Los Cocos”— se habría beneficiado de coimas, contratos irregulares y colocación de funcionarios sin formación profesional, generando un colapso técnico en la Caja Nacional de Salud (CNS), que atiende a más de tres millones de asegurados.

Durante una conferencia de prensa, Arce denunció que Huarachi habría utilizado bienes del Estado, como un avión Hércules, para fines personales, y que mantiene vínculos con empresarios favorecidos por contratos millonarios. López, por su parte, advirtió que si Huarachi es ratificado en su cargo por dos años más, la CNS podría desaparecer, como ocurrió con la Caja Ferroviaria en 1994. Ambos coincidieron en que el Congreso de la COB, que se realiza en Pando, debe evaluar con seriedad la continuidad del dirigente.

Los diputados anunciaron que presentarán pruebas formales y pidieron a las bases sindicales no permitir que el mismo grupo que, según ellos, ha destruido la institucionalidad de la COB, vuelva a tomar el control. Aclararon que sus denuncias no van dirigidas contra la organización sindical en sí, sino contra quienes la han instrumentalizado para fines personales y políticos, poniendo en riesgo la salud de millones de bolivianos.

Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Libre, comunicó oficialmente su decisión de no participar en el debate convocado por RTP, alegando compromisos previamente agendados. A raíz de esta ausencia, Edmand Lara, candidato del PDC, también anunció que no asistirá, argumentando que sin la presencia de Velasco el intercambio de propuestas pierde sentido. La doble renuncia generó sorpresa entre los organizadores y panelistas del evento, quienes esperaban una jornada de diálogo plural y transparente.

El debate, que iba a ser conducido por Jorge Luis Palenque y Ángel Careaga, contaba con un panel diverso conformado por Zulema Alanes, Jimena Antelo, María Galindo y Stasiek Czaplicki. La activista Galindo expresó su indignación ante la decisión de los candidatos, calificándola como una falta de respeto no solo hacia los medios convocantes, sino hacia la ciudadanía que exige respuestas claras antes de emitir su voto. “Nos están pidiendo el voto, pero no quieren dar explicaciones”, lamentó.

Desde RTP se cuestionó el compromiso democrático de los postulantes, señalando que la transparencia y el debate público son pilares fundamentales en cualquier proceso electoral. La ausencia de dos figuras clave en la contienda vicepresidencial deja un vacío en el espacio de discusión y plantea interrogantes sobre la disposición de los candidatos a someter sus propuestas al escrutinio ciudadano. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de reprogramar el evento o reformular su formato.

El viceministro Gustavo Torrico alertó sobre una presunta conspiración para desestabilizar el proceso electoral mediante la destitución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según Torrico, esta maniobra estaría siendo impulsada desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objetivo de impedir la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre. En caso de concretarse esta acción, el gobierno de Luis Arce no esperaría hasta el 8 de noviembre para entregar el poder, sino que activaría de inmediato una sucesión constitucional, tal como establece la ley.

La denuncia penal interpuesta por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha encendido las alarmas en el Ejecutivo. Torrico considera que esta ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia para controlar el poder judicial y deslegitimar el proceso electoral. Además, acusó a actores políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de colaborar en esta campaña, que a su juicio busca prolongar mandatos y generar un vacío institucional que permita justificar medidas excepcionales.

Torrico también criticó duramente al magistrado Saucedo por su supuesta complicidad con autoridades autoprorrogadas, y denunció un boicot sistemático contra el gobierno liderado por sectores opositores. Afirmó que, de concretarse la suspensión del TSE, se eliminaría el árbitro democrático y se abriría la puerta a prórrogas en todos los niveles de gobierno. “Nos vamos por la puerta grande”, declaró, pero advirtió que si se consuma el ataque al ente electoral, el cronograma de transición podría cambiar drásticamente.

Después de las violentas agresiones sufridas el pasado viernes, las conductoras que integran la “Línea Lila”, un proyecto de transporte impulsado por mujeres, afirmaron que mantendrán firme su iniciativa sin ceder ante ninguna amenaza. “Este trabajo va a seguir, tenemos la visión muy clara, vamos a trabajar a nivel municipal, con taxis, estábamos ampliando con trufis. Vamos a seguir, no nos vamos a doblegar ni ante ellos ni ante nadie”, expresó una integrante del grupo.

El viernes pasado, las emprendedoras inauguraron sus oficinas en la zona de Satélite, en El Alto, pero choferes de un sindicato afiliado a la Federación Andina llegaron al lugar para agredirlas y frenar el inicio de sus operaciones, alegando que no contaban con los permisos correspondientes.

Pese a estas dificultades, las mujeres reiteraron su decisión de continuar trabajando y expandir sus servicios a otras áreas.
En respuesta a los hechos, la Fiscalía detuvo a dos de los agresores; sin embargo, un juez les otorgó medidas sustitutivas durante la audiencia cautelar. Ante esto, el Ministerio Público apeló la decisión y ordenó una nueva aprehensión para los implicados.