La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvo a dos policías implicados en una banda de atracadores que operaba en Santa Cruz, quienes utilizaban armas de fuego para robar a sus víctimas, informó el Fiscal General de la Policía Boliviana, Oscar Gutiérrez.

Gutiérrez agregó que la Policía abrió una investigación interna y está preparando las bajas definitivas para estos efectivos.
“El proceso investigativo pertenece al IDIF y a la Fiscalía y en este caso en particular de la misma manera es un caso de connotación porque han sido encontrados con arma de fuego y no sería la primera ocasión y ahora se habló con el Fiscal Departamental, porque tenemos dos hechos uno del 4 de octubre y el último del pasado fin de semana, donde han participado de manera activa dos funcionarios, uno del BOL-110 y el otro de la UTOP de la ciudad de Santa Cruz, quienes están siendo sometidos al proceso inmediato, vamos a tener resultados en cuanto a la acusación en el lapso de 48 horas, de igual manera se les está iniciando los procesos en base al artículo 14 que prevé como consecuencia la sanción de baja definitiva por tener relaciones con delincuentes para beneficio propio, otros artículos que prevén esta sanción.

Uno de los policías pertenece a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), mientras que el otro trabaja en el Bol-110; ambos serán presentados ante un juez cautelar.

El Fiscal Superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo Flores, comunicó que comenzó el “Taller de Aplicación del Protocolo de Investigación en Accidentes de Tránsito”, dirigido a Fiscales Especializados y Mixtos de Provincia, con el objetivo de estandarizar procedimientos y fortalecer las capacidades investigativas frente a estos hechos.

“El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y operativas de los Fiscales de Materia, mediante la implementación y aplicación efectiva del Protocolo de Investigación en Accidentes de Tránsito, con el propósito de unificar criterios de actuación fiscal, garantizar una investigación integral, técnica y objetiva y asegurar la coordinación interinstitucional con los peritos y médicos forenses del IDIF”, explicó Fajardo.

La capacitación está enfocada en los departamentos con mayor cantidad de casos de accidentes viales, como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.
El taller se desarrolla en modalidad mixta, con sesiones virtuales del 6 al 8 de octubre y actividades presenciales los días 10 y 11 en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

Fernando Chambi, presidente de la Federación Departamental de Panificadores de La Paz, denunció un retraso de más de 45 días en la entrega de harina subvencionada por parte de Emapa, calificando esta situación como insostenible para su sector.

“El desfaz existe en la entrega de harina desde el mes de agosto se h hecho del depósito el 14 de agosto y a lo que ha incumplido la segunda quincena ya estamos a 7 de octubre, entonces el retraso son más de 45 días, esto ya es insostenible para nuestro sector, nosotros estamos subvencionando de nuestro bolsillo para toda la población, para su conocimiento ya tenemos el retraso como les dije anteriormente, 15 días y a la fecha nadie dice nada”, señaló el dirigente.

Según Chambi, La Paz tiene un adeudo de 64.059 quintales de harina subvencionada, mientras que sólo se entregaron 4.680 quintales, lo que pone en duda la capacidad de garantizar la producción del pan de batalla.
“Nos deben a La Paz 64.059 quintales, hasta la fecha nos han entregado 4.286 quintales, miren el desfaz del sector”, afirmó.

Para enfrentar esta problemática, la próxima semana se realizará un Ampliado del sector con el fin de buscar soluciones y definir posibles medidas.
“La gente y vamos a tomar la determinación de no garantizar el pan de batalla, la próxima semana no se suspende la venta solo que no se garantiza el pan de batalla”, agregó.

Habitantes de Tipuani, un área minera dedicada a la extracción de oro situada al norte de La Paz, reportaron severas inundaciones a raíz del desborde del río que lleva el mismo nombre. Se compartieron videos y fotografías que evidencian viviendas parcialmente sumergidas y calles inundadas.

El desbordamiento causó daños en la muralla de contención y el colapso de varias pozas mineras, lo que facilitó que el agua llegara a la comunidad cercana. Frente a esta emergencia, los residentes se organizaron para evacuar a las familias hacia zonas elevadas, con el propósito de prevenir riesgos asociados a deslizamientos e inundaciones mayores.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial respecto a la situación, mientras tanto los pobladores continúan solicitando ayuda urgente para proteger a los afectados y reducir los daños materiales.

La activista María Galindo confirmó la realización de un debate alternativo entre los candidatos a la Vicepresidencia, impulsado por Radio Deseo y RTP, como respuesta crítica al formato oficial promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Galindo cuestionó la falta de pluralidad en la organización de los debates y denunció que los medios tradicionales responden a intereses empresariales que distorsionan el ejercicio democrático. “No podemos permitir que el TSE nos dé gato por liebre”, afirmó.

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de El Alto y contará con la participación confirmada de Edman Lara, mientras que Juan Pablo Velasco aún no ha asegurado su asistencia. Según Jorge Palenque, gerente de RTP, el debate se realizará incluso si uno de los candidatos no se presenta, dejando su atril vacío como símbolo de ausencia. La iniciativa busca ofrecer una segunda oportunidad a los electores, luego de que el primer debate vicepresidencial dejara insatisfacción por su formato limitado.

Galindo insistió en que el objetivo no es confrontar por capricho, sino abrir espacios de comunicación más libres y representativos. Criticó que los debates oficiales estén monopolizados por redes televisivas vinculadas a grupos económicos, lo que, según ella, compromete la transparencia del proceso electoral. El evento será transmitido por Radio Deseo, RTP y diversas plataformas digitales, con la intención de llegar a una audiencia más amplia y diversa.

El analista político William Herrera lanzó duras críticas contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), al que acusó de encubrir a grupos interculturales que, según él, operan como mafias dedicadas al tráfico de tierras. Herrera señaló que los recientes avasallamientos en Santa Cruz y otras regiones del oriente boliviano no serían posibles sin el respaldo político que estos grupos reciben desde el poder central.

Herrera propuso que la Gobernación cruceña cuente con una fuerza pública propia para enfrentar la toma ilegal de terrenos, ante lo que considera una inacción deliberada del Estado. Afirmó que la falta de respuesta institucional no solo vulnera los derechos de los propietarios, sino que también pone en riesgo el desarrollo económico de la región. “Sin seguridad jurídica, no hay inversión; sin inversión, no hay crecimiento”, advirtió.

El analista también alertó sobre la presencia de estos grupos en zonas estratégicas como Montero, lo que atribuyó directamente a la protección política que reciben. “Si no tuvieran respaldo, no se atreverían a invadir terrenos con tanta impunidad”, sentenció. Para Herrera, el tráfico de tierras se ha convertido en una amenaza estructural que requiere una respuesta firme y autónoma por parte de las autoridades regionales.

Con el objetivo de frenar el avance del sarampión y asegurar el acceso al bono Juancito Pinto, el Ministerio de Salud habilitó 203 puntos de vacunación estratégicamente ubicados cerca de las entidades bancarias. Esta medida busca facilitar la inmunización de más de un millón de estudiantes, quienes deberán presentar su carnet de vacunación como requisito indispensable para cobrar el beneficio escolar de 200 bolivianos.

El viceministro Max Enríquez informó que el 80% de los casos sospechosos se concentra en menores de 19 años, lo que ha motivado una campaña intensiva de vacunación. Hasta el 7 de octubre, se registraron 2.144 casos sospechosos, de los cuales 385 fueron confirmados. Ante esta situación, los ministerios de Salud, Educación y Economía decidieron exigir el carnet de vacunación como parte del proceso de cobro, con el fin de aumentar la cobertura que actualmente no supera el 45%.

Para los padres que enfrentan problemas con el registro digital de la vacuna, se ha dispuesto un procedimiento de verificación en los centros de salud donde se aplicó la dosis. Además, brigadas móviles estarán disponibles cerca de los bancos para atender casos pendientes y actualizar la información en el sistema. “Queremos que ningún niño se quede sin su bono por falta de registro”, aseguró Enríquez.