El presidente Luis Arce anunció que no asistirá al acto de transmisión de mando presidencial programado para el 8 de noviembre en La Paz. En declaraciones a la agencia EFE, afirmó que su presencia “no es necesaria” para que el proceso se lleve a cabo, aunque aseguró que la transición hacia el nuevo gobierno se realizará con total transparencia. El mandatario saliente cederá el cargo al presidente electo Rodrigo Paz Pereira, quien ganó la segunda vuelta el pasado 19 de octubre.

La decisión de Arce marca un precedente similar al de noviembre de 2020, cuando la entonces presidenta Jeanine Añez tampoco participó en la entrega del bastón presidencial. A pesar de su ausencia, el Gobierno y el equipo de Rodrigo Paz ya han conformado dos comisiones encargadas de coordinar los detalles de la transición. Estas instancias buscan garantizar una entrega de mando institucional y sin contratiempos.

El acto oficial se celebrará en la ciudad de La Paz, descartando la propuesta de realizarlo en Sucre como parte de las actividades conmemorativas del Bicentenario. La determinación ha generado críticas por parte del Comité Cívico de Chuquisaca, que esperaba que la capital constitucional fuera sede del evento. Mientras tanto, el nuevo Ejecutivo se prepara para asumir funciones en medio de expectativas por los desafíos económicos y políticos que enfrentará el país.

El presidente Luis Arce lanzó duras críticas contra el exmandatario Evo Morales, a quien acusó de preparar una estrategia para debilitar al presidente electo Rodrigo Paz. Según Arce, Morales ve en Paz un “blanco fácil” para presionar por impunidad en los procesos judiciales que enfrenta y así allanar su camino hacia una nueva candidatura. El mandatario saliente también confirmó que no asistirá al acto de transmisión de mando, aunque aseguró una transición transparente.

Arce sostuvo que Morales fue el principal actor de la desestabilización durante su gestión, al promover bloqueos y alianzas parlamentarias con la oposición. Afirmó que el exlíder del MAS intentó acortar su mandato desde el inicio y que ahora busca influir en el nuevo gobierno para borrar sus antecedentes judiciales. La Fiscalía de Tarija presentó recientemente una acusación formal contra Morales por trata y tráfico de personas, pero la orden de aprehensión sigue sin ejecutarse.

En cuanto a su legado, Arce destacó avances en proyectos energéticos y de industrialización, como las plantas de biodiésel y los contratos de litio con empresas extranjeras. Sin embargo, reconoció que el país enfrenta una crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles. También pidió que el nuevo Parlamento apruebe los acuerdos internacionales y mantenga la estructura del Estado Plurinacional, aunque sugirió reformas como eliminar la elección de magistrados por voto popular.

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) entra en su etapa final y concluirá el 30 de noviembre. Las autoridades exhortan a los conductores a no dejar el trámite para último momento, ya que se prevén largas filas y operativos de control desde el 1 de noviembre. La revisión es obligatoria y busca garantizar que todos los vehículos circulen en condiciones óptimas de seguridad.

En Santa Cruz, se han habilitado 25 puntos fijos de inspección y cinco móviles que recorren provincias para facilitar el acceso. Los conductores que no cumplan con la ITV antes de la fecha límite deberán pagar una multa de Bs 100, además del costo de la roseta: Bs 30 para vehículos particulares y Bs 20 para públicos. Si son detectados en operativos posteriores, el monto total asciende a Bs 130 y Bs 120 respectivamente.

Durante la inspección se verifica el estado de frenos, luces, neumáticos, dirección, además de contar con extintor y botiquín médico. Para realizar el trámite, se requiere presentar el RUAT, cédula de identidad, licencia de conducir, comprobante de pago y la presencia física del vehículo. El pago puede efectuarse en más de una docena de entidades financieras habilitadas en todo el país.

La organización Cuidemos el Voto presentó su informe preliminar sobre el balotaje del 19 de octubre, en el que concluye que no se detectaron irregularidades significativas en el proceso electoral. Según el documento, el conteo rápido realizado por la red ciudadana coincide con los resultados oficiales del Sirepre del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dentro de un margen de error aceptable. Esta coincidencia respalda la legitimidad de la victoria de Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El informe también responde a las denuncias de la Alianza Libre, liderada por Jorge Quiroga, que ha cuestionado la transparencia del proceso y exigido acceso a las actas. Cuidemos el Voto señala que ambos frentes políticos tuvieron acceso a la documentación electoral y que los reportes de incidentes fueron mínimos. De los 160 casos registrados, solo cuatro fueron verificados como intentos de manipulación, sin impacto en el resultado final. La organización destaca que las denuncias representan menos del 0,5% de las mesas habilitadas.

A pesar de que los partidos no autorizaron delegados ciudadanos en esta segunda vuelta, Cuidemos el Voto logró mantener el control electoral mediante una red de voluntarios y el uso de tecnología para recopilar actas y reportes en tiempo real. Con más de 5.000 reportes enviados desde todo el país, la organización reafirma que el proceso fue transparente y que la participación ciudadana fue clave para garantizar la credibilidad del resultado.

El economista Jaime Dunn alertó que Bolivia se encuentra en una encrucijada fiscal que exige decisiones firmes por parte del nuevo Gobierno. Según el analista, el país no puede seguir postergando un ajuste económico profundo, que aunque doloroso, es indispensable para evitar un colapso financiero. Dunn subrayó que el dilema no es si se hará el ajuste, sino cómo se lo ejecutará: de forma planificada o caótica.

Durante una entrevista en el programa La Tarde en Directo de ERBOL, Dunn explicó que las reformas necesarias incluyen cambios en la política cambiaria, ajustes fiscales y la eliminación progresiva de subsidios. Estas medidas, aunque impopulares, son esenciales para recuperar la sostenibilidad macroeconómica. Criticó que los candidatos evitaran discutir estos temas en campaña, pero reconoció que el nuevo gobierno ha dado señales de acción, como asegurar el suministro de combustible tras la transición presidencial.

Dunn también advirtió sobre los efectos inmediatos de una política económica contractiva, como la desaceleración del crecimiento y el riesgo de inflación si se produce una devaluación sin respaldo suficiente. En ese contexto, destacó la importancia de contar con reservas internacionales sólidas para mantener la confianza en el sistema. Finalmente, contrastó su visión liberal de un Estado mínimo con el enfoque del PDC, que propone una descentralización con planificación estatal.

Dionisio Castro, coordinador del Comité de Operaciones Departamental (COED), informó que actualmente hay nueve municipios con declaratoria de desastre vigente por incendios forestales y sequía. Estos municipios son San Ignacio de Velasco, Ascensión de Guarayos, San Antonio de Lomerío, Lagunillas, Puerto Suárez, Kereimba Iyambae, Moro Moro, Charagua Iyambae y Santa Rosa del Sara.

Este martes se redujo a siete el número de incendios activos, cuando el lunes se contabilizaban nueve. Según el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif), los incendios activos están en cuatro municipios: San Ignacio de Velasco (3), Concepción (2), Urubichá (1), y Puerto Suárez (1). Actualmente, dos incendios están en combate, tres en observación y dos en monitoreo.

Hasta ahora, la superficie afectada alcanza 229.860 hectáreas, principalmente en San Ignacio, San Matías y Concepción. Además, a través de la Comisión de Biodiversidad se tiene registrado un total de 233 especies vivas, 12 muertas y 35 atendidas.
En cuanto a la asistencia humanitaria, el COED ha entregado más de 32,76 toneladas de ayuda, combinando recursos propios (21,3 toneladas) y donaciones (11,46 toneladas).

La irregular entrega de harina subvencionada por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) genera preocupación entre los panificadores de El Alto, que advirtieron que el precio del pan podría subir a 1,40 bolivianos por unidad si la situación no se resuelve pronto.

Juan de Dios Castillo, ejecutivo de la Federación de Panificadores Artesanos de El Alto, señaló que la escasez de harina está afectando la producción diaria. Según Castillo, el sector adeuda 80 mil quintales de harina correspondientes al mes de septiembre, además de otros insumos comprometidos.

Castillo informó que este jueves a las 11:00 se realizará una reunión de emergencia para analizar el problema y definir la fecha del ampliado general, donde se decidirán las acciones concretas del gremio.

Los panificadores destacaron que el suministro constante de harina subvencionada es clave para mantener estable el precio del pan de batalla, un alimento básico para muchas familias. De no cumplirse con las entregas, no descartan aplicar un aumento como medida de emergencia.

El equipo del presidente electo Rodrigo Paz afirmó que garantizará el abastecimiento de gasolina y diésel desde el 8 de noviembre. Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, considera factible comprar el combustible al “fiado” porque la población no tolera 30 días más de desabastecimiento y filas. Según dijo a Visión 360, “lo primero que espera la población el 9 de noviembre es que el mercado esté abastecido. Eso es vital. Luego, más adelante, el Gobierno electo deberá resolver el tipo de cambio. Es razonable que se pueda comprar gasolina y diésel, fiado, te compro ahora y te pago después”.

Ríos advirtió que, si continúa el desabastecimiento y las filas por 30 días, el nuevo Gobierno enfrentará graves problemas. “Ellos seguro han tomado el problema en serio y están viendo pagos diferidos, compro ahora y te pago después con alguna garantía que seguro están mecanizando. La población está desesperada, no aguanta más”, alertó. Además, explicó que el país seguirá parcialmente desabastecido hasta el cambio de Gobierno, causando daño económico y angustia, porque muchos conductores no pueden movilizarse ni llegar a sus casas, situación que calificó de desastre generado por el MAS.

El exministro señaló que el equipo gubernamental entrante debería coordinar con los ejecutivos de YPFB para conocer el stock y ubicación del combustible disponible, a fin de normalizar el suministro a partir del 9 de noviembre, especialmente en zonas alejadas donde falta Gas Licuado de Petróleo (GLP) o llega con poca frecuencia.

Finalmente, criticó la irresponsabilidad del gobierno de Luis Arce por no haber previsto la crisis hace más de tres años, cuando se les advirtió sobre el riesgo del desabastecimiento por la falta de dólares. Según Ríos, se negaron los primeros indicios, culpando a factores externos como bloqueos o sobredemanda, mientras el verdadero problema es la falta de divisas. Indicó que YPFB no dispone de dólares y que el Banco Central ha tenido que vender oro por adelantado.

Por su parte, Gabriel Espinoza, jefe del equipo económico del PDC, explicó que la provisión se garantizará mediante acuerdos de ventas anticipadas con pagos diferidos, lo cual aliviará el flujo económico en importaciones por un monto estimado en 750 millones de dólares. “No se pagará todo el combustible contratado en los primeros tres a seis meses de una sola vez; hay un proceso de pago en cuotas. Eso es lo que aliviará el flujo, porque el gran problema actual es que hay más gastos que ingresos y se está tratando de ordenar”, concluyó.

El Ministerio Público de Tarija presentó una acusación formal contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma y otra persona en un caso por presunta trata de personas agravada. La fiscal departamental Sandra Gutiérrez informó que esta decisión se tomó tras revisar los elementos recolectados en la investigación que comenzó en septiembre de 2024. «Luego de analizar más de 18 cuerpos de prueba, se ha presentado la acusación formal contra Juan Evo Morales y la señora Idelsa Pozo», indicó en conferencia de prensa.

El proceso se originó a partir de una denuncia sobre una supuesta relación entre Morales y una adolescente en 2015, cuando aún era presidente del Estado. Según la investigación, de esa relación habría nacido una niña.

La Fiscalía considera que existen indicios suficientes para sostener la acusación, y también incluyó a Idelsa Pozo, madre de la presunta víctima. Gutiérrez explicó que ahora corresponde al juez remitir el expediente al tribunal competente para fijar fecha para el juicio. Además, recordó que Morales fue declarado en rebeldía en enero de 2025 y tiene una orden de aprehensión vigente.