Antonio Talamas, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, felicitó al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara, resaltando la confianza depositada por el pueblo boliviano y el rol del Tribunal Supremo Electoral en el desarrollo del proceso electoral.
El líder departamental expresó la disposición de la Asamblea para coordinar con el nuevo gobierno nacional. “Estamos abiertos a trabajar de manera conjunta y a buscar soluciones para los problemas que enfrentan los ciudadanos en las 15 provincias de Santa Cruz y en todo el país”, afirmó.
Con el objetivo de mejorar la atención en la Seguridad Social de Corto Plazo (SSCP), la directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), Dra. Melisa Viviana Bress Virgos, presentó este miércoles dos normativas junto con el Sistema Informático de Monitorización de Abastecimiento de Medicamentos (SISFAR-ASUSS).
El primero fue el Manual Técnico para la Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) en la SSCP, que busca establecer lineamientos para la vigilancia epidemiológica y control de dichas infecciones, con especial foco en establecimientos de segundo y tercer nivel, según explicó la Dra. Tania Vacaflores, responsable de Epidemiología y Bioestadística de la ASUSS.
El segundo documento es el Reglamento para el Comité Nacional, Departamental y de Establecimiento de Salud encargado de la Vigilancia y Reducción de la Mortalidad Materna, Perinatal y Neonatal en la SSCP, el cual define las directrices para la organización y funcionamiento de estos comités, promoviendo la coordinación entre distintos niveles de gestión y atención, a cargo de la Dra. Mabel Consuelo Huanca Ángelo, jefa de la Unidad de Fiscalización y Auditoría Médica.
El SISFAR-ASUSS fue presentado por el Dr. Renton Ticona, Jefe de Unidad y Acreditación de Servicios de Salud de la ASUSS, quien indicó que este sistema cumple con recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La directora de la ASUSS destacó que la presentación de estas normativas es fruto del trabajo colaborativo entre las unidades internas y los diferentes entes gestores de salud, a quienes reconoció como coautores y validadores del proceso normativo. “Estamos orgullosos de decir que como subsistema de la seguridad social hemos avanzado a pasos gigantescos”, afirmó Bress.
Desde el segundo semestre de 2023, la ASUSS emitió 46 normativas relacionadas con la SSCP y tiene otras 16 en proceso, sumando un total de 62 normativas en dos años y medio, además de las 23 emitidas en 2021-2022.
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“Este es un logro conjunto y una herramienta para la mejora continua; de nada sirve que estén en papel si no las aplicamos”, añadió la máxima autoridad de la ASUSS.
Por su parte, la asesora de la OPS en Bolivia, Dra. Cecilia Rose, resaltó el papel regulador y supervisor de la ASUSS en el sistema de salud boliviano y el trabajo conjunto para fortalecer los sistemas de información en salud, garantizando calidad y transparencia en la Seguridad Social de Corto Plazo. “La OPS ratifica su apoyo y cooperación técnica para alinear las políticas públicas de la ASUSS con las recomendaciones regionales y así mejorar la salud pública en Bolivia”, concluyó.
El Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que Bolivia todavía está en proceso de combate contra los incendios y ha empezado a enfrentar heladas, granizadas y lluvias en diferentes regiones del país.
En su reporte entregado a los medios, señaló que se han detectado 977 focos de calor a nivel nacional, con 530 en Santa Cruz y 320 en Beni. Aunque la cifra actual es menor que en 2024, cuando se registraron 428,946 focos, hasta octubre de este año se contabilizan 93,653, reflejando una reducción significativa.
El Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos (CCREA) ha atendido 167 incendios forestales y desplegado a 247 bomberos especializados. Además, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Tarija han sufrido heladas y granizadas, con Tarija declarada en situación de desastre departamental y Potosí en emergencia departamental.
En cuanto a las lluvias, La Paz y Potosí han sido las regiones más afectadas, con la lamentable muerte de una niña de diez años que fue arrastrada por las aguas del río Sarcuri mientras regresaba de la escuela a su casa.
El Viceministro detalló la situación en cada departamento y municipio, y destacó los esfuerzos en curso para controlar los incendios y apoyar a las familias damnificadas.
El Viceministro de Defensa Civil señaló que la situación en el municipio de Tipuani, afectado por recientes inundaciones, corresponde a un problema estructural que supera las capacidades de respuesta ante emergencias. “No es un tema de simple emergencia o desastre, es un problema estructural que requiere un análisis minucioso y medidas estructurales, debido a la presencia de actividad minera”, remarcó.
Indicó que el Ministerio de Minería está organizando una reunión interinstitucional con actores sociales, en la que participarán autoridades nacionales, departamentales y municipales, para evaluar los daños y definir las acciones a emprender.
Las inundaciones en Tipuani ocasionaron graves perjuicios a viviendas, comercios y servicios básicos, afectando a numerosas familias que perdieron sus bienes y medios de vida.
El Viceministro enfatizó que este problema es común también en otros municipios próximos a zonas mineras que enfrentan situaciones similares.
La reunión interinstitucional tiene como objetivo encontrar soluciones estructurales que mitiguen los efectos de las inundaciones y prevengan futuros desastres.
Finalmente, hizo un llamado a la cooperación y coordinación de todas las partes implicadas para afrontar este complejo desafío.
María Luisa Herrera, Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, participó en la Sesión Técnica titulada “Prevención de Actividades Ilícitas Ambientales: el Papel de las Comunidades Tradicionales, el Uso de Nuevas Tecnologías y el Rol de las Instituciones Financieras”, realizada en Belem do Pará, Brasil, donde propuso la creación de una Red de Fiscalías Ambientales (RFA) para fortalecer la lucha contra estos delitos.
“Desde el Ministerio Público de Bolivia, liderado por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, consideramos que la lucha contra los delitos ambientales debe ser asumida como una obligación ética, jurídica y cultural, alineada a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y mandata su defensa como un deber estatal e institucional”, afirmó Herrera durante su intervención.
La sesión formó parte del evento internacional Heads of Prosecution Services Side Event for COP30 de las Naciones Unidas, donde Bolivia propuso la creación de la RFA, una plataforma de cooperación regional que busca fortalecer la articulación entre fiscalías, pueblos indígenas, organismos ambientales y entidades financieras. Esta iniciativa pretende integrar mecanismos como alertas comunitarias, monitoreo satelital y trazabilidad financiera para ofrecer un modelo de investigación y prevención más efectivo frente a la criminalidad ambiental transnacional.
También se presentaron los avances tecnológicos impulsados por el Ministerio Público con el Ecosistema ROMA, una plataforma digital integral para el seguimiento de causas penales, que está siendo adaptada para abordar delitos ambientales como minería ilegal, tráfico de madera y contaminación de fuentes hídricas, mediante herramientas como la interoperabilidad con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de Ministerios Públicos de América Latina y otros países invitados como Brasil, Chile, China, Colombia y Uruguay, quienes compartieron experiencias sobre el manejo jurídico y técnico de los delitos ambientales y debatieron los retos globales de la justicia penal frente a estos crímenes, buscando promover alianzas estratégicas para proteger los ecosistemas y las comunidades más vulnerables.
En el contexto del proceso de transición de gobierno, el Viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, subrayó la relevancia de completar el plan de crisis climática desarrollado por su viceministerio durante esta gestión.
“Hay un plan general del cual sí se puede rescatar muchísimas cosas”, indicó Calvimontes, resaltando la necesidad de una labor conjunta e interinstitucional para enfrentar los retos climáticos que atraviesa el país.
El viceministro señaló que la crisis climática es un fenómeno global que afecta a todas las naciones, incluyendo a Bolivia, y que por ello es esencial finalizar el plan actual y modificar la Ley 602, que regula las acciones de Defensa Civil, con el fin de mejorar la rapidez en la respuesta a emergencias y desastres.
“Lo que el futuro gobierno tiene que hacer es concluir todo el plan que se tiene y seguramente van a tener tiempo también para elaborar su próximo plan para la siguiente gestión”, afirmó Calvimontes. Además, enfatizó la importancia de cumplir con los pagos pendientes a proveedores y de adquirir insumos necesarios para emergencias.
Finalmente, Calvimontes resaltó la necesidad de un trabajo coordinado para enfrentar los desafíos climáticos y asegurar una atención eficaz en situaciones de emergencia en el país.
Rodrigo Antonio, legislador electo por la alianza Libre, informó este miércoles que un equipo técnico de su organización política comenzó la revisión de las actas del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del balotaje, luego de obtener autorización de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La noche anterior, la Sala Plena del TSE aceptó la solicitud de la alianza Libre para acceder a las actas del Sirepre, motivada por denuncias de presuntas irregularidades. El TSE pidió que se acreditara un equipo técnico para que, a las 14:00 de este miércoles, pudiera ingresar a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación, situada en la avenida Arce N° 2985, zona San Jorge.
Antonio explicó que aún no se define la duración de la revisión, ya que su equipo técnico evalúa si utilizará sus propios equipos para realizar el trabajo.
El legislador electo remarcó que en la alianza y en la ciudadanía existen “diversas observaciones” que han generado ciertas sospechas.
“Nosotros sólo estamos haciendo un proceso de verificación de todas esas posibles irregularidades y observaciones que se han hecho, simplemente para constatar las mismas”, declaró Antonio.
Por otro lado, el TSE aclaró a Libre que solo se podrá acceder a las hojas de trabajo de las mesas electorales que tengan denuncias de irregularidades, dado que ese material está bajo custodia en los tribunales electorales departamentales.
Antonio señaló que la alianza aún analiza esta respuesta para luego definir su postura.
El presidente Luis Arce afirmó que, una vez finalizado su mandato, regresará a la docencia universitaria y permanecerá en Bolivia para hacer frente a las acusaciones y “calumnias” dirigidas a él y a su familia.
En una entrevista con la cadena internacional RT, el mandatario indicó que retomará sus clases en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) el 9 de noviembre, un día después de entregar el mando a Rodrigo Paz, manteniendo así su actividad académica durante su gestión.
Arce señaló que permanecerá en el país por razones familiares y para asumir la defensa en los procesos judiciales que se deriven de ciertas denuncias.
También mencionó las acusaciones contra su hijo mayor, Luis Marcelo Arce Mosqueira, realizadas por el diputado Héctor Arce, del bloque de Evo Morales, quien lo acusó de actuar como intermediario entre el Estado y empresas ligadas a proyectos de litio sin ocupar un cargo público, basándose en una grabación difundida recientemente.
“Pensamos que esas acusaciones deben investigarse en las instancias que correspondan. Nosotros nunca hemos metido las manos en la Justicia; que siga su curso normal y legal”, declaró el presidente a la agencia EFE.
Además, aclaró que una vez se compruebe la falsedad de las denuncias, su familia ejercerá el derecho a iniciar acciones legales: “Se ha manchado nuestra imagen y nuestro apellido, y corresponde actuar conforme a la ley”.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició el martes la descarga de una cantidad superior a 50 millones de litros de gasolina en la terminal de Sica Sica, ubicada en Arica.
“A pesar de las dificultades económicas que enfrenta el país, iniciamos la descarga de más de 50 millones de litros de gasolina en la terminal de Sica Sica, Chile. Nuestro propósito es atender de manera urgente la demanda de la población”, comunicó la empresa estatal a través de sus redes sociales.
El combustible es transferido en camiones cisterna desde la terminal de Sica Sica hacia la planta de Senkata, en El Alto, desde donde se realiza la distribución a otros departamentos.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, declaró este martes que en los próximos días se espera la llegada de aproximadamente 96 millones de litros de diésel.
La escasez de combustible se ha intensificado en las últimas semanas en todo el territorio nacional. El 7 de octubre, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, explicó que debido a la falta de divisas para pagar los carburantes, la distribución sólo podría cubrir entre el 70 y 80% de la demanda habitual. Aunque anunció que la situación se normalizaría en pocos días, esto aún no se ha logrado.
Sin embargo, este martes Dorgathen informó que la oferta de gasolina aumentó al 120%, lo que anticipa una reducción gradual de las filas en las estaciones de servicio.
El máximo representante de YPFB no había hecho declaraciones públicas desde que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra el 9 de octubre, relacionada con un caso de contrabando agravado de exportación de combustible y un presunto perjuicio económico al Estado de más de 14 millones de dólares. Recientemente, esta orden fue anulada.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó que no podrá proporcionar a la alianza Libre las copias de las hojas de trabajo empleadas para el conteo de votos en el balotaje, principalmente porque estos documentos no forman parte del material electoral oficial.
Este martes, la alianza Libre remitió dos solicitudes al TSE para pedir la publicación y entrega de 34,026 actas electorales registradas en el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y de las hojas de trabajo usadas por los jurados durante el conteo.
“El pedido de entrega de copias de las hojas de trabajo no puede ser complacido. Así se informó a la organización política, aclarando que solo en casos muy específicos sería posible hacerlo”, indicó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, al leer un comunicado del organismo.
El TSE ofreció tres motivos por los cuales no se entregarán las copias: las hojas están bajo custodia de tribunales electorales departamentales y no están digitalizadas; no forman parte del material electoral según la ley; y las actas electorales son el único documento oficial reconocido en el proceso.
Sobre la solicitud de Libre para obtener acceso a las actas de cómputo utilizadas en el Sirepre, el TSE respondió que la petición fue atendida de inmediato.
Luego de que se conocieron los resultados del Sirepre la noche del domingo, los cuales daban ganador a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sobre Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, simpatizantes de esta última realizaron protestas y cuestionaron los datos.
Al leer el pronunciamiento, Hassenteufel recordó que Libre acreditó delegados en la mayoría de las mesas de votación a nivel nacional y que no se presentaron impugnaciones ni reclamos durante la jornada.
“Pero parecería que dichos delegados no cumplieron con sus funciones o que reconocieron tácitamente que todo estaba en orden, porque no existe ninguna observación o impugnación en las mesas de escrutinio y cómputo del país ni en el extranjero”, añadió.
Además, el TSE exhortó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a respetar los resultados del balotaje y destacó que las misiones de observación nacionales e internacionales evaluaron el proceso de manera positiva.
Recordó también el acuerdo firmado en el Cuarto Encuentro por la Democracia, organizado por el TSE, en el que ambos candidatos se comprometieron a respetar los resultados de la segunda vuelta “como muestra de respeto al voto del pueblo soberano”.
