Pueblos indígenas, comunidades campesinas, naciones originarias y organizaciones presentaron este martes un manifiesto con más de 30 demandas relacionadas con tierra, territorio y medio ambiente, dirigido a los candidatos que competirán en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. “¡Nuestra madre tierra no está en venta!”, declararon al cierre del Foro por la Tierra-Territorio y Medio Ambiente, realizado durante dos días en Santa Cruz.

El documento, titulado «Compromiso de todos en defensa de la vida,» surge luego de profundas reflexiones y análisis sobre la situación de tierras colectivas y la crisis ambiental en Bolivia. Las organizaciones advirtieron que no aceptarán retrocesos ni promesas vacías, enfatizando que “el respeto a la Constitución, la defensa del territorio colectivo y el fortalecimiento del Estado Plurinacional no son negociables”.

Los candidatos Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (PDC) fueron invitados a escuchar estas demandas, pero ninguno asistió. Solo Santiago Terceros, vocero departamental del PDC, recibió el manifiesto en representación de Rodrigo Paz.
Lucio Ayala, presidente del Territorio Multiétnico II (TIM II), destacó el trabajo conjunto de representantes indígenas y académicos de regiones altas y bajas, lamentando la poca atención dada por los candidatos a este sector: “Lamentablemente, habíamos invitado con anticipación a los candidatos, pero vemos que nos dan poca importancia a este sector”.

Uno de los puntos clave del manifiesto es el rechazo a propuestas de individualización de territorios colectivos durante la campaña electoral. “Rechazamos las intenciones de los candidatos políticos que quieren hacerse de la silla presidencial, haciendo de los territorios un sujeto de campaña, pretendiendo individualizarlo para convertirlo en mercancía de venta”, asegura el documento. Para los pueblos originarios, el territorio es su “Casa Grande”, un espacio vital que representa su presente y futuro.

Las demandas se agrupan en dos grandes áreas: Tierra-Territorio y Medio Ambiente. En lo territorial, urge la titulación colectiva de territorios indígenas pendientes, una auditoría al INRA y la ABT por irregularidades en la distribución de tierras desde 2014, y la defensa de los territorios frente a avasallamientos ilegales y actividades extractivas impulsadas por intereses personales. También piden el fortalecimiento de sistemas de vida, producción, alimentación y medicina tradicional con políticas públicas sin intermediarios.

En materia ambiental, exigen prohibir semillas transgénicas y tecnologías modificadas, así como rechazan la minería en territorios indígenas y áreas protegidas debido a sus impactos negativos. Solicitan una nueva Ley de Aguas con enfoque de derechos indígenas, protección de zonas hídricas y rechazan proyectos extractivos que dañen estos ecosistemas.

Entre las demandas urgentes está la abrogación de normas “incendiarias”, el cumplimiento de resoluciones agroambientales, la implementación de una estrategia nacional de agroecología, la creación de bancos de semillas nativas y el rechazo a los bonos de carbono, considerados una mercantilización de la naturaleza que afecta la soberanía territorial.

También manifiestan su rechazo al uso y comercio de mercurio y a la explotación de minerales críticos por sus daños en la salud y medios de vida de las comunidades afectadas, demandando atención y resarcimiento.
Las organizaciones se declararon en alerta y activaron mecanismos de monitoreo territorial para proteger sus tierras, advirtiendo que “la defensa de las tierras colectivas la haremos en y desde los territorios”. Denuncian que, pese a tener derechos titulados, el Estado “nos arrebata y despoja… otorgando derechos a terceros y permisos al extractivismo”.
Reivindican la independencia de sus estructuras y exigen diálogo transparente, rechazando la cooptación y la intermediación sin consulta a las bases. El manifiesto enfatiza que “el Estado Plurinacional y la Constitución Política del Estado no son dádivas, son conquistas históricas”.

El mensaje final a los candidatos es claro: “Quien aspire a gobernar Bolivia debe escuchar con seriedad y responder con hechos. Aquí se juega el futuro de los pueblos y de Bolivia entera”. El documento será entregado formalmente a los candidatos, legisladores y a la opinión pública como una agenda irrenunciable para el próximo gobierno, afirmando que “nuestra voz no será silenciada: defendemos el presente y el futuro de nuestra casa común y de la vida en el país”.

La Cámara de Senadores decidió no conceder la licencia solicitada por el legislador y candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, quien pidió el permiso argumentando que quería “socializar” la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra.

Durante la sesión, el titular de la Cámara, Andrónico Rodríguez, preguntó: “Senadores y senadores que estén de acuerdo con la solicitud del senador, sírvanse levantar la mano”, pero el secretario anunció que “no existe apoyo, hermano presidente, queda rechazado”. Paz es candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En la Asamblea Legislativa Plurinacional cuestionaron que, en lugar de renunciar a su curul, siga activo como senador y candidato al mismo tiempo. El legislador oficialista Luis Adolfo Flores señaló que “hemos rechazado como cinco o seis licencias, definitivamente se va a descontar, se ha pedido auditoría de los cinco años gestión de los que han pedido licencia, tendrán que devolver en promedio 3.000 bolivianos por sesión, hay personas que han pedido hasta 50% de licencia”.

Paz está en medio de la campaña para la segunda vuelta electoral, donde competirá contra la alianza de Alianza Libre. Flores también criticó la conducta de los legisladores durante la primera vuelta, mencionando que “hubo candidatos que han estado dos meses ausentes por encuentros con Bartolinas, con sectores sociales, por la socialización de leyes, mentira, estaban haciendo campaña, qué honestidad pues hay en los candidatos”.

La Confederación de Gremiales de Bolivia exigió el cierre definitivo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y la sanción penal contra su exgerente Franklin Flores, en el marco del escándalo por un «excedente injustificado» de 209 mil bolivianos detectado en sus cuentas. Desde Sucre, el dirigente César Gonzales calificó a la empresa estatal como “un instrumento que distorsiona los precios de alimentos en el mercado y donde la corrupción es sistemática”. Según Gonzales, “EMAPA siempre ha sido una competencia desleal, había irregularidades desde todo punto de vista con esa institución”.

El representante gremial relacionó la detención de Flores con la compra de harina y destacó supuestas “prácticas anticompetitivas recurrentes de la empresa estatal contra los gremiales”. Expresó también que “es importante que el gobierno que ingrese cierre este tipo de empresas porque si bien hay que controlar, hay que fiscalizar a empresas que son privadas hasta ahí se puede llegar, pero el hecho de que ellos (gobierno) manejen es únicamente para corrupción, para robarle a la población”. Esta postura refleja un rechazo frontal a la participación estatal en la comercialización de alimentos.

Gonzales añadió que casos como EMAPA no son aislados en empresas públicas; mencionó a Botrading y YPFB como ejemplos de entidades con denuncias de corrupción que, a su juicio, no prosperan en el Ministerio Público. Insistió en que estas situaciones deben terminar para restaurar la competitividad en el mercado nacional.
Respecto a Franklin Flores, el gremialista fue claro en señalar que “tiene que pagar por todo lo que ha hecho”, aunque manifestó escepticismo sobre el sistema judicial en casos que involucran a políticos.

Este reclamo ocurre mientras la Fiscalía de La Paz informó que Flores acumuló 700 mil bolivianos entre 2022 y 2025, con un excedente inexplicable de 209.150 bolivianos. El exgerente fue detenido el 30 de septiembre en la casa de su cuñado, donde se incautaron documentos relacionados con EMAPA.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula a Rodrigo Paz para la presidencia y a Edmand Lara para la vicepresidencia de Bolivia, decidió emplear símbolos de la selección nacional y de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en su campaña para la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
La FIFA y Conmebol exigen a sus federaciones afiliadas mantener «independencia política y religiosa». La FBF podría enfrentar sanciones internacionales si no denuncia el uso indebido de su identidad por terceros.
Durante el partido Bolivia vs. Brasil, que marcó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Lara señaló que fue invitado junto a su familia por el presidente de la FBF, Fernando Costa, y la federación, a presenciar el encuentro. Afirmó haber recibido boletos aéreos desde Santa Cruz a La Paz y entradas para el estadio.

Respecto a la camiseta y el escudo, en redes sociales oficiales, el PDC promueve “poleras VIP selección boliviana Paz/Lara, disponible desde el miércoles 1 de septiembre en tallas S,M,L,XL.(solo en la ciudad de La Paz) entregas a coordinar (…)”. La publicación se hizo el 30 de septiembre, probablemente refiriéndose al 1 de octubre.
La camiseta verde, que replica una de la selección boliviana, presenta un escudo similar al de la FBF pero con el símbolo del partido en lugar del balón de fútbol y el texto “Paz Lara”. También en un video publicado este miércoles aparece el mismo símbolo que corresponde a la identidad de la Federación Boliviana de Fútbol.
Desde el inicio de la campaña electoral, varios candidatos han aparecido vistiendo camisetas similares a las de la selección y ropas deportivas idénticas a las que usan los jugadores de la Verde. Esto ha ocurrido también con otros políticos.

Dos periodistas deportivos consultados por PREMIUM expresaron sus opiniones. Fernando Bustillo comentó que “todos tienen derecho a usar la camiseta de la selección como un apoyo a nuestro equipo, cuando juega y se presenta en partidos oficiales. Hay un tiempo para cada ocasión. Haciendo una analogía, no se permite el uso de símbolos nacionales en campañas políticas; los colores de la camiseta, sin ser un símbolo patrio, se constituyen en una identidad nacional que merece ser respetada y no mal utilizada, en este caso específico, no para hacer campañas políticas”.

Por su parte, Gustavo Cortez señaló que “supuestamente la casaca de la Selección es un símbolo nacional y de identificación. Sin embargo, es también un producto que tiene derechos reservados y, por eso, se le da a veces un uso comercial abusivo”. Añadió que “no es como nuestra bandera. La tricolor es diferente. Ésta se respeta aquí y en el exterior. Es que refleja nuestra raíz, identificación y orgullo. En cambio, la camiseta, si es utilizada por políticos en sus campañas, no creo que sea motivo de objeción. Incluso por ahí un político puede comprar espacio en la prenda, como hacen las empresas que auspician a la Selección. Y no siempre hay casacas que respetan los colores originales de la Selección. Vemos con frecuencia hasta diseños diferentes, que a unos les gusta y a otros no. Son otros quienes toman las decisiones”.