La Fiscalía Departamental de La Paz presentó una imputación formal contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito relacionados con supuestas irregularidades en el proyecto de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto. La audiencia cautelar de la exautoridad se lleva a cabo en el Juzgado 11º de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, y comenzó poco después de las 15:00 horas de este miércoles. Según el Ministerio Público, se solicitó que la exautoridad cumpla «detención preventiva por el plazo de tres meses en la cárcel de San Pedro», en La Paz.

Esta imputación surge a partir de la denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en el marco de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la construcción de la planta de papa ubicada en El Alto. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, señaló que el contrato firmado entre el entonces gerente de Emapa y la empresa constructora «no cumplía las disposiciones del Decreto Supremo 181, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios», debido a modificaciones y la alteración de precios unitarios sin respaldo técnico.

Además, el fiscal indicó que los investigadores detectaron que la planta operó solo parcialmente durante algunos meses y que parte de los empleados contratados por la constructora recibían sueldos con fondos estatales.

El penal de San Sebastián Mujeres, ubicado en Cochabamba, enfrenta una situación crítica de hacinamiento, con más de 350 internas en un espacio diseñado para apenas 120. Ante esta realidad, la dirección del recinto penitenciario ha iniciado una campaña solidaria para recolectar materiales de construcción que permitan ampliar las instalaciones y mejorar las condiciones de vida de las privadas de libertad y sus hijos menores de seis años que viven con ellas.

La directora del penal, mayor Vanessa Vidal, explicó que se necesita con urgencia ladrillos, cerámica, fierro, hormigón y otros insumos básicos para comenzar las obras. “Queremos que las internas puedan dormir en catreras y no en el piso, como ocurre actualmente. Esta ampliación es vital para recuperar un mínimo de dignidad en el encierro”, señaló. Además, se organizará una función de cine en el Capitol el sábado 4 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos adicionales para la compra de materiales.

La entrada a la función tendrá un costo de 20 bolivianos y estará disponible las 24 horas en el penal. Vidal hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta causa, ya sea con aportes económicos o donaciones de insumos. “Toda ayuda cuenta. Esta campaña no solo busca construir paredes, sino también esperanza para quienes viven en condiciones extremas dentro del penal”, concluyó.

Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien era buscado por las autoridades tras una orden de aprehensión por violencia familiar, logró un acuerdo con su expareja Mary Carmen Cuéllar Balderas, lo que derivó en el desistimiento voluntario de la denuncia. Aunque la Fiscalía aún no recibió oficialmente el memorial, la fiscal Jessica Echeverría confirmó que el documento fue presentado y será analizado una vez llegue a su despacho. El caso había generado atención mediática por la gravedad de las acusaciones y la dificultad para ubicar al denunciado.

En el memorial, Cuéllar señala que la denuncia fue producto de una discusión ocurrida el 18 de septiembre y que, tras recibir disculpas de Arce, decidió no continuar con el proceso penal. La mujer argumentó que su imagen fue expuesta públicamente y que, tras evaluar su situación personal, optó por cerrar el caso. Sin embargo, el expediente incluye un informe médico forense que documenta lesiones previas, como hematomas y contusiones, además de una baja médica de 12 días por incapacidad legal.

La fiscal Echeverría indicó que los operativos para dar con el paradero de Arce Mosqueira no tuvieron éxito hasta el momento. A pesar del desistimiento, el Ministerio Público deberá evaluar si existen elementos suficientes para continuar de oficio con la investigación, dado que el caso involucra hechos de violencia física reiterada. La decisión final dependerá del análisis jurídico del documento y de las pruebas ya recabadas.

Jorge Tuto Quiroga, expresidente y actual candidato por la alianza Libre, reafirmó la solidez de su fórmula junto a Juan Pablo Velasco, asegurando que “están hechos de hierro” frente a los ataques que, según él, provienen tanto del Gobierno como de sus rivales del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En su visita a Santa Cruz, Quiroga insistió en que su campaña se basa en propuestas, mientras que sus contrincantes “manipulan el odio y venden miedo”.

La polémica se intensificó tras la aparición de supuestos tuits racistas atribuidos a Velasco, los cuales fueron calificados como falsos por el propio candidato. Quiroga denunció que estas acusaciones forman parte de una estrategia para desprestigiar su candidatura, en medio de una segunda vuelta marcada por la confrontación. A pesar de haber firmado un “acuerdo por la democracia” promovido por el Tribunal Supremo Electoral, los ataques entre los binomios continúan.

Con el balotaje programado para el 19 de octubre, la campaña entra en su fase decisiva. Quiroga y Velasco, que obtuvieron el 26,70 % en la primera vuelta, intensifican su recorrido por las nueve regiones del país, mientras que Paz y Lara, del PDC, lideran con el 32,06 %. En este clima tenso, el llamado a frenar la “guerra sucia” parece no haber surtido efecto, y los candidatos siguen enfrentándose con acusaciones cruzadas.

La Intendencia Municipal de La Paz suspendió temporalmente siete hornos de panificación tras detectar graves deficiencias sanitarias en sus instalaciones. Los operativos se realizaron en los macrodistritos Max Paredes, Periférica, Sur y Cotahuma, donde se evidenció la presencia de heces de roedor, utensilios deteriorados y materias primas vencidas. Esta medida busca proteger la salud pública y obliga a los propietarios a realizar un proceso de saneamiento antes de reabrir.

Durante las inspecciones, se decomisaron 168 utensilios en mal estado, como latas rotas, paños desgastados y usleros dañados. Además, se incautaron productos sin registro sanitario que estaban siendo utilizados para elaborar pan. Según Nelson Quispe Vargas, analista técnico de inocuidad alimentaria, algunos casos requieren fumigación completa, mientras que otros pueden corregirse con limpieza básica y renovación de materiales.

La intervención forma parte de un control permanente que ya ha alcanzado a 37 hornos en distintas zonas de la ciudad. Aunque todos los establecimientos cumplían con el peso mínimo del pan de batalla, la Intendencia hizo un llamado a la población para denunciar hornos clandestinos o con condiciones insalubres a través de la línea 2900735, reforzando así la vigilancia ciudadana en la cadena alimentaria.

La investigación de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la estatal Emapa reveló que Franklin Flores, exgerente de la empresa, acumuló un excedente de 209.150 bolivianos que no pudo justificar, pese a que sus ingresos entre 2022 y 2025 sumaban aproximadamente 700.000 bolivianos. Este hallazgo fue calificado como un “excedente injustificado” por el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, quien señaló que el monto excede ampliamente el perfil económico del exfuncionario.

Flores fue aprehendido el martes 30 de septiembre en la vivienda de su cuñado, tras un operativo que incluyó el rastreo de radiobases de comunicación. En el lugar se encontró documentación perteneciente a Emapa, la cual fue incautada por los investigadores. Durante su toma de declaraciones, el exgerente decidió acogerse al derecho al silencio, lo que ha generado más interrogantes sobre el origen de los fondos detectados en sus cuentas.

Junto a Flores, también fueron detenidos Marvel Vargas Ortiz y Daniela Arancibia, exfuncionarios de Emapa que presentaban movimientos financieros similares. Vargas, quien ocupaba el cargo de jefe financiero, fue rotado de área cada seis meses, un patrón que la Fiscalía considera sospechoso y posiblemente vinculado a maniobras de encubrimiento. Ambos colaboradores también tenían bienes y dinero que no se ajustaban a sus ingresos declarados, lo que refuerza la hipótesis de un esquema interno de desvío de recursos.

En una conferencia de prensa este martes, Brenda Lafuente denunció que la Fiscalía estaría protegiendo al presidente Luis Arce, dificultando la investigación para que quede impune en el proceso por abandono de mujer embarazada. Afirmó que Arce ya debería estar formalmente imputado y con arraigo para impedir que salga del país.

“Me están dilatando hasta más no poder, pareciera que la Fiscalía lo que busca es evitar que mi persona genere prueba, me están obstaculizando todos mis elementos probatorios, seguramente porque está pretendiendo hacer un rechazo y que el señor Luis Arce, el padre de un hijo, quede impune de estos delitos”, manifestó Lafuente en Cochabamba, según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL. Además, criticó que la Fiscalía solo haya admitido la denuncia por abandono de mujer embarazada, excluyendo los delitos de violencia familiar y económica que ella había presentado.

Lafuente también cuestionó que se hayan suspendido dos veces las pruebas de ADN y que la Fiscalía programara fechas para estas cuando sabía que el presidente estaba de viaje en Estados Unidos. “No nos va a extrañar que la tercera reprogramación el presidente nuevamente se encuentre de viaje”, añadió.

Denunció que la Fiscalía obstruye la toma de declaraciones de testigos clave, como la secretaria personal, la jefa de gabinete y el chofer de Arce, quienes podrían aportar información sobre la relación. Asimismo, señaló que la fiscal del caso no ha solicitado los extractos de llamadas que ella pidió para demostrar el contacto con Arce.

Lafuente informó que pidió una inspección ocular al piso 24 de la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente tiene un departamento y supuestamente ocurrieron encuentros, pero también se enfrenta a obstáculos para que esta requisa se concrete.
Respecto al informe psicológico del caso, mencionó que debía estar listo en 10 días, pero luego de dos semanas la especialista aún no lo ha realizado debido a falta de tiempo.

Con estos antecedentes, Lafuente considera que la Fiscalía está protegiendo al presidente. “Luis Arce ya debería estar imputado formalmente y, como mínimo, arraigado para evitar que se fuga del país y que responda ante la justicia por los delitos que él ha cometido, no solamente como como contra mi persona, como en calidad de víctima como mujer, sino también contra nuestro hijo”, afirmó.

Finalmente, la denunciante solicitó a la Fiscalía Departamental que forme una comisión especial de fiscales para liderar la investigación, resaltando la labor de fiscales como Jessica Echeverría de Santa Cruz, quien ordenó la aprehensión del hijo de Luis Arce pese a las presiones recibidas.