La Policía Boliviana y el Ministerio Público rechazaron las versiones de medios uruguayos que afirmaban que el narcotraficante Sebastián Marset habría regresado a Bolivia y estaría protegido por mafias locales y el Primer Comando de la Capital (PCC). El comandante general de la Policía, Augusto Russo, calificó la información como “pura especulación” y afirmó que no existe evidencia que confirme la presencia del prófugo en el país.

“Las unidades especializadas como Inteligencia y la Felcn están trabajando para establecer cualquier supuesto referente a este sujeto, pero hasta ahora no hay nada objetivo ni validado”, declaró. Por su parte, el fiscal Julio César Porras expresó que no cuentan con reportes oficiales sobre el paradero de Marset. “Desconozco la información. Sabemos que la Policía Boliviana sigue buscándolo, pero no hay nada confirmado. No sé en qué se está basando la información de los periodistas de Uruguay”, manifestó.

El caso surgió a raíz de un informe del medio Montevideo Portal, que indicó que Marset habría ordenado, presuntamente desde Bolivia, el atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, y que estaría recibiendo protección de mafias locales y del PCC.
Marset es uno de los criminales más buscados en la región, prófugo desde julio de 2023 tras evadir un operativo en Santa Cruz, y ha sido vinculado a actividades ilícitas en Paraguay, Uruguay y Brasil. Aunque Bolivia ha sido señalada como posible refugio, las autoridades nacionales insisten en que no hay pruebas que lo confirmen.

El reciente atentado contra la fiscal Ferrero en Montevideo, donde dos hombres dispararon contra su residencia sin causar heridos, incrementó la presión sobre las investigaciones. Este hecho fue condenado como un ataque a la institucionalidad uruguaya.

En el predio privado Patujú, ubicado en el municipio de Montero, Santa Cruz, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) detuvo a siete personas durante un operativo con la participación de 500 policías tras un avasallamiento.

“Tenemos a al fecha siete personas aprehendidas, hemos secuestrado varias situaciones que tienen que ver con los delitos cometidos y obviamente todas estas acciones investigativas están a conocimiento del Ministerio Público”, declaró Mauricio Andrade, director de la FELCC de Montero.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que los detenidos no tenían armas de fuego pero poseían petardos y machetes, además se incautaron dos motocicletas. También se han identificado a 10 personas como autores intelectuales del avasallamiento, y la Policía permanecerá en el lugar para resguardar la propiedad e identificar más involucrados.

Ríos explicó que la policía fue alertada cuando el hijo del propietario y algunos trabajadores fueron agredidos al intentar ingresar al terreno, y se solicitó al Ministerio Público un requerimiento fiscal para intervenir el predio. “El Ministerio Público ha emitido el requerimiento fiscal para el registro del lugar del hecho. Este documento consignaba que esta operación, que esta actuación se iba a realizar a las 15:30 en inmediaciones de la propiedad El Patujú (es decir) ya había una instrucción emitida por la autoridad competente para la realización de una intervención policial en el marco de los protocolos”, agregó.

El ministro calificó como “irresponsable” la acción del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien junto a una comitiva ingresó al predio avasallado y aseguró que no se retirarían hasta que la Policía y Fiscalía hagan su “trabajo”. Camacho afirmó que los avasalladores son “masistas violentos”.
“Debemos hacer mención a la irresponsabilidad de algunos actores políticos que de manera temeraria, no solo poniendo en riesgo su vida, sino también de personas que los acompañaban, han decidido ingresar a los predios antes de que llegue el contingente policial que se había dispuesto”, criticó.

Ríos advirtió sobre la falta de consideración de las consecuencias y acusó a Camacho de querer “politizar” el caso. “Condenamos esas declaraciones irresponsables con la finalidad de politizar este hecho delictivo, manifestando que quienes habrían tomado estos predios tienen una afiliación política, incitando nuevamente al enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos”, concluyó.

Tras el violento avasallamiento del predio Patujú en Montero, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responsabilizó directamente al Gobierno nacional por la falta de acción de la Policía frente a estos hechos.

“Cuando hay este tipo de avasallamientos y la Policía no actúa es porque el Gobierno da la instrucción. Así de sencillo”, afirmó Camacho luego de retirarse del predio, donde llegó antes que la fuerza policial que luego disuadió a los ‘toma tierra’.
El gobernador explicó que ingresó al lugar para convocar a la Policía y garantizar la seguridad de las personas afectadas por la irrupción violenta de un grupo que utilizaba palos, piedras y armas. “Nos tiraron piedras, palos, fregaron vehículos”, relató, confirmando que seis personas resultaron heridas, entre ellas el alcalde de Montero, Regis Medina, quien fue golpeado.

Camacho calificó al Movimiento Al Socialismo como “un cártel de delincuentes” y acusó a sus integrantes de actuar con protección política y respaldo económico para apropiarse de propiedades ajenas.
Además, cuestionó la cadena de mando policial, señalando que esta recibe indicaciones desde el Gobierno central sobre cuándo actuar o no.
Finalmente, Camacho hizo un llamado a las autoridades y al futuro presidente para que respalden al sector productivo, obligación que exigirán a los gobernantes que asuman el poder el próximo 8 de noviembre.

“Nos reventaron los vidrios”, reportó el primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, desde la zona del predio Patujú, donde este viernes se registraron denuncias de avasallamientos. Además, se informó que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho estaría retenido.

Camacho se desplazó hacia el lugar acompañado por una comitiva con la intención de llegar al predio Patujú, en medio del cual un productor fue secuestrado y luego liberado. Videos muestran cómo el gobernador intenta dialogar con un grupo de encapuchados para que permitan el avance de su equipo.

Sin embargo, la comitiva fue atacada con piedras por los encapuchados, mientras no se registraba presencia policial en el sitio, lo que aumentó la tensión entre los presentes y las autoridades.
De acuerdo con el Comité pro Santa Cruz, el vehículo que transportaba al presidente y vicepresidentes cívicos fue objeto de ataques con piedras durante la tarde del viernes. Según el reporte, el predio ya estaba cerrado cuando comenzó el altercado y las autoridades cruceñas se encontraban dentro del mismo.

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N° 528/2024-2025, que establece el “Fondo Productivo Lácteo Leche para Crecer”, con el objetivo de fortalecer la cadena de producción y comercialización de leche en Bolivia. La norma, impulsada por legisladores del MAS, fue remitida al Senado para su tratamiento. El fondo será administrado por ProBolivia y se financiará mediante aportes del sector de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas entre industriales y legisladores opositores, quienes advierten que se trata de una reedición del extinto fondo ProLeche. El diputado Alejandro Reyes (Comunidad Ciudadana) denunció que el nuevo fondo replica un modelo que, según él, fracasó en su implementación y manejo de recursos. Entidades como la Cámara Nacional de Industrias y la Asociación Nacional de Industriales Lecheros pidieron postergar el debate hasta la próxima legislatura.

El fondo ProLeche, creado en 2011, fue cuestionado por presunta corrupción y por no cumplir sus metas. Aunque el Gobierno asegura que se transfirieron más de 300 millones de bolivianos en apoyo al sector, opositores señalan que solo una fracción fue realmente invertida. El debate ahora se traslada al Senado, donde se espera una revisión más detallada de la propuesta y sus implicaciones para la industria láctea nacional.