Productores y exportadores de banano del trópico de Cochabamba alertaron este miércoles sobre las millonarias pérdidas económicas que enfrenta el sector debido a los bloqueos de carreteras y advirtieron que podrían perder importantes mercados internacionales, especialmente en Argentina, principal destino de sus exportaciones.

El productor y exportador bananero Sixto Mamani expresó su preocupación por la falta de acuerdos entre los sectores movilizados y el Gobierno nacional, situación que mantiene paralizada la salida de productos y afecta a pequeños, medianos y grandes productores de la región.

Según explicó, el sector intentó utilizar rutas alternas para evitar los puntos de bloqueo y continuar con los envíos, incluso evaluando el transporte por vías fluviales. Sin embargo, las lluvias registradas en los últimos días dejaron intransitables varios caminos, imposibilitando el traslado de la producción.

Mamani señaló que los productores llevan cerca de un mes sin generar ingresos debido a la interrupción de las exportaciones y pidió una solución urgente al conflicto para evitar mayores daños económicos. Asimismo, recordó que el trópico cochabambino no solo produce coca, sino también banano, palmito, cacao, yuca y otros alimentos destinados tanto al mercado nacional como internacional.

El dirigente advirtió que uno de los efectos más graves de la crisis es la pérdida de espacios comerciales en el exterior. Indicó que Argentina, principal comprador del banano cochabambino, está siendo abastecida por competidores de Paraguay, Brasil y Ecuador, países que aprovechan la ausencia de la producción boliviana en ese mercado.

“Argentina es nuestro mercado principal y nos costó muchos años consolidarlo. Ahora ya estamos perdiendo espacio porque Paraguay, Brasil y Ecuador están aprovechando nuestra ausencia”, afirmó el exportador.

Los productores aseguran que años de trabajo e inversión están en riesgo debido a la paralización de las exportaciones, mientras los bloqueos continúan afectando la transitabilidad en Cochabamba y otras regiones del país. Actualmente, el departamento registra al menos 13 puntos de bloqueo que dificultan el transporte de alimentos, combustibles y productos destinados a la exportación

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ratificó que el Decreto Supremo 5630 se encuentra plenamente vigente y que su aplicación es obligatoria e inmediata para todas las entidades financieras del país, por lo que no requiere ninguna reglamentación adicional para entrar en vigencia.

El pronunciamiento surge después de que varios consumidores financieros denunciaran que algunas entidades bancarias rechazaban o condicionaban la atención de solicitudes de refinanciamiento o reprogramación de créditos, argumentando que aún faltaba una normativa complementaria para ejecutar el decreto.

Ante esta situación, la ASFI aclaró que ninguna entidad de intermediación financiera puede negarse a recibir, evaluar o atender las solicitudes de alivio financiero presentadas por prestatarios afectados por los conflictos sociales, bloqueos de carreteras y otros eventos que impactaron su capacidad de pago durante las últimas semanas.

La institución recordó que, mediante las Cartas Circulares 1324/2026 y 1345/2026, instruyó a los bancos y entidades financieras adoptar las medidas necesarias para cumplir con el decreto, adecuar sus procedimientos internos y brindar información clara, oportuna y accesible a todos los usuarios del sistema financiero.

Asimismo, señaló que los prestatarios tienen el derecho de solicitar mecanismos de alivio financiero, como la reprogramación o refinanciamiento de sus obligaciones crediticias, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Decreto Supremo 5630.

La ASFI también advirtió que, en caso de que alguna entidad rechace una solicitud o argumente la falta de reglamentación para no atender al cliente, los usuarios deben presentar su reclamo ante el Punto de Reclamo de la entidad financiera correspondiente y comunicar el caso a las Defensorías del Consumidor Financiero o mediante la línea gratuita 800 103 103.

Finalmente, la entidad reguladora aseguró que continuará realizando tareas de supervisión y control para verificar el cumplimiento de la norma y anunció que asumirá las acciones correspondientes frente a cualquier incumplimiento que vulnere los derechos de los consumidores financieros.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, participará este miércoles como garante en la reunión convocada entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional, en un intento por encontrar una salida a la crisis social, económica y política que atraviesa el país tras 48 días de conflictos y bloqueos de carreteras.

La presencia de la máxima autoridad del Ministerio Público fue solicitada expresamente por la COB dentro de una conminatoria de ocho puntos enviada al Ejecutivo. En el documento, la organización obrera pidió que Mariaca actúe como garante para evitar una supuesta persecución penal y la judicialización de las protestas desarrolladas durante las últimas semanas.

El encuentro está programado para las 09:00 de este miércoles en la Casa Grande del Pueblo y se desarrolla en un contexto marcado por los bloqueos que continúan afectando a varias regiones del país, generando problemas de abastecimiento, pérdidas económicas y dificultades para el transporte de productos y personas.

Dentro de los planteamientos presentados por la COB también se encuentra la exigencia de que el diálogo sea encabezado por el presidente Rodrigo Paz, además de garantías respecto a la protección de las empresas públicas estratégicas. La organización sindical demanda que el Gobierno se comprometa a no impulsar procesos de privatización, capitalización o concesión de entidades estatales a intereses privados nacionales o extranjeros.

La reunión es considerada clave para intentar reducir las tensiones sociales y abrir un espacio de negociación después de más de un mes y medio de movilizaciones. Diversos sectores productivos, empresariales y sociales han manifestado en los últimos días la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la normalidad y garantizar la libre circulación en las carreteras del país.

Mientras tanto, el Gobierno expresó su disposición al diálogo y señaló que espera que el encuentro contribuya a generar consensos que permitan avanzar hacia la pacificación y recuperación económica de Bolivia.

Sectores cocaleros del trópico de Cochabamba anunciaron este martes la intensificación de las medidas de presión y advirtieron con una ampliación de los bloqueos en diferentes puntos de la región, en medio del conflicto político y social que mantiene paralizadas varias rutas del país desde hace más de seis semanas.

A través de un pronunciamiento público, los dirigentes señalaron que reforzarán los puntos de bloqueo e implementarán controles más estrictos en las zonas de protesta. Además, denunciaron la presunta presencia de personal de inteligencia que, según afirmaron, estaría ingresando al trópico vestido de civil y alojándose en domicilios particulares para realizar labores de seguimiento.

El dirigente Isidro Auca aseguró que las organizaciones movilizadas llevarán adelante controles y rastrillajes en distintas áreas del trópico cochabambino con el objetivo de identificar a personas consideradas sospechosas. Asimismo, advirtió que se fortalecerá la vigilancia en todos los puntos de bloqueo y lanzó una advertencia contra cualquier intento de intervención en la región.

Durante el mismo pronunciamiento, Auca afirmó que los sectores cocaleros están dispuestos a defender al expresidente Evo Morales, quien actualmente enfrenta una orden de aprehensión dentro de una investigación por presunta trata agravada de personas. El dirigente sostuvo que las organizaciones permanecerán movilizadas mientras continúe el conflicto.

Por su parte, Vicente Choque ratificó que desde el trópico de Cochabamba no se aceptará ningún proceso de negociación con el Gobierno nacional. Según manifestó, las medidas de presión continuarán y serán fortalecidas en los próximos días, descartando cualquier posibilidad de diálogo con las autoridades.

El anuncio surge en momentos en que diversos sectores sociales, empresariales, productivos y de transporte exigen la pacificación del país y el levantamiento de los bloqueos, debido a las consecuencias económicas, el desabastecimiento de productos básicos y las dificultades de circulación que afectan a distintas regiones de Bolivia.

Las autoridades chilenas destruyeron un puente clandestino construido sobre una zanja de seguridad en la zona fronteriza de Colchane, cerca de Bolivia, como parte de los operativos destinados a reforzar el control migratorio y combatir actividades ilícitas en el norte del país.

La estructura improvisada, levantada con sacos de arena y piedras, permitía atravesar una zanja de aproximadamente tres metros de profundidad construida por el Gobierno chileno para dificultar el ingreso irregular de personas y el traslado de mercancías de contrabando. La demolición fue realizada con maquinaria pesada y las imágenes del operativo se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El ministro de Seguridad de Chile, Martín Arrau, señaló que la construcción de este tipo de pasos ilegales era una reacción previsible frente a las medidas implementadas para fortalecer el control fronterizo. La autoridad afirmó que las organizaciones dedicadas al contrabando y al tráfico irregular buscan constantemente vulnerar los sistemas de vigilancia instalados en la zona.

Según las autoridades, el puente clandestino se encontraba en Colchane, uno de los sectores más sensibles de la frontera entre Chile y Bolivia. El operativo forma parte del denominado “Plan de Escudo Fronterizo”, impulsado por el presidente José Antonio Kast, que contempla la construcción de zanjas, cercos perimetrales, torres de vigilancia y otras medidas de seguridad para frenar la migración irregular y las actividades delictivas transfronterizas.

El Gobierno chileno anunció que reforzará la vigilancia en la zona para evitar la construcción de nuevos pasos ilegales y garantizar el control de las rutas fronterizas. Las autoridades sostienen que la lucha contra el contrabando, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas requiere una vigilancia permanente en los sectores más vulnerables de la frontera norte.

 Luego de siete semanas de movilizaciones, bloqueos y una creciente crisis económica, la Central Obrera Boliviana (COB) modificó su estrategia y retiró de su pliego de demandas la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, enfocando ahora sus planteamientos en temas económicos, sociales e institucionales. El cambio se produce a pocas horas de una nueva mesa de diálogo convocada por el Gobierno para buscar una salida al conflicto que mantiene al país paralizado desde hace 48 días.

La dirigencia cobista, encabezada por Mario Argollo, presentó un nuevo documento en el que prioriza una agenda centrada en la defensa de la economía popular. Entre sus principales exigencias figura el rechazo a cualquier acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de solicitar transparencia en las negociaciones que el Estado pueda sostener con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, la COB demanda garantías para evitar cualquier proceso de privatización de empresas o recursos estratégicos del Estado. También plantea tener participación en la fiscalización y revisión de proyectos de ley antes de su aprobación, argumentando que las organizaciones sociales deben formar parte de las decisiones que impactan directamente en la población.

Otro de los puntos centrales está relacionado con la crisis económica que golpea a las familias bolivianas. El ente matriz exige medidas urgentes para controlar el alza de precios, frenar la especulación en los mercados, garantizar el abastecimiento de productos básicos y proteger el empleo formal con salarios que mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores.

La nueva postura también refleja un distanciamiento con el expresidente Evo Morales, quien continúa respaldando las movilizaciones desde el trópico de Cochabamba. Mientras sectores afines al exmandatario mantienen medidas de presión, la COB optó por abrir un canal de negociación con el Ejecutivo, argumentando la necesidad de pacificar el país y enfrentar los problemas de desabastecimiento que afectan a varias regiones.

El diálogo entre la COB y el Gobierno fue convocado para este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la disposición del Ejecutivo para escuchar las demandas, aunque remarcó que cualquier acuerdo deberá respetar la Constitución y el marco legal vigente. Como garante del proceso participará el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Entretanto, el país continúa registrando 45 puntos de bloqueo y los efectos económicos se profundizan. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió que las consecuencias de los 48 días de conflicto son comparables a una situación de devastación económica, con sectores productivos seriamente afectados y riesgos para el crecimiento económico de la presente gestión.

Luego de 46 días de movilizaciones, bloqueos y protestas en distintas regiones del país, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari solicitaron al Gobierno la apertura de un proceso de diálogo para buscar una salida a la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

La solicitud surge después de más de seis semanas de conflicto, periodo en el que los sectores movilizados no lograron concretar su principal demanda política: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En los documentos enviados al Ejecutivo, ambas organizaciones dejaron de lado ese pedido y plantearon nuevas exigencias enfocadas en temas económicos, judiciales y sociales.

La COB presentó un documento denominado “Conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”, en el que plantea ocho ejes de discusión. Entre ellos figuran la liberación de dirigentes detenidos, garantías para evitar procesos judiciales contra movilizados, el rechazo a acuerdos con organismos internacionales, la defensa de empresas estatales, la protección de la canasta familiar y la estabilidad laboral.

Por su parte, la Federación Túpac Katari y las Bartolinas exigieron al Gobierno el cumplimiento de cinco condiciones para iniciar el diálogo. Entre sus pedidos se encuentran la conformación de una comisión para fiscalizar la calidad de los combustibles importados, la suspensión temporal de intereses y multas bancarias para sectores productivos, la derogación de decretos considerados perjudiciales, una amnistía para personas procesadas durante las movilizaciones y la abrogación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción.

Tras conocer ambas solicitudes, el Gobierno confirmó la instalación de una mesa de diálogo y convocó a los dirigentes para este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar las demandas, aunque insistió en que la condición fundamental es el levantamiento de los bloqueos que continúan afectando a diferentes regiones del país.

Mientras tanto, los efectos del conflicto siguen impactando en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de generar millonarias pérdidas económicas y afectar a miles de transportistas, productores, comerciantes y ciudadanos que permanecen perjudicados por las restricciones en las carreteras.

La Fiscalía de Sustancias Controladas y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intensificaron las investigaciones sobre empresas exportadoras de madera en Santa Cruz, luego de que autoridades chilenas detectaran más de mil toneladas de madera boliviana observadas en el puerto de Arica, de las cuales 108 toneladas estaban impregnadas con sustancias controladas.

Entre el lunes y martes se ejecutaron al menos siete allanamientos a empresas dedicadas a la exportación de madera. Los operativos fueron dirigidos por los fiscales Julio César Porras y Meizon Mamani Rivero, quienes ordenaron el secuestro de documentación física, equipos informáticos y muestras de madera para ser sometidas a pericias especializadas.

Según informó la Fiscalía, todas las empresas intervenidas tienen relación con cargamentos observados por las autoridades chilenas. Las muestras recolectadas serán analizadas por el Centro de Investigación Técnico Científica en Toxicología y Sustancias Controladas (Citec) y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), cuyos resultados podrían conocerse en aproximadamente dos semanas.

Además de la recolección de evidencias, los investigadores emitieron citaciones para que alrededor de 30 personas, entre representantes legales, propietarios y responsables de las firmas exportadoras, presten sus declaraciones informativas desde este miércoles. Las autoridades buscan establecer posibles responsabilidades dentro de una presunta red de tráfico internacional de sustancias controladas.

Durante los operativos, varios empresarios manifestaron su disposición a colaborar con las investigaciones y aseguraron que sus actividades se desarrollan bajo la normativa vigente. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las pesquisas continuarán hasta esclarecer cómo la droga llegó a contaminar los cargamentos destinados a la exportación.

Por su parte, las autoridades chilenas confirmaron el decomiso de los contenedores observados, aunque hasta el momento no reportaron personas aprehendidas por este caso. En Bolivia, la FELCN anunció que los operativos se ampliarán a empresas de Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz para verificar posibles vínculos con la investigación internacional