En una conferencia de prensa este martes, Brenda Lafuente denunció que la Fiscalía estaría protegiendo al presidente Luis Arce, dificultando la investigación para que quede impune en el proceso por abandono de mujer embarazada. Afirmó que Arce ya debería estar formalmente imputado y con arraigo para impedir que salga del país.

“Me están dilatando hasta más no poder, pareciera que la Fiscalía lo que busca es evitar que mi persona genere prueba, me están obstaculizando todos mis elementos probatorios, seguramente porque está pretendiendo hacer un rechazo y que el señor Luis Arce, el padre de un hijo, quede impune de estos delitos”, manifestó Lafuente en Cochabamba, según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL. Además, criticó que la Fiscalía solo haya admitido la denuncia por abandono de mujer embarazada, excluyendo los delitos de violencia familiar y económica que ella había presentado.

Lafuente también cuestionó que se hayan suspendido dos veces las pruebas de ADN y que la Fiscalía programara fechas para estas cuando sabía que el presidente estaba de viaje en Estados Unidos. “No nos va a extrañar que la tercera reprogramación el presidente nuevamente se encuentre de viaje”, añadió.

Denunció que la Fiscalía obstruye la toma de declaraciones de testigos clave, como la secretaria personal, la jefa de gabinete y el chofer de Arce, quienes podrían aportar información sobre la relación. Asimismo, señaló que la fiscal del caso no ha solicitado los extractos de llamadas que ella pidió para demostrar el contacto con Arce.

Lafuente informó que pidió una inspección ocular al piso 24 de la Casa Grande del Pueblo, donde el presidente tiene un departamento y supuestamente ocurrieron encuentros, pero también se enfrenta a obstáculos para que esta requisa se concrete.
Respecto al informe psicológico del caso, mencionó que debía estar listo en 10 días, pero luego de dos semanas la especialista aún no lo ha realizado debido a falta de tiempo.

Con estos antecedentes, Lafuente considera que la Fiscalía está protegiendo al presidente. “Luis Arce ya debería estar imputado formalmente y, como mínimo, arraigado para evitar que se fuga del país y que responda ante la justicia por los delitos que él ha cometido, no solamente como como contra mi persona, como en calidad de víctima como mujer, sino también contra nuestro hijo”, afirmó.

Finalmente, la denunciante solicitó a la Fiscalía Departamental que forme una comisión especial de fiscales para liderar la investigación, resaltando la labor de fiscales como Jessica Echeverría de Santa Cruz, quien ordenó la aprehensión del hijo de Luis Arce pese a las presiones recibidas.

El caso Botrading continúa generando preocupación por la falta de avances en las investigaciones. De los diez funcionarios y exfuncionarios denunciados por presuntos actos de corrupción en la importación de carburantes, sólo tres han prestado declaración ante el Ministerio Público: Armin Dorgathen, presidente de YPFB; Joel Callaú, director de la ANH; y Félix Cruz, quien permanece aprehendido. El abogado Curmi Rocha, representante legal del denunciante Ludwing Sánchez, lamentó la ausencia de los siete restantes, entre ellos altos cargos de YPFB y Botrading SA.

Rocha también denunció que la Fiscalía no cuenta con la totalidad de los documentos base de contratación entre YPFB y Botrading, especialmente los correspondientes a la gestión 2025. Aunque se solicitó formalmente el acceso a estos archivos, sólo se remitieron los de 2023 y 2024, dejando fuera información clave sobre el abastecimiento de carburantes previsto hasta noviembre de este año. Esta omisión, según el jurista, obstaculiza el esclarecimiento del caso.

Además, la defensa señaló que el sistema informático que concentra los antecedentes del proceso sigue restringido, impidiendo el acceso completo a la documentación subida. Desde hace diez días, sólo se pueden consultar algunos documentos iniciales, lo que limita el derecho a la defensa y la transparencia del proceso. Rocha instó a las autoridades a garantizar el acceso pleno a la información y a exigir la comparecencia de todos los denunciados para avanzar en la investigación.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un ultimátum a los candidatos a la Vicepresidencia, Edman Lara (PDC) y Juan Pablo Velasco (Libre), para que confirmen por escrito su participación en el debate oficial previsto para este domingo 5 de octubre en Santa Cruz. El plazo vence este jueves 2, y si no se recibe la confirmación formal, el evento será suspendido. Aunque ambos aspirantes han manifestado su intención de asistir, hasta el momento no han cumplido con el requisito exigido por la Sala Plena del TSE.

Desde el PDC, el diputado electo Rada aseguró que Lara estará presente y que el debate será una oportunidad para mostrar su perfil técnico y su experiencia en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el candidato aún no ha firmado el pacto de no agresión promovido por el TSE, lo que ha generado dudas sobre el tono que podría adoptar durante el encuentro. Por su parte, Rafael López, representante de Libre, confirmó que Velasco sí suscribió el compromiso y que su campaña se basa en propuestas para mejorar áreas clave como salud, educación y seguridad.

Las tensiones entre ambos partidos se han intensificado en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas y polémicas en redes sociales. Lara fue criticado por declaraciones ofensivas, mientras que Velasco enfrenta cuestionamientos por publicaciones antiguas con contenido racista. El TSE busca que el debate se centre en ideas y propuestas, y ha ofrecido alternativas para que los candidatos formalicen su participación, incluso mediante notas manuscritas. La decisión final dependerá de si cumplen con este requisito en las próximas horas.

Una comisión conformada por representantes del Colegio Médico de Bolivia y pacientes renales se presentó esta mañana en el Ministerio de Economía para exigir una reunión con el titular de esa cartera, Marcelo Montenegro. El objetivo es abordar la falta de desembolsos para tratamientos de hemodiálisis, que en La Paz acumulan una deuda de cuatro meses. Freddy Fernández, secretario nacional del Colegio Médico, expresó que la situación pone en riesgo la vida de miles de enfermos y requiere atención inmediata.

La demanda surge tras un encuentro con el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, quien denunció una deuda de 70 millones de bolivianos en ese departamento, lo que ha paralizado la atención en centros públicos. Fernández advirtió que el problema es nacional y que los pacientes han enviado múltiples cartas al Ministerio de Salud sin obtener respuesta. Por ello, decidieron acudir directamente al Ministerio de Economía y evalúan medidas de presión como vigilias en La Paz.

Además del retraso en los pagos, los pacientes enfrentan una grave falta de infraestructura, medicamentos y equipos adecuados. Fernández señaló que los hospitales públicos no logran cubrir la demanda y deben recurrir a servicios externos, lo que agrava la crisis. En Bolivia, más de 6.400 personas padecen enfermedad renal, y los casos aumentan entre 12 y 14% cada año, según el Programa Nacional de Salud Renal. La urgencia de una solución es vital para garantizar el derecho a la salud de miles de ciudadanos.

El Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED La Paz) ha registrado 15 denuncias de acoso y violencia política en lo que va de 2025, una cifra que refleja la persistencia de prácticas que vulneran los derechos de autoridades electas, especialmente concejalas. La presidenta del TED, Zonia Yujra, expresó su preocupación por el incumplimiento de la Ley 243, que debería proteger a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas.

Entre los principales agresores figuran los suplentes, quienes presionan a las autoridades titulares para que renuncien, utilizando mecanismos como amenazas, ciberacoso y campañas de desprestigio. Esta situación ha derivado en 12 renuncias durante el año, una de las cuales fue rechazada por el TED por no cumplir con los requisitos legales. Yujra enfatizó que el control político no debe ser motivo de hostigamiento, sino una función legítima dentro de la gestión pública.

El TED La Paz ha instado a todas las instituciones públicas, incluidas las Entidades Territoriales Autónomas, a implementar acciones concretas de prevención y concientización. Además, recordó que el artículo 10 de la Ley 243 asigna responsabilidades específicas al Ministerio de Justicia y al Órgano Electoral Plurinacional para garantizar la aplicación efectiva de esta norma. “No basta con tener una ley; es necesario que se cumpla y se respete en todos los niveles del Estado”, concluyó Yujra.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha reiterado su preocupación por el estado crítico del Cerro Rico y exige que las autoridades mineras cumplan con el plazo de 31 días establecido para presentar informes sobre las acciones tomadas para preservar esta emblemática montaña. La organización advierte que la explotación por encima de la cota 4.400 continúa poniendo en riesgo la estructura del cerro, considerado patrimonio histórico y cultural de Bolivia.

Alberto Pérez, presidente de Comcipo, anunció que se iniciarán acciones legales contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras entidades responsables, por el incumplimiento de una sentencia constitucional que ordena la protección del Cerro Rico. Según Pérez, la falta de voluntad política y técnica ha agravado el deterioro del yacimiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles.

Comcipo ha reunido una serie de documentos y antecedentes que serán presentados ante el Ministerio Público como parte de su denuncia formal. La organización cívica sostiene que no se puede seguir postergando la aplicación de medidas concretas para salvaguardar el cerro, y que es deber de las autoridades cumplir con las normativas vigentes que garantizan la conservación del patrimonio potosino.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que hasta la fecha se desconoce el paradero de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, quien es requerido en un proceso judicial por violencia doméstica. Mariaca anunció que se está gestionando ante la Interpol la activación de sellos para facilitar la captura del procesado.

Mariaca señaló este lunes que la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira sigue vigente; el joven está acusado de haber agredido a su pareja, causando una incapacidad de 12 días. La orden fue entregada a la Policía para su ejecución, y esa institución tiene la responsabilidad de localizarlo para que se someta al proceso legal correspondiente.
El fiscal agregó que la Policía puede solicitar a la Fiscalía órdenes de allanamiento si es necesario para su captura. Asimismo, enfatizó que se están empleando todos los recursos disponibles para dar con su paradero.

Ante la falta de información sobre su ubicación, se solicitará a Interpol la activación de sellos rojo o azul, que permiten detener al implicado dentro o fuera del país y desencadenar los procedimientos para su extradición en caso de ser necesario.
Cabe recordar que la orden de aprehensión se emitió el 19 de septiembre pasado, luego de lo cual el presidente Arce declaró que sus hijos deben asumir su defensa ante cualquier acusación.