El Tribunal Supremo de Justicia informó que encontró presuntas irregularidades en la sentencia constitucional sobre el Mercado Mutualista y anunció que remitirá el caso al Ministerio Público.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, presentó un informe sobre la revisión del proceso relacionado con el Mercado Mutualista de Santa Cruz y señaló que la sentencia constitucional del caso presenta indicios de prevaricato.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que una comisión conformada para revisar la documentación identificó varias observaciones en el expediente y aseguró que el caso no quedará sin seguimiento. “No podemos dejar pasar por alto una sentencia constitucional que contiene prevaricato”, afirmó Saucedo.
La controversia gira en torno a la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que dispuso la cesión de los predios del mercado a favor de la familia Crapuzzi.
Según el informe presentado, la revisión incluyó antecedentes judiciales y documentos históricos, entre ellos una declaratoria de herederos de 1989 en la que —de acuerdo con el TSJ— no figura el terreno actualmente en disputa.
Entre las observaciones detectadas, la comisión reportó presuntas inconsistencias en la transferencia del inmueble, diferencias en la identidad del supuesto propietario, posibles irregularidades en actuaciones judiciales y falta de respaldo documental en registros de Derechos Reales.
Asimismo, se mencionó la existencia de una presunta entrega irregular de planos municipales vinculados al predio, elementos que ahora serán evaluados en una nueva instancia judicial.
Saucedo adelantó que el informe será enviado al Ministerio Público para que se inicien las acciones legales correspondientes. “Existe responsabilidad penal y corresponde que las instancias competentes investiguen”, sostuvo.
El caso del Mercado Mutualista ha generado preocupación en Santa Cruz por la incertidumbre sobre la propiedad del terreno, mientras las autoridades judiciales buscan esclarecer la legalidad del fallo constitucional.
