Una comisión conformada por representantes del Colegio Médico de Bolivia y pacientes renales se presentó esta mañana en el Ministerio de Economía para exigir una reunión con el titular de esa cartera, Marcelo Montenegro. El objetivo es abordar la falta de desembolsos para tratamientos de hemodiálisis, que en La Paz acumulan una deuda de cuatro meses. Freddy Fernández, secretario nacional del Colegio Médico, expresó que la situación pone en riesgo la vida de miles de enfermos y requiere atención inmediata.

La demanda surge tras un encuentro con el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, quien denunció una deuda de 70 millones de bolivianos en ese departamento, lo que ha paralizado la atención en centros públicos. Fernández advirtió que el problema es nacional y que los pacientes han enviado múltiples cartas al Ministerio de Salud sin obtener respuesta. Por ello, decidieron acudir directamente al Ministerio de Economía y evalúan medidas de presión como vigilias en La Paz.

Además del retraso en los pagos, los pacientes enfrentan una grave falta de infraestructura, medicamentos y equipos adecuados. Fernández señaló que los hospitales públicos no logran cubrir la demanda y deben recurrir a servicios externos, lo que agrava la crisis. En Bolivia, más de 6.400 personas padecen enfermedad renal, y los casos aumentan entre 12 y 14% cada año, según el Programa Nacional de Salud Renal. La urgencia de una solución es vital para garantizar el derecho a la salud de miles de ciudadanos.

El Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED La Paz) ha registrado 15 denuncias de acoso y violencia política en lo que va de 2025, una cifra que refleja la persistencia de prácticas que vulneran los derechos de autoridades electas, especialmente concejalas. La presidenta del TED, Zonia Yujra, expresó su preocupación por el incumplimiento de la Ley 243, que debería proteger a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas.

Entre los principales agresores figuran los suplentes, quienes presionan a las autoridades titulares para que renuncien, utilizando mecanismos como amenazas, ciberacoso y campañas de desprestigio. Esta situación ha derivado en 12 renuncias durante el año, una de las cuales fue rechazada por el TED por no cumplir con los requisitos legales. Yujra enfatizó que el control político no debe ser motivo de hostigamiento, sino una función legítima dentro de la gestión pública.

El TED La Paz ha instado a todas las instituciones públicas, incluidas las Entidades Territoriales Autónomas, a implementar acciones concretas de prevención y concientización. Además, recordó que el artículo 10 de la Ley 243 asigna responsabilidades específicas al Ministerio de Justicia y al Órgano Electoral Plurinacional para garantizar la aplicación efectiva de esta norma. “No basta con tener una ley; es necesario que se cumpla y se respete en todos los niveles del Estado”, concluyó Yujra.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha reiterado su preocupación por el estado crítico del Cerro Rico y exige que las autoridades mineras cumplan con el plazo de 31 días establecido para presentar informes sobre las acciones tomadas para preservar esta emblemática montaña. La organización advierte que la explotación por encima de la cota 4.400 continúa poniendo en riesgo la estructura del cerro, considerado patrimonio histórico y cultural de Bolivia.

Alberto Pérez, presidente de Comcipo, anunció que se iniciarán acciones legales contra el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras entidades responsables, por el incumplimiento de una sentencia constitucional que ordena la protección del Cerro Rico. Según Pérez, la falta de voluntad política y técnica ha agravado el deterioro del yacimiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles.

Comcipo ha reunido una serie de documentos y antecedentes que serán presentados ante el Ministerio Público como parte de su denuncia formal. La organización cívica sostiene que no se puede seguir postergando la aplicación de medidas concretas para salvaguardar el cerro, y que es deber de las autoridades cumplir con las normativas vigentes que garantizan la conservación del patrimonio potosino.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que hasta la fecha se desconoce el paradero de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, quien es requerido en un proceso judicial por violencia doméstica. Mariaca anunció que se está gestionando ante la Interpol la activación de sellos para facilitar la captura del procesado.

Mariaca señaló este lunes que la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira sigue vigente; el joven está acusado de haber agredido a su pareja, causando una incapacidad de 12 días. La orden fue entregada a la Policía para su ejecución, y esa institución tiene la responsabilidad de localizarlo para que se someta al proceso legal correspondiente.
El fiscal agregó que la Policía puede solicitar a la Fiscalía órdenes de allanamiento si es necesario para su captura. Asimismo, enfatizó que se están empleando todos los recursos disponibles para dar con su paradero.

Ante la falta de información sobre su ubicación, se solicitará a Interpol la activación de sellos rojo o azul, que permiten detener al implicado dentro o fuera del país y desencadenar los procedimientos para su extradición en caso de ser necesario.
Cabe recordar que la orden de aprehensión se emitió el 19 de septiembre pasado, luego de lo cual el presidente Arce declaró que sus hijos deben asumir su defensa ante cualquier acusación.

Una comisión integrada por dirigentes del sector transporte visitará la Planta de Senkata y realizará inspecciones en diversas estaciones de servicio para evaluar la calidad de la gasolina y el diésel que se comercializan en el mercado interno.

“Se ha acordado con el sector transporte conformar una comisión de dirigentes para que puedan acompañar las verificaciones de control de calidad que realiza la ANH, que si bien ya efectúa estas inspecciones, ahora se suma el autotransporte para una verificación social”, explicó Orlando Pozo, director de Comercialización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Esta acción surge tras una protesta de transportistas que bloquearon las inmediaciones de la ANH en La Paz, exigiendo que la entidad se haga responsable por las reparaciones de vehículos dañados presuntamente por la mala calidad del combustible.

El funcionario aseguró que «se están cumpliendo los parámetros de calidad», pero adelantó que se reforzarán los controles para responder a las denuncias del sector.
En la mañana de este lunes, el director de la ANH, Joel Callaú, se reunió con representantes de la Confederación Nacional del Transporte Libre de Bolivia y de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka para buscar soluciones que permitan poner fin a la protesta.