La tragedia ocurrida durante el “Festi Saracho” en Oruro ha derivado en una investigación más amplia por parte del Ministerio Público, que ahora incluye presuntos delitos de corrupción pública. Además de las muertes provocadas por avalanchas humanas, la Fiscalía busca esclarecer el manejo de los fondos recaudados por la venta de entradas, que según testigos fueron distribuidas entre los estudiantes para su comercialización a Bs 30 cada una.

El fiscal departamental Aldo Morales informó que se han solicitado los registros financieros del evento para determinar cuántas entradas fueron vendidas y a qué precio, ya que se reportó que en la puerta del colegio se ofrecían hasta en Bs 50. También se investiga el uso indebido de bienes estatales y tráfico de influencias, dado que el festival no contaba con autorización oficial de la Dirección Distrital de Educación, aunque sí recibió permiso de un funcionario municipal.

La Fiscalía ha convocado a declarar a docentes, padres de familia y autoridades locales, mientras se revisan videos del interior y exterior del recinto que superó su capacidad en más del triple. Morales enfatizó que se busca establecer la verdad material y que ningún responsable quedará al margen. La directora del colegio y el vocalista del grupo musical fueron aprehendidos, aunque ambos ya enfrentan medidas cautelares distintas.

La Fiscalía General del Estado reiteró que la localización y captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, es competencia exclusiva de la Policía Boliviana. El joven está acusado de violencia de género y permanece en paradero desconocido desde hace más de una semana. El Ministerio Público ya emitió la orden de aprehensión y autorizó allanamientos, pero subraya que la ejecución de estas medidas corresponde a la fuerza policial.

El fiscal general Roger Mariaca explicó que, ante los indicios de riesgo de fuga y obstrucción del proceso, se procedió a emitir la orden sin previa citación. La denuncia fue atendida por la Fiscalía Especializada en razón de género de Santa Cruz, que también recopiló pruebas como el informe forense, la evaluación psicológica de la víctima y el análisis de los trabajadores sociales. Todo este material fue entregado a la Policía para facilitar la aprehensión.

Como medida preventiva, se activó una alerta migratoria para evitar que el acusado abandone el país. Mariaca aseguró que se ha instruido un seguimiento riguroso del caso y reafirmó el compromiso del Ministerio Público de no tolerar actos de violencia contra las mujeres. La víctima, quien presenta 12 días de impedimento físico, espera que se haga justicia mientras continúa la búsqueda del presunto agresor.

Entre 2021 y 2025, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró descubrir hidrocarburos mediante ocho pozos exploratorios exitosos en el departamento de Santa Cruz, contribuyendo significativamente al desarrollo de la región.

Estos proyectos de perforación forman parte de una cartera total de 57 pozos, entre exploratorios y estratigráficos, que YPFB ejecuta bajo el Plan de Reactivación del Upstream (PRU) en todo el país.

“Son proyectos de impacto que tienen un gran potencial de hidrocarburos. El país se encuentra en una situación de producción en declinación, razón por la cual se debe seguir explorando”, indicó Mayra Campos Daza, gerente de Administración Técnica de Contratos y Evaluación E&E de YPFB.

Entre los proyectos exitosos en Santa Cruz operados por YPFB destacan Yarará-X1, Yarará-X2, Yope-X1 y Remanso-X1. Los pozos Curiche-X1010 y Curiche-X1011 son administrados por Fluxus Bolivia S.A., mientras que Florida-X2D está bajo la operación de YPFB Chaco S.A., y Sirari-WX1 pertenece a YPFB Andina S.A. Además, el Campo Yarará tiene una producción estimada de 454 barriles de petróleo por día (BPD) con un grado API de 51º.

Con la finalidad de continuar expandiendo la exploración hidrocarburífera mediante la identificación de nuevos prospectos, se ejecuta el proyecto “EXPLOR. SÍSMICA EN TATARENDA DEL DPTO. DE SANTA CRUZ”, ubicado en las provincias Cordillera y Vallegrande. Este proyecto cuenta con una inversión de Bs102 millones y se desarrollará durante 2025 y 2026.

La estrategia de YPFB busca aumentar la producción de hidrocarburos y reponer reservas optimizando los recursos en exploración y explotación a nivel nacional.
YPFB, sus subsidiarias y las compañías petroleras contratadas, llevan adelante acciones orientadas a incrementar la producción hidrocarburífera del país.

Durante el 80° Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, 32 países en desarrollo sin litoral llevaron a cabo una reunión ministerial de alto nivel en la que discutieron políticas y estrategias económicas para enfrentar los retos derivados de su aislamiento geográfico.

En esta oportunidad, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, presidió la cita, recordando que su país perdió temporalmente el acceso al mar tras una guerra en 1879. La canciller enfatizó que el enclaustramiento marítimo boliviano fue producto del uso de la fuerza, situación reconocida en dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia.

Asimismo, la ministra Sosa reafirmó que Bolivia «hará valer todos los derechos de los Estados ribereños establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», una vez logre recuperar su acceso soberano al Océano Pacífico mediante negociaciones beneficiosas para ambas partes.

La reunión, bajo el lema «De la aspiración a la acción: Promover el desarrollo sostenible en los países en desarrollo sin litoral a través del Programa de Acción de Awaza», puso de manifiesto cómo esta condición limita el acceso a mercados internacionales, encarece el comercio exterior, dificulta la diversificación económica y genera carencias en infraestructura y conectividad digital, aumentando la brecha con países con salida al mar.

Durante el intercambio, los delegados coincidieron en la importancia de fortalecer el multilateralismo para asegurar la inclusión y el desarrollo sostenible. «Somos países con resistencia y perseverancia, ninguna limitación geográfica pudo impedir que continuemos luchando por un futuro sostenible, seguro y próspero. Como dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, juntos podemos transformar la geografía, de una barrera en un puente que conecte mercados, pueblos y culturas», destacó la canciller boliviana.

Estos 32 países sin litoral, que suman 606 millones de habitantes, enfrentan elevados costos de transporte, dependencia en productos básicos y obstáculos persistentes para acceder a los mercados globales. Según los datos presentados, los PDSL contribuyen solo con el 0,8% del valor agregado manufacturero mundial y con el 0,3% de las exportaciones manufactureras. Además, el acceso a internet es limitado, con un promedio del 39% (44% en hombres y 35% en mujeres), lo que subraya la necesidad urgente de invertir en infraestructura, innovación y educación.

El comercio y la integración regional también se ven afectados, pues los costos logísticos de los PDSL resultan un 63% más altos que los de los países de tránsito. Su participación en las exportaciones mundiales de mercancías cayó de 1,17% a 1,15% en 2024, pese a un ligero aumento en el valor total exportado, que llegó a los 281.720 millones de dólares.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Serecí La Paz, llevó a cabo una reunión de coordinación con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) para asegurar el desarrollo técnico y operativo de la transmisión del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) en vista de la segunda vuelta electoral programada para octubre”, informó el Serecí.

El Sirepre es la plataforma web oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) que proporciona el conteo rápido de votos en tiempo real. Fue desarrollado por funcionarios del OEP. La Dirección Nacional de Procesos Electorales (DNPE) dirige la coordinación estratégica y operativa del sistema, mientras que la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (DNTIC) se encarga del diseño, desarrollo, mantenimiento, seguridad y publicación de los resultados preliminares en los canales oficiales del OEP.

Este sistema se utilizó con éxito el 17 de agosto durante la primera vuelta de las elecciones generales, mostrando resultados consistentes con el conteo oficial final, que ubicó a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como ganador con el 32,06%, y a Jorge Quiroga, de la Alianza Libre, en segundo lugar con el 26,70%. Es importante destacar que los resultados del Sirepre no son vinculantes.

Para asegurar un proceso electoral eficiente, se realizó una capacitación a los coordinadores del Sirepre, donde se trataron aspectos relacionados con el proceso electoral y se compartieron experiencias sobre los roles del operador de transmisión y del jurado electoral.

Después de 17 años prófugo, el ex sacerdote Juan José Santana Trinidad fue detenido hoy por Interpol en su vivienda en Salto, Uruguay. Santana está sindicado de abusar sexualmente de al menos 30 niños quechuas entre 2005 y 2007 en el internado “Monseñor Ángel Gelmí” ubicado en Tapacarí, Cochabamba. Esta captura representa un avance significativo en uno de los casos más graves de pederastia clerical en Bolivia.

El internado alojaba a 72 niños de entre 6 y 17 años. En 2007, una religiosa descubrió los abusos, y los testimonios de las víctimas confirmaron los hechos. La denuncia fue presentada al entonces arzobispo Tito Solari, quien, tras una investigación rápida de 20 días, reconoció públicamente que “uno de nuestros sacerdotes ha cometido abusos” y ofreció apoyo psicológico a los afectados. Para ese momento, Santana ya se había fugado a Uruguay, refugiándose en la casa de sus padres.

Santana enfrenta cargos por violación sexual, abuso en estado de inconsciencia y agresión sexual agravada. En 2010, fue hallado por el diario chileno La República, donde admitió: “Son ciertas. Es lo que te puedo decir; sabés una cosa, estoy muerto”. Más tarde, en entrevistas con medios bolivianos y uruguayos, evitó dar declaraciones profundas, limitándose a decir que se sentía “destrozado” y prefería “no decir nada”.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes exige su pronta extradición para que sea juzgado en Bolivia. Además, alertan que el patrón de abusos detectado en Tapacarí se repite en otros internados como Pojo, Charagua y Tacata, donde también se han documentado agresiones sistemáticas contra menores indígenas. La impunidad y el encubrimiento institucional continúan siendo reclamos fundamentales de las víctimas.

En 2011, la Iglesia Católica le revocó oficialmente el estado sacerdotal, aunque no impulsó procesos penales. Con esta detención, se abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para los sobrevivientes. La extradición está en proceso, y organizaciones de derechos humanos exigen que el Estado boliviano garantice un juicio transparente, reparador y ejemplar.

El diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), miembro de la comisión que investigó a Botrading, detectó otra posible irregularidad en torno a la empresa subsidiaria creada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Paraguay. Según la denuncia, la representante legal de Botrading habría incurrido en un conflicto de interés al contratar sus propios servicios legales.

UNITEL obtuvo un documento en el que Sandra Otazú aparece como presidenta de Botrading. Al contratar servicios legales para la empresa, aparentemente se auto contrató. En una adenda al contrato de servicios de 2024 se menciona que “Botrading, Sociedad Anónima, constituida en Paraguay, con domicilio legal en Washington casi Juan de Salazar N° 597, de la ciudad de Asunción, representada en este acto por Sandra Otazú”. También se indica la intención de celebrar una adenda al “Contrato de Servicios de Gestión Corporativa, Servicios Contables y Fiscales, Asesoría Laboral, firmado el 29 de febrero de 2024”.

Al final del contrato, Sandra Otazú firma en calidad de representante legal de Botrading, y la misma rúbrica aparece también como representante legal de la firma ALC S.A., la cual fue contratada para prestar esos servicios legales, lo que evidencia que se contrató como su propia abogada.

Según los informes de Carabineros, el narcotraficante boliviano trasladó 110 kilos de drogas desde Santa Cruz hacia Chile. Estados Unidos confirma que el cargamento estaba destinado a llegar finalmente a Nueva York. La Corte Suprema de Chile recibió formalmente la petición de EE.UU. para detener y extraditar a Eduardo Hurtado Céspedes, acusado de traficar cocaína desde Santa Cruz al área de Nueva York. Esta causa judicial comenzó después de que la fiscalía de Nueva York enviara una carta rogatoria y el 8 de septiembre imputara al boliviano por “conspiración para distribuir” cocaína en esa ciudad.

Eduardo Hurtado no era un simple operador: en Santa Cruz de la Sierra producía su propia droga sin intermediarios y construyó una red transnacional estrictamente protegida. En 2023, traficó cocaína desde Bolivia por Perú hacia Chile, donde ingresó 110 kilos valorados en más de dos millones de dólares. La investigación determinó que él supervisaba cuidadosamente la logística, usando camiones hasta Perú y luego ingresando la droga por el norte de Chile. En Santiago, una mujer custodiaba la bodega donde se almacenaba la cocaína que venía de Santa Cruz.

Para evitar riesgos, Hurtado prohibía el uso de teléfonos celulares durante las entregas, impidiendo el rastreo policial, y sólo trabajaba con compatriotas, lo que aumentaba la confidencialidad de sus operaciones. El 13 de febrero de 2023, en un restaurante de Independencia, Chile, planeaba cerrar un segundo negocio de 80 kilos de cocaína tras haber vendido 30 para «probar» a sus compradores. Sin embargo, el Departamento de Drogas de Carabineros (OS7) y la Fiscalía Sur lo seguían y lograron detenerlo con la droga confiscada. La justicia estadounidense afirma que la cocaína incautada tenía como destino Nueva York y que “las organizaciones criminales transnacionales no respetan fronteras”, señalando que las acciones de Hurtado perjudicaron directamente a sus ciudadanos.

Según el medio 24 Horas, la Corte Suprema de Chile deberá designar a un ministro instructor para analizar las diferencias legales entre los cargos en EE.UU. y las leyes chilenas, representando al país el Ministerio Público durante el proceso. La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema podrá confirmar o revocar la decisión inicial y decidir si Eduardo Hurtado Céspedes será extraditado a EE.UU. o enfrentará justicia en Chile.