La crisis de combustible en Bolivia está generando un impacto severo en el transporte de carga, especialmente en Santa Cruz, donde el dirigente Juan Yucra advirtió que la falta de diésel ha reducido drásticamente la salida de camiones. Según sus declaraciones, si antes circulaban 100 unidades, ahora apenas lo hacen entre 20 y 30, afectando el abastecimiento nacional y elevando los costos de los fletes.

Yucra también denunció que los transportistas enfrentan largas filas en los surtidores, llegando a esperar hasta tres días para repostar. Asegura que las autoridades hacen compromisos y firman acuerdos que no se cumplen, lo que genera frustración y pérdidas económicas. “No podemos ni llegar a nuestras casas después de un viaje, esto ya no se sostiene”, lamentó.

Además de la escasez, el dirigente alertó sobre la baja calidad del diésel, señalando que el combustible estaría adulterado, lo que daña los motores y reduce la vida útil de los vehículos. Frente a esta situación, tanto transportistas como productores exigen medidas urgentes para evitar el colapso de la cadena productiva en el oriente del país.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó su equipo económico conformado por 30 especialistas en áreas clave de las finanzas públicas, con el objetivo de enfrentar la crisis que atraviesa Bolivia. José Gabriel Espinoza, jefe del equipo, destacó la diversidad técnica del grupo y subrayó que la gestión de un país requiere más que el esfuerzo de una sola persona, en alusión a Jorge Tuto Quiroga.

Espinoza explicó que el equipo del binomio Rodrigo Paz-Edman Lara incluye expertos en hidrocarburos, política fiscal, y relaciones internacionales, entre otros. Además, resaltó que la reciente visita del candidato presidencial a Estados Unidos tuvo como propósito fortalecer vínculos con organismos multilaterales y actores del sector privado, más allá de la búsqueda de financiamiento inmediato.

El economista, exdirector del Banco Central de Bolivia, ya había liderado el equipo económico de Alianza Unidad en la primera vuelta. Tras el triunfo del PDC, se integró al nuevo proyecto político. Por su parte, Ramiro Cavero encabeza el equipo económico de Alianza Libre, acompañando a Quiroga en gestiones similares en el exterior, de cara a una posible segunda vuelta.

El secretario general de la Federación de Campesinos de Pando, Elviz Zela, expresó su preocupación por la escalada del precio del diésel en el mercado negro, donde aseguró que el litro puede llegar a costar hasta Bs 30. Zela explicó que este aumento afecta directamente la economía de las familias productoras en las zonas rurales y exigió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que cumpla con los compromisos acordados en actas firmadas tras movilizaciones anteriores.

“Continúan nomás los sobreprecios y eso es lo que nos preocupa, porque eso ataca al bolsillo, a la economía de las familias en el campo. Estaba entre los Bs 15 o 20. Ahorita está de Bs 30 para arriba”, lamentó el dirigente en una entrevista.
Elviz Zela agregó que esta problemática es especialmente grave en las comunidades más alejadas de la capital pandina, donde la especulación y los sobreprecios de los revendedores persisten debido al incumplimiento de los acuerdos con la petrolera estatal para desactivar las protestas sectoriales.

“Nosotros todavía seguimos preocupados porque en nuestras comunidades, en el área más dispersa a la capital, todavía hay el sobreprecio, la especulación de los revendedores y eso no está bien”, subrayó.
Finalmente, el secretario calificó esta situación como un atropello contra las comunidades productoras y demandó una respuesta concreta de las autoridades competentes. “En mi lenguaje, ese sobreprecio así exagerado para mí es robo”, concluyó.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, afirmó este lunes que el expresidente y líder cocalero Evo Morales “tiembla de miedo” ante la posibilidad de que la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) retorne a Bolivia, tras sus declaraciones contrarias a esa propuesta en el actual proceso electoral.

“Evo Morales está temblando de miedo porque sabe que si la DEA viene al país él va a ser investigado porque sabemos que es un narcopolítico, sabemos que el Chapare es tierra de nadie donde prácticamente se esconden peces gordos del narcotráfico”, aseguró Astorga, relacionando al exmandatario con actividades ilícitas en el Trópico de Cochabamba.
El diputado anticipó que el eventual retorno de la agencia estadounidense implicaría la exposición de vínculos entre Morales y su entorno con el narcotráfico, la eliminación de la protección que supuestamente reciben los «peces gordos» y la restricción de la producción de drogas en el Chapare.

Cabe recordar que en noviembre de 2008, Morales suspendió y expulsó indefinidamente las operaciones de la DEA en Bolivia, acusándola de injerencia política, espionaje y financiamiento a grupos opositores. Por aquel entonces, el Departamento de Estado de EE. UU. advirtió que la medida podría aumentar la producción de cocaína en el país.

Ante la ola reciente de delitos relacionados con el narcotráfico, ajustes de cuentas y secuestros, Astorga afirmó que “el narcotráfico ha invadido a nuestro país y la única forma de recuperar Bolivia de los narcotraficantes es que vuelva la DEA, que existan acuerdos con países vecinos para evitar que peces gordos ingresen a nuestro país”. Esta propuesta coincide con la campaña de Jorge Tuto Quiroga.
Por su parte, Evo Morales manifestó en su programa dominical que “la DEA, por Constitución, ningún armado extranjero puede estar en Bolivia” y criticó a los candidatos que plantean su regreso, asegurando que “no conocen la Constitución”.

La fiscal especializada en delitos de género, Jessica Echeverria, confirmó este lunes que se efectuó un allanamiento en el departamento de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, para ejecutar una orden de aprehensión en su contra por una denuncia de violencia familiar, a pesar de enfrentar intentos de obstrucción que incluyeron el cambio de claves de acceso al edificio. Durante el operativo fue arrestado uno de los trabajadores del inmueble por presuntamente impedir el ingreso de las autoridades.

“Como es de conocimiento público, la Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión en contra del denunciado Marcelo Arce, quien ha sido el día viernes denunciado por quien sería su pareja por el delito de violencia familiar. Por eso es que la suscrita fiscal ha actuado con la celeridad y la debida diligencia y se ha procedido a realizar una serie de actos porque hasta este momento nosotros no hemos tenido en ningún momento conocimiento de dónde está quien hoy ha sido denunciado”, declaró Echeverria a los medios.

La fiscal explicó que el allanamiento tuvo lugar en el apartamento que Arce Mosqueira compartía con su pareja, donde habrían ocurrido los hechos de violencia. “Es importante recalcar y aclarar que el Ministerio Público va a actuar con todo el rigor de la ley, sin importar sea hijo de quien sea o pariente de quien sea. Todos son iguales ante la ley”, enfatizó.

Echeverria reveló que enfrentaron varios obstáculos, pues se dieron instrucciones a los trabajadores del edificio de prohibir el ingreso del personal del Ministerio Público y la Policía, negándose a entregar llaves o códigos de acceso. “Sin embargo, a pesar de todo este tipo de situaciones, el Ministerio Público junto con la Policía logra ingresar al apartamento”, añadió la autoridad.

La investigación se basa en la denuncia de Mary Carmen Cuéllar Balderas, ex miss Tarija, quien presenta 12 días de impedimento médico según evaluación forense. La fiscal indicó que la víctima declaró haber sufrido agresiones “en reiteradas ocasiones”, motivo por el cual se abrió la investigación. Como parte de las pruebas, la fiscalía secuestró un DVR en el lugar.
Consultada sobre la aprehensión de los trabajadores, Echeverria confirmó que «hemos traído hasta esta instancia a distintas personas para que puedan dar su declaración y poder llegar a quien dio la instrucción de no permitirnos el ingreso al lugar» y agregó que no se descarta presentar nuevas imputaciones por obstrucción a la justicia.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, declaró este lunes que los principales responsables de la tragedia sucedida en el coliseo del Colegio Misael Saracho de Oruro son los organizadores y el plantel administrativo del centro educativo. Ellos autorizaron y realizaron la fiesta por el Día del Estudiante sin contar con los permisos necesarios de la Alcaldía ni de la Dirección Departamental de Educación. Sin embargo, cada uno de estos actores intenta “lavarse las manos” ante el suceso que dejó una joven de 18 años fallecida y otra menor internada en terapia intensiva.

“Autoridades que no hacen cumplir la norma, como en este caso la Alcaldía o la Dirección Distrital de Educación, que no autorizaron esa fiesta estudiantil en un establecimiento de Oruro. Y, por otra parte, los propios organizadores del evento, que no respetan la norma. Hoy cada uno quiere lavarse las manos, diciendo yo no había autorizado o yo no sabía, pero lo cierto es que hay una persona fallecida. Esto amerita una investigación y sanción”, afirmó Silva.

El viceministro explicó que se ha ordenado al personal de Oruro recopilar antecedentes para aplicar sanciones administrativas o, de ser necesario, presentar denuncias ante el Ministerio Público, ya que la investigación está en curso para determinar a los responsables de empujar las barandas que cayeron sobre las dos jóvenes.

“Quienes organizaron o autorizaron este evento fueron miembros del plantel administrativo de la unidad educativa, autorizando y organizando la actividad sin la participación de la Policía Boliviana, la Alcaldía o la Dirección Distrital de Educación. Sin embargo, esto no excluye responsabilidades, porque hay hechos que no requieren invitación para intervenir”, agregó Silva.
La tragedia, provocada por la caída de una barranda tras una avalancha humana causada por personas que empujaron la puerta para ingresar por la fuerza, dejó como saldo una víctima fatal y otra en estado grave. Silva remarcó que la falta de control y medidas de seguridad dentro del establecimiento educativo fue una de las causas principales del incidente.

El viceministro insistió en que, tratándose de un espectáculo público, la unidad educativa debería haber garantizado acciones preventivas para evitar la tragedia. En relación al caso, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de la directora del colegio y del cantante del grupo cumbiero, solicitando detención domiciliaria por el delito de homicidio culposo. En caso de ser declarados culpables, la pena prevista es de tres años de cárcel, considerada mínima y que no implicaría prisión efectiva en ninguno de los casos.

La tarde de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en el carril de bajada de la autopista La Paz – El Alto, donde estuvieron involucrados al menos cuatro vehículos. El choque múltiple ocurrió cuando un minibús de transporte público impactó de frente contra un camión que transportaba GLP, además de colisionar con otros dos vehículos particulares.

El personal de bomberos que atendió la emergencia informó preliminarmente que habría una persona fallecida en el lugar. Hasta el momento no se tiene información precisa acerca de heridos.
Las autoridades de la Policía de Tránsito trabajan en la investigación del accidente y se espera que en las próximas horas se emita un informe detallado sobre las causas y consecuencias del hecho.

El accidente generó congestión vehicular en la zona y movilizó a los cuerpos de emergencia para brindar asistencia y asegurar la escena del incidente.

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que el Ministerio Público logró demostrar que Jhojan P.M., de 18 años, es responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, ocurrido en diciembre de 2024 en la zona del Estadio Patria, contra su expareja de 19 años. Por este motivo, el pasado martes, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Nº 1 impuso una condena de 20 años de prisión, a cumplirse en el penal San Roque de Sucre.

Durante el juicio oral, público y contradictorio, la Fiscalía presentó pruebas sólidas como el formulario de denuncias, certificado médico forense, historial de denuncias previas del acusado, informes psicológico y social, grabaciones de cámaras de seguridad, anticipos de prueba en Cámara Gesell y testimonios que confirmaron la autoría del delito, explicó Nava Morales.
El Fiscal a cargo, Fabricio Daza, detalló que el 21 de diciembre de 2024, Jhojan P. M. llegó a la vivienda donde su exnovia, Ana B.C.R., se encontraba con amigos, consumiendo bebidas alcohólicas. Allí, sacó un cuchillo y la agredió mientras intentaba quitarle el celular. Luego, ambos salieron a la calle, donde el agresor la estranguló y golpeó repetidamente, impidiendo que ella escapara. Finalmente, un amigo de la víctima llegó en vehículo y la ayudó a huir para denunciar el ataque en la Policía.

Las agresiones quedaron registradas por cámaras de seguridad de viviendas cercanas, y las imágenes se difundieron ampliamente, generando un rechazo generalizado en la población de Sucre. De acuerdo con antecedentes, el agresor había sido sometido en varias ocasiones a la Justicia Penal Juvenil.
La condena ejemplar busca no solo hacer justicia en este caso, sino también enviar un mensaje contundente contra la violencia de género y proteger a las víctimas en la región.