Desde este lunes 22 de septiembre, los ciudadanos sorteados como jurados electorales para la segunda vuelta presidencial tienen siete días para presentar excusas justificadas ante los tribunales electorales departamentales. Las causas válidas incluyen enfermedad, embarazo, edad mayor a 60 años, fuerza mayor o traslados laborales imprevistos, y deben estar respaldadas por documentación oficial. En zonas rurales, se aceptarán certificados médicos locales, según confirmó Sonia Yujra, presidenta del TED de La Paz.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) advirtió que quienes no presenten excusas dentro del plazo o incumplan sus funciones como jurados enfrentarán sanciones económicas. Las faltas leves, como no asistir a reuniones o ausentarse sin permiso, pueden acarrear multas de hasta Bs 825. En casos graves, como abandonar la mesa sin justificación o negarse a firmar el acta electoral, la sanción asciende a Bs 1.375, equivalente al 50 % del salario mínimo nacional.

Además de cumplir con sus funciones el día de la elección, los jurados deberán asistir a una capacitación obligatoria entre el 26 de septiembre y el 15 de octubre en áreas urbanas, y del 7 al 16 de octubre en zonas rurales. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, recordó que esta es la primera vez que Bolivia realiza un balotaje, y que los jurados serán protagonistas clave en el control de las más de 34.000 mesas habilitadas. El trámite de excusa también puede realizarse en línea a través de la plataforma ciudadana del OEP.

Durante su programa dominical en Radio Kawsachun Coca, Evo Morales y el diputado Héctor Arce del MAS lanzaron duras críticas contra las fórmulas presidenciales opositoras. Arce señaló una “descoordinación total” entre Rodrigo Paz y Edmand Lara, candidatos del PDC, al considerar que sus propuestas no están alineadas y que Lara no comprende el rol institucional del vicepresidente. Morales respaldó esta postura, calificando la situación como preocupante para el electorado boliviano.

El expresidente también arremetió contra la dupla de la alianza Libre, compuesta por Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco. Morales cuestionó la doble nacionalidad de Quiroga y la falta de respuesta sobre el estatus de sus hijos, insinuando que esto podría comprometer la soberanía nacional. Además, Arce recordó que el padre de Velasco estuvo vinculado a la quiebra del Banco Fassil, lo que, según él, genera dudas sobre la credibilidad del binomio.

Morales fue consultado sobre la nacionalidad española de Rodrigo Paz, pero afirmó no tener información al respecto, aunque insistió en que el caso de Quiroga está “totalmente confirmado”. Finalmente, advirtió que cualquier intento de reintroducir a la DEA en Bolivia violaría la Constitución, que prohíbe la presencia de fuerzas extranjeras armadas en el país, reforzando su postura de defensa de la soberanía nacional.

La Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género de Santa Cruz emitió este sábado una orden de aprehensión contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano Luis Arce, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, según el artículo 272 bis del Código Penal. El mandamiento, firmado por la fiscal Jessica R. Echeverría Bravo, instruye a cualquier funcionario policial proceder a la aprehensión “en cualquier hora y día hábil”, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

Esta medida responde al caso FUD: 1110/2025, iniciado tras la denuncia de Mary Carmen Cuéllar Balderas, quien se identifica como víctima.
Horas antes de que se diera a conocer el mandamiento, el presidente Arce afirmó en sus redes sociales que todas las denuncias contra sus hijos deben investigarse con el mismo rigor que las de cualquier otro ciudadano. “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan, como con cualquier otro ciudadano”, aseguró.

El fiscal general Roger Mariaca había anticipado el viernes que, en caso de que Luis Marcelo Arce Mosqueira no se presentara voluntariamente, el Ministerio Público podría ordenar su aprehensión para asegurar el avance de la investigación. Con el mandamiento ya emitido, la Policía Boliviana está autorizada para ejecutar la aprehensión en cualquier momento.

Un operativo conjunto entre la Intendencia Municipal y la Policía intervino la noche del viernes un bar ubicado en el pasaje Trigo del centro de La Paz, donde fueron detenidas 145 personas. El local operaba con la licencia de funcionamiento vencida y se detectó la presencia de menores de edad en su interior.

La intendenta municipal, Andrea Ascarrunz, informó que en el lugar se consumían bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Los arrestados fueron trasladados a la Unidad de Conciliación Ciudadana y Familiar, situada en la avenida Pando.

Durante la intervención, se decomisaron 86 botellas sin registro sanitario y cinco unidades de gelatina mezcladas con alcohol, consideradas de “dudosa procedencia”.
Ascarrunz señaló que varias mujeres encontradas en el establecimiento eran menores de edad, por lo que fueron derivadas a la Defensoría Municipal. La autoridad anunció que los controles se intensificarán en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana.

En una publicación en sus redes sociales, el presidente Arce manifestó su respeto hacia las leyes y normas vigentes. “Más allá de mi condición de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como ciudadano y como padre que respeta las leyes y normativa vigente en nuestro país, manifiesto enfáticamente que toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”, declaró.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del mandatario, fue denunciado por violencia familiar por parte de su pareja. El caso fue formalizado ante el Ministerio Público, que inició la investigación y dispuso diligencias en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para obtener un informe psicológico, entre otras pruebas, para continuar con el proceso penal.

La denunciante señaló haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, lo que motivó la pronta intervención del Ministerio Público. Mariaca también instó al denunciado a someterse a la justicia y a presentarse ante las autoridades correspondientes cuando sea citado para brindar su declaración informativa.

La adolescente acusada de apuñalar a su compañera de colegio fue enviada a detención preventiva por 45 días en el Centro de Rehabilitación para Menores Cervicruz, según la decisión de la juez del caso, quien valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El fiscal Raúl Rivero informó que, según las investigaciones, la agresora habría reaccionado de forma violenta debido al bullying que sufría en su entorno escolar.

Rivero señaló que la joven había sido víctima de abuso sexual tiempo atrás y que compartió esta experiencia con un grupo de amigas en quienes confiaba, entre las que se encontraba la víctima del ataque. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, su historia fue revelada y se convirtió en motivo de burlas por parte de sus compañeras.

Durante su declaración, la menor comentó que se “perdió” emocionalmente en el momento del suceso y que no recuerda con claridad lo ocurrido. En la audiencia también se estableció que recibirá atención psicológica dentro del centro de rehabilitación, con reportes mensuales sobre su estado emocional como parte de su tratamiento.

La defensa técnica argumentó que la menor fue revictimizada por su propio entorno, ya que sus amigas divulgaron el abuso, lo que generó un proceso de humillación constante que afectó profundamente su salud emocional.