El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó la tarde de este viernes que se recibió una denuncia penal contra Luis Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, por presuntos delitos de violencia familiar o doméstica. La denuncia fue presentada por una mujer que alega ser la concubina del denunciado, y el hecho ocurrió ayer.
“Como Ministerio Público, estando en audiencia hoy en el Palacio de Justicia, hemos tenido conocimiento de que una mujer, quien se identifica como concubina del señor Luis Marcelo Arce, presentó una denuncia formal por violencia familiar o doméstica. En ese sentido, se está procediendo con la denuncia”, declaró Mariaca.

La denunciante relató haber sufrido agresiones físicas y psicológicas, por lo que ya se ordenó la apertura de una investigación y la realización de peritajes psicológicos y médicos forenses.
El fiscal general exhortó a Luis Marcelo Arce a presentarse ante la justicia y enfrentar el proceso. “Convocamos y exhortamos al señor Marcelo Arce a someterse a la justicia y presentarse ante las autoridades competentes. De no hacerlo, corresponderá a la Policía ejecutar un mandamiento de aprehensión si así lo decide el fiscal o la comisión asignada al caso”, advirtió.

Mariaca enfatizó que no se tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres, ya sea física o psicológica. “Vamos a ser tajantes frente a estos hechos”, afirmó tras salir de la audiencia de acción de amparo constitucional realizada en la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz de la Sierra.

Una adolescente de la comunidad Los Tajibos, en Cotoca, Santa Cruz, fue enviada a un centro de reclusión para menores por 45 días mientras continúan las investigaciones en su contra. La joven está imputada por homicidio en grado de tentativa, luego de apuñalar a su compañera de colegio en medio de una clase, hecho que trascendió el miércoles pasado.
La víctima, una estudiante de 17 años, aún se recupera de las heridas, mientras que la agresora cumplirá su detención en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil “Nueva Vida Santa Cruz” (Cenvicruz).

El ataque estaría relacionado con una discusión sobre un antecedente de abuso sexual que la agresora denunció contra su tío, un hombre de 66 años acusado de haberla abusado desde que tenía ocho años. Este proceso judicial se encuentra paralizado tras la suspensión de la audiencia cautelar del imputado, situación que ha causado indignación en la familia y la defensa.

Durante la audiencia por el ataque, la Fiscalía mantuvo la imputación por homicidio en grado de tentativa, fundamentada en el uso del arma (un estilete) y los informes psicológicos. La defensa solicitó tratamiento especializado en lugar de detención preventiva, argumentando que la menor también es víctima de abuso y padece un fuerte trauma; sin embargo, el juez dictó la detención.
Además, la fiscal Rocío Medrano confirmó que la directora del colegio recibió medidas sustitutivas, como arraigo y la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público. Dos profesores, la regente y la portera del colegio, acusados de presunto encubrimiento, quedaron en libertad sin restricciones.

El fiscal Raúl Rivera, encargado del caso, afirmó que la agresión está comprobada: «El arma incautada y los informes psicológicos respaldan la imputación. El hecho puso en riesgo la vida de la víctima». Por su parte, la abogada de la menor insistió en que su defendida requiere atención psicológica intensiva y no la privación de libertad en un centro sin programas adecuados.
La comunidad educativa de Cotoca permanece consternada por la violencia ocurrida en el aula. Padres de familia exigen protocolos de prevención y mayor seguridad en las escuelas, mientras que el Ministerio Público sigue investigando para aclarar responsabilidades.
La víctima presenta tres heridas: una en la cabeza, otra en el brazo y un corte de 20 centímetros en el cuello, y se encuentra bajo atención médica y psicológica.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, informó que el Grupo de Reacción Inmediata Aduanero (GRIA) “La Paz” incineró un camión la madrugada de este viernes, alrededor de las 04:00 am, en la población de Achica Arriba, ubicada en el municipio de Viacha, provincia Ingavi, departamento de La Paz.

“Se trataba de un camión Volvo FH, que fue quemado debido a la resistencia de la población que intentó recuperar la mercadería incautada”, explicó Velásquez.
Según el reporte del Comando Estratégico Operacional (CEO), el camión transportaba ropa nueva y usada con un valor aproximado de Bs 400.000.

Desde enero, se han incinerado 33 vehículos, principalmente provenientes de la frontera con Chile, que intentaban ingresar mercadería ilegal mediante pasos clandestinos.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el CEO ejecutan estas acciones bajo el amparo de la ley 1053, que les faculta a destruir mercancías cuando los contrabandistas intentan recuperarlas y existe un riesgo significativo.

El artículo 181 del Código Tributario establece que la exportación agravada es un delito que puede ser sancionado con penas de hasta 14 años de cárcel.

El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, expresó su preocupación este viernes por las dificultades que enfrentan los importadores de vehículos legales en la Aduana Nacional, quienes sufren retenciones por observaciones mínimas, como raspaduras de apenas tres centímetros en autos de marca. Aseguró que cumplen con toda la normativa y pagan los impuestos correspondientes, pero aún así enfrentan trabas constantes, mientras surge la propuesta de legalizar autos sin documentación.

“El perjuicio es enorme para las casas importadoras que traen vehículos legalmente, con papeles en regla, porque compiten contra autos chutos que ingresan sin papeleo y casi a precio de costo”, explicó Encinas. Añadió que, aunque hay un estricto control de la Aduana, Impuestos Nacionales y la Autoridad de Empresas, el Decreto Supremo 2232 establece que no se aceptan vehículos con daños, ni siquiera menores. “Tenemos juicios por autos costosos retenidos por años debido a un daño de tres centímetros en el parachoques, pese a que estos daños están cubiertos por el seguro de transporte”, detalló.

El gerente agregó que, aunque los daños cuentan con seguro internacional desde la fábrica, la normativa actual impide la liberación de los vehículos, lo que genera pérdidas significativas y prolongados litigios. “Hay autos de alto valor retenidos por años en depósitos aduaneros solo por un pequeño rasguño”, lamentó.
Encinas remarcó que en Bolivia ser legal es muy costoso, ya que se paga alrededor del 50% en impuestos para importar vehículos, mientras con solo 2.000 dólares se intenta nacionalizar un auto chuto. Recordó que en 2011 muchos no pudieron pagar, solicitaban diferimientos, cancelaban cuotas iniciales, vendían los autos y dejaban de cumplir con los pagos, dejando a la Aduana encargada de cobrarlos.

Comentó que en años normales el sector importaba 60.000 vehículos por año, cifra que cayó a 35.000 durante la pandemia y subió a 45.000 después. Sin embargo, en 2024 solo se ingresaron 29.000 unidades y este año la cifra no superará las 16.000 debido a la falta de divisas, altos impuestos y competencia desleal de autos ilegales.
Frente a la propuesta de legalizar autos chutos planteada por uno de los candidatos presidenciales para la segunda vuelta, Encinas advirtió que esta medida dañaría aún más a los importadores legales. “Convocamos a candidatos y autoridades a asumir responsabilidades y debatir propuestas serias para el sector automotor, en lugar de impulsar políticas que fomentan la ilegalidad y ponen en riesgo la economía nacional”, concluyó.

El diputado Héctor Arce presentó este viernes una denuncia penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por presunto enriquecimiento ilícito debido a la compra sospechosa de bienes de lujo, incluyendo un penthouse en la zona Sur de La Paz. Con ironía, Héctor Arce catalogó a Rafael como “el gran magnate” al momento de presentar la denuncia en la Fiscalía de Sucre.

Según el legislador, entre mayo y junio de este año, Rafael Arce adquirió un penthouse de dos pisos en un condominio por $us 499.000, pago que habría realizado en efectivo. «La pregunta es de dónde, cuál es la procedencia de esos dineros, por qué pagó en efectivo y no hizo una transacción bancaria, dado que manejar esa cantidad de dinero en efectivo es riesgoso», cuestionó Arce.
Además, el diputado denunció que Rafael Arce Mosqueira compró dos parqueos por $us 36.000 —cada uno valuado en $us 18.000— y dos bauleras por un total de $us 20.000. También señaló que el hijo del presidente tendría en ese edificio vehículos Land Cruiser de alta gama valorados en $us 200.000.

El parlamentario subrayó que el total de estos bienes suma $us 755.000 y se dirigió al presidente Luis Arce cuestionando la procedencia de este dinero. «Señor Lucho Arce, usted decía ‘mi familia es inocente, mis hijos son inocentes’. Le pregunto: ¿de dónde sacó su hijo $us 755.000? Dé la cara y explique al pueblo boliviano», demandó.

Héctor Arce solicitó la aprehensión de Rafael Arce y el embargo de los bienes señalados, responsabilizando al Fiscal General en caso de que los activos desaparezcan. Explicó que decidió presentar la denuncia en Sucre porque considera que en La Paz los fiscales y jueces están sometidos al Ministerio de Justicia.
Este es el segundo caso que el diputado lleva contra Rafael Arce Mosqueira. El primero lo refiere a la compra del predio productivo Adán y Eva, que habría adquirido tras recibir millonarios créditos del Banco Ganadero cuando tenía alrededor de 25 años.

A casi cinco años desde la creación del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional (FIREDIN), el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural informó que mediante los créditos SIBOLIVIA se han desembolsado Bs 1.978,2 millones en 15.019 operaciones crediticias a nivel nacional. Este financiamiento tiene como meta principal fortalecer las unidades productivas, promover la producción nacional y sustituir importaciones.

El FIREDIN, establecido en diciembre de 2020 por el Decreto Supremo N° 4424, es un mecanismo financiero diseñado para reactivar la industria nacional, enfocándose en proveer recursos para capital de operación e inversión en empresas fabricantes de bienes de consumo final o intermedio. Su objetivo fundamental es sustituir importaciones y robustecer la industria nacional, con una segunda etapa orientada a estimular las exportaciones.

La mayoría de los créditos otorgados con fondos del FIREDIN a través de SIBOLIVIA se dirigieron a micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor del desarrollo productivo en Bolivia. De las 15.019 operaciones, 14.653 créditos —por un valor de Bs 1.089,8 millones— beneficiaron a microempresas, y 305 créditos, por Bs 447,6 millones, se entregaron a pequeñas y medianas empresas. Estos datos evidencian el compromiso del fideicomiso para democratizar el acceso a financiamiento y dinamizar la economía mediante apoyo al sector industrial más activo y vulnerable.

El monto de créditos otorgados ha ido creciendo anualmente: en 2021 se registraron Bs 658,8 millones, en 2022 Bs 1.279,8 millones, en 2023 Bs 1.559,2 millones, 2024 alcanzó Bs 1.775,4 millones y hasta agosto de 2025 ya sumaban Bs 1.978,2 millones.
Este respaldo financiero facilita créditos productivos con una de las tasas más bajas en la historia bancaria nacional, solo 0,5% anual. Estos recursos no solo permiten la compra de materias primas e insumos, sino también la modernización tecnológica y de procesos industriales, mejorando la competitividad de las empresas bolivianas tanto en mercados locales como internacionales.

Los créditos, canalizados a través del Banco Unión S.A. y el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., han beneficiado a todas las regiones del país, generando empleo, fortaleciendo cadenas productivas y contribuyendo a la sustitución de importaciones en sectores clave como alimentos, textiles, cuero, madera, metalmecánica, agroindustria y diversas manufacturas.
El FIREDIN se consolida así como un instrumento estratégico para impulsar la industrialización con enfoque en sustitución de importaciones, garantizar la provisión interna, crear empleos de calidad y proyectar la producción nacional hacia mercados globales.