El presidente Luis Arce manifestó este jueves su total oposición al proyecto de ley presentado por el senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas, que plantea suspender temporalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato constitucional correspondiente al periodo 2020-2025. Arce aclaró que el legislador no forma parte de la bancada oficialista.

“Como Gobierno Nacional nos oponemos absolutamente a este proyecto de ley y queremos dejar claro a la opinión pública que desconocíamos esta iniciativa y no participamos en ella ni en ninguna otra que pretenda alterar el orden democrático o constitucional, afectar el calendario electoral o poner en duda la labor del TSE. El Gobierno respeta estrictamente la Constitución Política del Estado y la voluntad popular expresada en las urnas”, aseguró el mandatario en sus redes sociales.

Arce solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que rechace el proyecto sin trámite cuando sea presentado y recordó la importancia de brindar certidumbre a la población frente a la segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre. “Poner en duda la elección pondría en riesgo la paz social que tanto hemos cuidado”, advirtió.

En este sentido, destacó que el Ejecutivo ya aprobó un decreto supremo garantizando el presupuesto para la realización del balotaje y reafirmó el compromiso con una transición democrática ordenada. “No hay posibilidad alguna de prórroga del mandato y el 8 de noviembre entregaremos la Presidencia a quien la población elija. Cualquier intento de extender el mandato es inconstitucional. La democracia y la voluntad popular deben respetarse”, puntualizó, refiriéndose a la segunda vuelta entre Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira.

Estas declaraciones surgen luego de que se conociera que el senador Pedro Benjamín Vargas presentó un proyecto para prorrogar el mandato constitucional 2020-2025, periodo que corresponde al gobierno de Arce. Además, recordó que los actuales vocales del TSE finalizarán funciones en diciembre, por lo que la ALP debe elegir a nuevas autoridades conforme al procedimiento establecido.

El diputado del MAS, Héctor Arce, presentó este jueves una denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, así como contra el actual gerente de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), José Luis M. N., y el exgerente William Ramiro V. C., por el presunto malgasto de 200 millones de bolivianos.

“En este momento presentamos una denuncia penal por un grave delito de corrupción con afectación patrimonial al Estado. Contamos con pruebas que sustentan esta acusación en relación a los hechos observados”, declaró Arce. La denuncia señala dos delitos penales: incumplimiento de deberes, que implica un daño económico al Estado, y encubrimiento.

El legislador explicó que la denuncia surgió tras una visita al predio estatal “El Tinto”, administrado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde se evidenció negligencia. “Se constató el abandono de maquinaria agrícola y equipos expuestos a la intemperie, que se dañaron por completo, además del deterioro de semillas de soya, maíz y trigo en descomposición. Se encontraron más de 400 bolsas inutilizables y un malgasto superior a los 210 millones de bolivianos”, detalló.

B-Agro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, fue creada en abril de 2022 y se dedica a la producción, procesamiento y comercialización de cultivos estratégicos como soya, maíz, trigo y sorgo.

La semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía investiga irregularidades en tres contratos relacionados con agroquímicos en la empresa estatal.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar inadmisible el Recurso de Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada, la defensa legal de la expresidenta Jeanine Añez prepara un nuevo recurso para insistir en la anulación de la condena de 10 años de prisión vinculada al caso de la crisis política de 2019.

El abogado de Añez explicó que esta sentencia representa «el principal obstáculo para la recuperación de la libertad de la exmandataria, lo cual implica que ella continuará detenida en el centro penitenciario de Miraflores». A pesar del revés, señaló que «esto no nos cierra la puerta a presentar un nuevo recurso, que es precisamente lo que hará la defensa de la expresidenta». Además, aclaró que los argumentos presentados en el recurso rechazado no fueron suficientes para que el TSJ accediera a revisar la sentencia.

El TSJ inadmitió el recurso porque, según informes preliminares, no se corrigieron las observaciones hechas por el magistrado relator. Sin embargo, existe la posibilidad de presentar una nueva solicitud de revisión, siempre y cuando se presenten fundamentos diferentes a los anteriores.

En su resolución, conocida el miércoles 18 de septiembre, la Sala Plena del TSJ explicó que se declara inadmisible el recurso presentado por Jeanine Áñez Chávez. La expresidenta buscaba anular la sentencia condenatoria de 10 años impuesta en 2022 por un tribunal ordinario de La Paz por el caso conocido como “golpe II”.

Añez y su defensa sostienen que la condena es ilegal, argumentando que, por su cargo, debería ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades, tal como ocurrió en sentencias recientes de casos EBA, Senkata y Sacaba, las cuales favorecieron a la exmandataria y ordenaron su excarcelación.

El empresario Marcelo Claure, cansado de las constantes quejas sobre la “guerra sucia” durante la campaña electoral, hizo un llamado a los candidatos para que abandonen la hipocresía y se enfrenten sin reservas. A pesar de que ambos frentes del balotaje firmaron un acuerdo para evitar la “guerra sucia”, las acusaciones continúan entre ellos.

A través de sus redes sociales, Claure expresó su fastidio por las constantes reclamaciones de los candidatos respecto a la falta de respeto al acuerdo, por lo que propuso un cambio de enfoque: “Dejemos la hipocresía: que se den con todo y muestren lo que realmente son. Así la gente decide por quién votar”, afirmó.

Durante la primera vuelta, Claure otorgó su apoyo a Samuel Doria Medina, quien resultó tercero en la carrera presidencial. Desde entonces, no ha declarado respaldo hacia ninguno de los aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró este jueves que el Gobierno no tiene conocimiento del proyecto de ley presentado recientemente por el senador masista Pedro Benjamín Vargas, que propone prorrogar el mandato presidencial y suspender temporalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Nosotros, bastante sorprendidos, escuchábamos este proyecto que, la verdad, desconocemos y no tenemos información al respecto. Tengan la certeza de que a nosotros nunca nos han consultado, el gobierno desconoce ese proyecto de ley”, afirmó Alcón en entrevista con radio Panamericana.
La autoridad sostuvo que el presidente Luis Arce y la bancada del Movimiento al Socialismo mantienen un firme compromiso con la democracia y confirman que la transición ocurrirá el 8 de noviembre.

La iniciativa presentada por el senador Vargas, alineado con la corriente androniquista, surgió a raíz de la pérdida de confianza en los vocales electorales. El proyecto establece la “prórroga del período de mandato constitucional 2020 – 2025 hasta la posesión de las nuevas autoridades electas del nuevo periodo constitucional”.
Asimismo, propone la suspensión temporal de las funciones de los vocales titulares y suplentes del TSE, designados el 19 de diciembre de 2019 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme al numeral 2 del Artículo 13 de la Ley N° 018 del 16 de junio de 2010.

Alcón subrayó la importancia de respetar el calendario electoral vigente en el país, que avanza hacia la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. “Hoy estamos en un escenario en el que se está preparando una transición, por primera vez se vive una segunda vuelta, y la población elegirá a un gobierno para el siguiente periodo. Eso es lo que debemos respetar como proceso democrático”, enfatizó.
Por su parte, el vocal del TSE, Francisco Vargas, rechazó la propuesta y destacó que cualquier intento de extensión o suspensión debe respetar el debido proceso y ajustarse al marco constitucional vigente.

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) rechazó la propuesta del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, de legalizar vehículos indocumentados, conocidos como «chutos», argumentando que esta medida perjudicaría uno de los sectores formales más significativos para la economía nacional.
Jhonny Salvatierra, presidente de la CAB, manifestó a EFE que la iniciativa de Paz resulta preocupante y lamentable, ya que perjudica a las empresas legales y genera una competencia desleal con el mercado de autos ilegales, que ascienden a cerca de un millón en Bolivia. Salvatierra destacó que este número representa “una avalancha” de vehículos que afectan seriamente al sector formal de importación.

El dirigente también explicó que desde que se comenzó a hablar sobre la posible legalización, se ha notado un incremento en el movimiento de personas en las fronteras, incluidos extranjeros, dedicados a la importación ilegal de estos vehículos, los cuales se presume provienen de actividades ilícitas como robo, contrabando y lavado de dinero.
Por su parte, Paz ha aclarado en varias ocasiones que su propuesta no busca fomentar el robo de autos, sino reconocer una realidad en el país donde muchas personas poseen “chutos”.
Según datos de la CAB, Bolivia cuenta con un parque automotor de 2.5 millones de vehículos, de los cuales 1.7 millones son autos legales, mientras que se estima que hay alrededor de un millón de vehículos ilegales circulando.

Salvatierra solicitó un mayor control en las fronteras para evitar que esta cifra aumente, ya que la entrada masiva de vehículos indocumentados podría agravar la actual crisis económica, caracterizada por la escasez de combustibles como diésel y gasolina, que están subsidiados por el Estado.
Además, la falta de liquidez en dólares desde comienzos de 2023 ha originado un mercado paralelo en el que el dólar alcanza casi 13 bolivianos, muy por encima del tipo de cambio oficial de 6.96. Esta situación dificulta la compra de vehículos nuevos en el extranjero, pese a que las marcas automotrices aseguran cobrar al tipo de cambio oficial, en algunos casos los precios se han duplicado debido al aumento en el costo de la divisa.

Salvatierra añadió que muchas empresas fabricantes se muestran reticentes a enviar más vehículos a Bolivia debido a los reclamos de clientes por daños en los motores causados por el tipo de combustible distribuido en el país.
Finalmente, cifras de la CAB indican que el sector automotor formal genera anualmente 3.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones provienen de impuestos por la importación legal de autos cero kilómetros.