La presencia de más de 30 guardias de seguridad acompañando al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha generado inquietud entre concejales de oposición. Escarlen Terrazas, representante del MAS-IPSP, anunció una solicitud formal de informe para esclarecer la cantidad de funcionarios asignados, sus funciones, salarios y el respaldo normativo de dicha estructura de resguardo.

Según el abogado Hugo Iriarte, este equipo estaría conformado por personal municipal proveniente de distintas áreas como Intendencia, Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, muchos de ellos contratados bajo comisión directa al Despacho del Alcalde. Iriarte sostiene que esta práctica no está contemplada como permanente en la normativa vigente, y que incluso algunos funcionarios no habrían presentado su declaración jurada ante la Contraloría.

Desde la Alcaldía, se argumenta que el despliegue responde a amenazas sufridas por Reyes Villa en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, concejalas como Terrazas y Silvia Soliz consideran que podría tratarse de un uso indebido de recursos públicos, por lo que además de pedir informes, se prevé una denuncia ante la Contraloría General del Estado. El debate continúa sobre la legalidad y transparencia del esquema de seguridad que rodea al burgomaestre.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, permanece en la cárcel de San Pedro de La Paz bajo estrictas medidas de seguridad, según informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. La decisión de mantenerlo aislado responde a la necesidad de proteger su integridad física, ya que durante su gestión ministerial fueron encarceladas varias personas en ese mismo penal.

Aunque Murillo no ha sido incorporado a la población carcelaria, las autoridades aseguran que se respetan plenamente sus derechos como privado de libertad. Su aislamiento forma parte del protocolo inicial de ingreso, y se contempla la asignación de un espacio diferenciado para que cumpla su detención preventiva sin contacto con otros internos.

El caso ha generado atención por el tratamiento especial que recibe el exministro, pero desde Régimen Penitenciario se insiste en que las medidas adoptadas son exclusivamente por motivos de seguridad. El penal de San Pedro continúa operando bajo estricta vigilancia, garantizando el orden interno y la protección de todos los reclusos.

La noche del martes se vivió un operativo de alto impacto en la Terminal de Buses La Paz, luego de que personal de la empresa El Cisne Bus alertara sobre tres maletas sospechosas abandonadas en el carril 5. El reporte, realizado cerca de las 21:00 horas, activó de inmediato el protocolo de objetos olvidados, movilizando a las fuerzas de seguridad del recinto.

El Batallón de Seguridad Física Estatal respondió con rapidez y, tras una inspección preliminar, detectó indicios de sustancias ilícitas en los equipajes. Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cuyos agentes confirmaron mediante pruebas de campo la presencia de droga en al menos uno de los paquetes. El equipaje fue asegurado y trasladado para su análisis e investigación.

Mientras tanto, se inició el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La directora de la terminal, Iveliz Asturizaga, resaltó la eficacia del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas y reafirmó el compromiso de mantener una vigilancia constante para garantizar la seguridad de los miles de pasajeros que transitan diariamente por el lugar.

Cinco bingos virtuales identificados como “ClaudiaBs”, “Bingo B.T.K.”, “Carly la colombiana la vendedora oficial Bingo Viciosos”, “Bingo Viral Bolivia” y “Bing Bang” operaban sin licencia en TikTok, ofreciendo sorteos dudosos. Los administradores captaban a los usuarios en sus transmisiones, vendían cartones o números virtuales vía WhatsApp y recibían pagos mediante transferencias bancarias con códigos QR, con precios que iban desde Bs 5 hasta más de Bs 100 por cartón o número.

“Estos bingos ilegales aplican un sistema de ‘micro estafas’, donde venden cartones a precios bajos y la población no se siente afectada si pierde en el sorteo, además de utilizar aplicaciones que no brindan el mínimo de seguridad o aleatoriedad al participante”, explicó Marco Antonio Sánchez, director de la Autoridad de Juegos (AJ).

Hasta la fecha, se han iniciado siete procesos sancionadores contra operadores de bingos virtuales ilegales este año, gracias a las denuncias recibidas de la población a través de los canales habilitados para este fin.

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa Lunda, participó en la reunión de cancilleres del Mercosur en Brasil, donde reafirmó la voluntad del Estado Plurinacional de Bolivia de avanzar en su adhesión plena al bloque, un proceso significativo en el marco del Bicentenario del país. Sosa destacó que la integración regional representa para Bolivia más que un acto diplomático, siendo la culminación de una trayectoria histórica, geográfica y cultural que sitúa al país como “el corazón de Sudamérica, un puente entre las cuencas del Amazonas, del Plata y las cumbres andinas”. Confirmó que la adhesión completa está prevista para agosto de 2028, según el cronograma.

La Canciller agradeció el apoyo de la Presidencia Pro Témpore de Brasil en el Grupo de Adhesión de Nuevos Estados Parte, señalando que “cuando existe voluntad política, los países de la región pueden superar obstáculos burocráticos y técnicos”. Bolivia respalda además los lineamientos del plan de trabajo brasileño enfocado en fortalecer el comercio, impulsar la transición energética y combatir el hambre.

En el ámbito económico, Sosa valoró la creación del Foro Empresarial Agropecuario y la búsqueda de nuevos socios fuera de la región, además del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Subrayó que “un bloque que ofrece oportunidades a sus emprendedores más pequeños es un Mercosur que fortalece la unidad de los pueblos”. También planteó la necesidad de articular una estrategia sobre minerales críticos, resaltando el aporte de Bolivia con sus reservas de litio para la transición energética global.

En lo social, la ministra enfatizó que la integración debe tener un “rostro humano” que beneficie a todos sin distinciones, y saludó la reestructuración presupuestaria del Instituto Social del Mercosur y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, priorizando a sectores vulnerables como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Finalmente, Sosa expresó la solidaridad de Bolivia con Brasil ante las recientes medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, calificándolas como “injustas y contrarias al multilateralismo”. “El retorno a medidas unilaterales, alejadas del diálogo y la negociación equitativa, representan un retroceso que debemos evitar. Debemos reforzar el multilateralismo ante conflictos comerciales y garantizar que todos los países, independientemente de su poder económico, puedan acceder a un sistema transparente y justo de solución de controversias”, agregó.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, urgió al Gobierno nacional de Luis Arce a realizar la transferencia de recursos provenientes del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) para cubrir servicios esenciales, incluyendo el pago de prediarios a los reclusos de la región. “Nosotros, hasta el día de hoy pedimos al Gobierno nacional que de una vez deposite, porque están haciendo sufrir a los reclusos penitenciarios. Ese es el problema y nos echan la culpa directamente a la Gobernación”, señaló Quispe en conferencia de prensa.

El gobernador aseguró que los fondos serán depositados a las cuentas del Régimen Penitenciario tan pronto se reciba el monto adeudado por el Ministerio de Economía. Explicó que cinco notas formales han sido enviadas desde julio hasta septiembre, solicitando el pago sin obtener respuesta: “Hemos mandado el 2 de julio, una nota, no hay respuesta; el 11 de julio, dos notas; 17 de julio, 23, cuatro notas y el 11 de septiembre, cinco cartas para que depositen de una vez”.

El monto pendiente que debe transferir el Gobierno nacional a la Gobernación de La Paz asciende a Bs 62.210.300, destinado a cubrir varios servicios como el bono de vacunas al personal de salud, alimentación en centros de acogida, seguridad ciudadana y atención de emergencias. De esta cifra, Bs 34.596.000 corresponde exclusivamente para la alimentación anual de los reclusos.
Quispe informó que el pago de los prediarios se realizó hasta marzo con fondos departamentales y que actualmente esperan la transferencia de Bs 42 millones para continuar con los depósitos a las cárceles. “También pagamos servicios básicos. Nosotros ¿de dónde vamos a sacar si se ha pagado hasta marzo?, estamos esperando a que el Gobierno deposite los 42 millones de bolivianos para ya depositar a cuentas de las cárceles”, concluyó.

En la última semana, la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, identificó tres hechos de intolerancia en un clima marcado por la polarización electoral y la crisis económica. “Como Defensoría del Pueblo, siempre abogamos por una cultura de paz, de diálogo y de entendimiento, en un espacio democrático. Esta polarización (…) nos lleva justamente a confrontaciones innecesarias, existen estos espacios de debate y campaña, y no debería realizarse en medio de una confrontación que vaya a vulnerar nuestros derechos”, manifestó Martín Torrico, responsable del Observatorio.

Entre los incidentes destaca la agresión por parte de un grupo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) contra el recién nombrado director departamental del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), a quien desalojaron por la fuerza de sus oficinas mientras recibía insultos y golpes. También se registraron agresiones verbales y físicas a una activista en una universidad pública, así como a una ex autoridad gubernamental en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

Torrico recordó que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en origen, cultura, ideología, filiación política u otros motivos que vulneren los derechos de las personas. Añadió que la Ley N° 045 “Contra el Racismo y toda forma de Discriminación” y tratados internacionales vigentes regulan y sancionan estos actos.
“El Estado debe dar cumplimiento explícito a estos instrumentos internacionales y recomendaciones que ya fueron realizadas por parte de la Defensoría del Pueblo hacia los órganos del Estado para dar su debido cumplimiento”, afirmó Torrico.

Finalmente, advirtió que el discurso polarizado ha ganado terreno en la esfera pública y en varios casos ha derivado en agresiones como una forma de rechazo, lo que representa un riesgo serio ante el contexto electoral y la posible repetición de estos hechos.