Entre 2021 y 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó 58.286 nuevas conexiones de gas natural domiciliario en el departamento de Cochabamba. “En los últimos cuatro años, hemos dado de alta 58.286 conexiones de gas natural domiciliario en este departamento. Apuntamos a que una mayor población tenga acceso al gas natural domiciliario y así mejorar su calidad de vida”, destacó Alejandra Pérez Cabrera, gerente de Redes de Gas y Ductos de YPFB.

Durante este período, la empresa estatal invirtió alrededor de 57,85 millones de dólares en el Sistema de Distribución de Gas Natural, recursos destinados a la construcción de Estaciones Distritales de Regulación (EDR), City Gates, y el tendido de redes primarias y secundarias, además de instalaciones internas y acometidas.
Estas obras no solo fortalecieron la infraestructura energética, sino que generaron empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo económico y social de la región. YPFB continúa con el compromiso de ofrecer servicio de gas natural domiciliario para cubrir la demanda creciente y mejorar el bienestar de la población cochabambina.

Según datos históricos, Cochabamba suma 279.449 instalaciones internas habilitadas, beneficiando a más de 1,3 millones de usuarios. Para 2025, se proyecta construir 11.400 conexiones más.
En el marco de las “200 obras del Bicentenario” por la fundación de Bolivia, YPFB entregó recientemente instalaciones en categoría doméstica, incluyendo redes primarias, secundarias, acometidas y 649 nuevas conexiones en los municipios de Colcapirhua y Tiquipaya, en la provincia Quillacollo. Además, las localidades de Arani, Vacas, Punata, San Benito y Villa Rivero recibieron 1.228 conexiones adicionales.
La instalación de gas domiciliario representa uno de los proyectos sociales más significativos del Gobierno Nacional y YPFB, facilitando a las familias cochabambinas un ahorro importante al utilizar gas natural en lugar de dos garrafas mensuales de Gas Licuado de Petróleo.

Un motín estalló este martes 16 en la cárcel de San Pedro de La Paz debido al impago de los prediarios durante los últimos cinco meses, evidenciando la grave crisis en el sistema penitenciario del departamento. Los internos protestaron desde los techos del penal con ollas vacías, exigiendo el pago pendiente, mientras las autoridades departamentales y nacionales se responsabilizan mutuamente por la falta de recursos.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, señaló directamente al presidente Luis Arce como responsable y afirmó que “hasta el día de hoy pedimos al Gobierno nacional que de una vez deposite porque están haciendo sufrir a los reclusos penitenciarios. Ese es el problema y nos echan la culpa directamente a la Gobernación”. Quispe explicó que ha enviado cinco notas formales al Ministerio de Economía solicitando la transferencia de los fondos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) pendientes.

El gobernador detalló que la deuda del gobierno central con la Gobernación paceña asciende a 62.210.300 bolivianos, de los cuales 34.596.000 están destinados a la alimentación anual de los reclusos. También señaló que con recursos propios lograron cubrir los prediarios solo hasta marzo, pero que ahora carecen de fondos para continuar con los pagos. “Nosotros ¿de dónde vamos a sacar si se ha pagado hasta marzo? Estamos esperando a que el Gobierno deposite los 42 millones de bolivianos”, manifestó Quispe.

Desde el interior del penal, un representante de los reclusos describió la desesperada situación: “Estamos pidiendo, por favor, que se cancele los seis meses que se debe de la Gobernación. Son seis meses que estamos casi sin comer. Hay gente que ha perdido toda su familia, no tiene nadie que le pueda dejar un pan”, declaró a medios locales.
Mientras tanto, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó el motín y exhortó a la Gobernación de La Paz a cumplir con su obligación de garantizar los servicios básicos en las cárceles.
Quispe garantizó que una vez recibidos los recursos del Gobierno nacional, realizará inmediatamente los depósitos correspondientes a las cuentas del Régimen Penitenciario, aunque los reclusos siguen sufriendo por la falta de alimentación.

El dirigente de la Asociación de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, advirtió este martes que el pasaje del transporte público podría aumentar hasta Bs 7 si el próximo Gobierno decide eliminar la subvención a los combustibles. Tancara rechazó un levantamiento abrupto del subsidio, calificando al combustible como “un líquido vital” para la operación del transporte.
En su llamado a los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre), quienes competirán en la segunda vuelta presidencial, pidió respeto a la subvención, ya que de lo contrario será inevitable el incremento en las tarifas. “Si levantan la subvención y venden el combustible a precio internacional, nosotros actualizamos al precio internacional el pasaje; lamentablemente, va a subir arriba de 6 o 7 bolivianos el pasaje en La Paz”, explicó en una entrevista.

También alertó sobre el impacto que esta medida tendría en pequeños productores y transportistas, quienes a diario trabajan y mantienen relaciones con entidades bancarias. “Obviamente, el golpe sería fuerte si ya no hay subvención a los carburantes”, afirmó.
Tancara recordó que el sector ha presentado un proyecto planteando que algunos sectores, como agroindustriales y empresas mineras con acceso a divisas internacionales, podrían adquirir gasolina a precio internacional o importar directamente, por lo que un aumento gradual comenzando por estos grupos sería más justo. “Si hay un aspecto gradual, bienvenido; pero que empiecen con aquellos que tienen la posibilidad y solvencia económica para comprar gasolina a precio internacional”, reclamó.

En el contexto actual, el país enfrenta desabastecimiento de diésel, lo que genera largas filas de transportistas en las estaciones de servicio. El transporte y sectores productivos están en emergencia mientras el Gobierno reconoce la falta de divisas para aumentar la importación. En 2024, el Estado destinó 2.381 millones de dólares para importar y subsidiar carburantes.

Naoki Ishida, vocalista de la agrupación musical Explosión Cumbiera, falleció tras cumplir una apretada agenda de presentaciones durante el fin de semana. La noticia del deceso se difundió en las redes sociales la noche del lunes 15 de septiembre, inicialmente con mensajes de colegas y luego confirmada por el grupo con un emotivo comunicado.
La agrupación expresó en su despedida: “El destino ha querido que estemos separados… lo que sí no ha podido es acabar con nuestro amor. Siempre rompiste los escenarios y diste lo mejor de ti en todo momento. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Naoki Ishida”

La Fiscalía Departamental de La Paz informó que Naoki murió debido a una broncoaspiración, según el informe de autopsia. El cantante ingresó al Hospital San Francisco de Asís, en la zona Villa El Carmen, con un paro cardio-respiratorio. La Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo y los médicos forenses determinaron que la causa principal fue una asfixia mecánica por broncoaspiración.
Frank Vásquez, fiscal de delitos contra la vida, detalló que aún se investigan las circunstancias que provocaron la broncoaspiración, indicando que se recogieron elementos en la autopsia que serán analizados para esclarecer el caso.

Este triste suceso ocurre a menos de tres meses del fallecimiento de Hiroshi Claudio Ishida Ruiz, hermano de Naoki y también músico reconocido en el ámbito boliviano bajo el nombre artístico de Ocasional Talento.
Naoki había mostrado en sus redes sociales una motivación para seguir adelante, incluso tras hablar de momentos difíciles como la depresión, con mensajes que se viralizaron en las últimas horas, reflejando la fuerza con que enfrentaba la vida y su carrera musical.

La concejala Lucía Mamani informó que el Ministerio Público ordenó a su colega Lourdes Chambilla someterse a terapia psicológica, tras un intento de agresión ocurrido durante una sesión del Concejo Municipal en abril. Además, Mamani recibió medidas de protección que prohíben a Chambilla acercarse a ella, aunque denunció que esta disposición no ha sido respetada, ya que la edil continúa asistiendo a las sesiones del pleno donde ambas coinciden.

El conflicto se intensificó este lunes cuando Chambilla, a través de su abogado, presentó una denuncia por presunta violencia política contra nueve de los once concejales del ente deliberativo. Entre los denunciados figuran representantes del MAS y de agrupaciones oficialistas, incluyendo a Mamani. La denuncia fue admitida y se dictaron medidas restrictivas para que los acusados no se acerquen a Chambilla, en medio de un clima de tensión institucional.

La raíz del enfrentamiento se remonta a la sesión del 29 de agosto, en la que Chambilla perdió la presidencia del Concejo y fue electo Jorge Dulon. Durante ese encuentro, se registraron nuevos actos de agresividad por parte de Chambilla, quien empujó a Dulon en más de una ocasión y también confrontó al concejal Lucio Quispe. El episodio refleja una creciente polarización dentro del órgano deliberativo paceño, que ahora enfrenta un complejo escenario legal y político.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará este viernes 19 de septiembre el sorteo de 211 mil jurados electorales para la segunda vuelta presidencial. De ese total, 204 mil serán asignados para el voto dentro del país y 7 mil para el sufragio en el exterior, distribuido en 22 países donde los bolivianos podrán ejercer su derecho al voto. Esta actividad marca el inicio de una etapa clave en el calendario electoral, que contempla nueve acciones adicionales rumbo al balotaje.

La lista oficial de jurados será publicada el domingo 21 de septiembre, y desde el lunes 22 se abrirá el plazo de una semana para presentar excusas, hasta el 28. Quienes sean seleccionados y no cumplan con su deber el día de la votación enfrentarán una multa de Bs 1.375. La capacitación para los jurados comenzará el 29 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y eficiente en las mesas de sufragio.

Además de las actividades oficiales, el TSE ha confirmado dos debates entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, aunque aún no se han definido las ciudades donde se realizarán. La campaña electoral en medios concluirá el 15 de octubre, dando paso al silencio electoral desde el día 16. Mientras tanto, la difusión de encuestas estará permitida hasta el 12 de octubre, en un contexto donde cada paso del proceso es seguido de cerca por la ciudadanía.

La administración del presidente Donald Trump ha excluido a Bolivia de la lista anual de países que colaboran activamente en la lucha contra el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, los cultivos de coca y la producción de cocaína en territorio boliviano han alcanzado niveles históricos, lo que representa un incumplimiento manifiesto de los compromisos internacionales asumidos por el país. La descertificación también incluye a Colombia, Venezuela, Afganistán y Birmania, todos señalados por deficiencias similares.

Estados Unidos recomendó al Gobierno boliviano tomar medidas urgentes para evitar que el país se convierta en refugio de organizaciones narcotraficantes. En los últimos años, se ha identificado la presencia de capos internacionales en Santa Cruz, como el uruguayo Sebastián Marset y los brasileños Marcos Roberto de Almeida y Sérgio Luiz de Freitas Filho, vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC). Estas revelaciones han intensificado las preocupaciones sobre el papel de Bolivia en el tránsito y producción de drogas.

A pesar de la descertificación, el Departamento de Estado subrayó que la asistencia a Bolivia sigue siendo considerada estratégica para los intereses de Estados Unidos. La certificación, que se realiza desde 1986, evalúa el compromiso de más de veinte países productores en la lucha contra el narcotráfico. Washington advirtió que aquellos gobiernos que no atiendan sus responsabilidades enfrentarán consecuencias severas, en un contexto global donde el control del narcotráfico sigue siendo una prioridad diplomática y de seguridad.