Este martes 16 de septiembre, Arturo Murillo comparece ante una audiencia cautelar en La Paz, en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas. El exministro de Gobierno, deportado recientemente desde Estados Unidos, enfrenta una solicitud de detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. El Ministerio Público argumenta que existen riesgos de fuga y de obstrucción a la investigación, dada la gravedad de los hechos y el historial procesal del acusado.

Las autoridades han identificado movimientos financieros irregulares entre 2019 y 2021, periodo en el que Murillo ejerció funciones públicas. Las transacciones sospechosas involucran cuentas bancarias y bienes patrimoniales, y han sido objeto de análisis por parte del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y el Comando General de la Policía. Este caso se suma a una serie de procesos judiciales que el exministro enfrenta desde su llegada al país.

Con esta audiencia, Murillo acumula cuatro procesos judiciales en menos de dos semanas. Ya fue vinculado a los casos “gases Brasil”, “catering” y “gases Ecuador”, todos con medidas de reclusión en San Pedro. La justicia boliviana continúa evaluando su situación legal, mientras se intensifican las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión. El desenlace de esta nueva audiencia podría marcar un punto clave en el avance de los procesos en su contra.

El Gobierno boliviano declaró alerta roja en 18 municipios del departamento de Santa Cruz ante el riesgo extremo de incendios forestales, provocado por las altas temperaturas que alcanzan hasta 44 grados centígrados. Esta medida se suma a una alerta naranja vigente en 77 municipios del país, distribuidos entre Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Cochabamba. Las condiciones climáticas adversas han generado preocupación en las autoridades, que advierten sobre la expansión de focos de calor en zonas vulnerables.

Actualmente, se reportan cinco incendios activos en cuatro municipios cruceños, incluyendo Concepción, Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco y Carmen Rivero Torrez. El caso más crítico se presenta en el parque Noel Kempff Mercado, donde el acceso limitado ha dificultado las labores de contención. Para reforzar el combate, se ha contratado un helicóptero adicional y se ha desplegado personal de las Fuerzas Armadas, Policía, voluntarios y brigadas locales.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, y el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, aseguraron que todos los incendios están siendo combatidos activamente. Sin embargo, el panorama sigue siendo delicado, y se exhorta a la población a colaborar con las medidas preventivas. La situación pone en evidencia la urgencia de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres climáticos, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad ambiental.

La escasez de diésel en el departamento de Beni ha encendido las alarmas entre los productores de arroz, quienes advierten que la falta de combustible amenaza con paralizar la siembra de este ciclo agrícola. David Pérez, representante del sector, denunció que la maquinaria está detenida y que el carburante disponible en los surtidores es acaparado por revendedores, quienes lo ofrecen a precios elevados, entre 12 y 15 bolivianos por litro. Esta situación ha llevado al sector a exigir medidas urgentes al Gobierno, incluyendo la autorización para transportar diésel importado por empresas privadas.

Ante la inminente campaña de siembra, los productores han anunciado un “tractorazo” y la toma de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Trinidad, como forma de presión. La demanda inmediata es de al menos 7 millones de litros de diésel, cifra que consideran indispensable para garantizar la producción. Además, solicitan que se habiliten cisternas móviles que lleguen directamente a las zonas productivas, evitando así la intermediación de revendedores que encarecen el insumo.

La crisis se agrava por el encarecimiento de insumos agrícolas como fertilizantes y agroquímicos, cuyo precio está vinculado al tipo de cambio del dólar. Los productores temen que esta combinación de factores repercuta directamente en el costo final de los alimentos básicos, afectando a toda la población. “Si no hay diésel, no hay siembra. Y si no hay siembra, no hay comida”, advirtió Pérez, reflejando la preocupación de un sector que se siente abandonado en un momento crítico para la seguridad alimentaria del país.

En el marco de las políticas impulsadas por la alcaldesa Eva Copa, la Intendencia y la Guardia Municipal realizaron un operativo de control en las inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el Distrito 6, clausurando cinco actividades económicas.
El operativo se desarrolló en la zona Los Andes, entre las calles Arturo Valle y 13 de Septiembre, donde se intervinieron 11 negocios, entre ellos dos cine-video, dos licorerías y un karaoke. Durante la inspección, se detectó expendio y consumo de bebidas alcohólicas a plena luz del día en algunos establecimientos, lo que llevó a la conducción de tres infractores a Conciliación Ciudadana por violar las normas municipales.
Estas medidas se sustentan en el Decreto Municipal 096, conocido como Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol en espacios y actividades específicas.

Paralelamente, la Subalcaldía del Distrito 7, en coordinación con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y las Guardias Municipales, ejecutó operativos en las cercanías de la Unidad Educativa Rusia. Allí decomisaron productos chinos sin registro del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y se hallaron alimentos adulterados.
Estas acciones buscan proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normativas en ambos distritos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) convocó a los afiliados de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos – Regional Provincia Ichilo, que mantienen una movilización exigiendo el abastecimiento de diésel para labores agrícolas como la producción de arroz. Esta convocatoria ocurre en medio del bloqueo al ingreso de un pozo petrolero en San Juan de Yapacaní, donde los manifestantes anunciaron que mantendrán la medida hasta que autoridades se presenten en el lugar.

Aunque YPFB programó una reunión para el martes a las 9:00 de la mañana en sus oficinas situadas en la avenida Tres Pasos Al Frente, Santa Cruz, una comisión de la empresa llegará este lunes por la noche al lugar del bloqueo. Por el momento, la protesta continúa vigente.

Los movilizados argumentan que existe un incumplimiento en los acuerdos firmados, especialmente respecto a los volúmenes de combustible que deberían proveer las autoridades y las empresas estatales. Exigen una solución inmediata y anuncian que seguirán con las movilizaciones y la toma del pozo petrolero hasta que se garantice el suministro adecuado de diésel.
Esta protesta se suma a otras manifestaciones en el Norte Integrado de Santa Cruz, sector que también enfrenta dificultades en la producción de soya, leche, ganadería y la preparación de tierras para la campaña agrícola de verano.

Durante una audiencia clave celebrada en la Gobernación de La Paz, la Federación Única de Organizaciones Gremiales, Productores Artesanos y Vivanderos por cuenta propia recibió el compromiso del gobernador Santos Quispe para acelerar la emisión de las personalidades jurídicas de la organización social.
“Como Gobernador siempre atendemos a nuestras organizaciones sociales. Hoy está la presencia de la federación de gremiales cuentapropista de La Paz. Hemos tratado dos puntos, de dos personerías jurídicas, que tienen la preocupación y hay la opción, también, en la cual nuestro director de personerías jurídicas va a dar una solución”, afirmó Quispe.

La reunión, realizada en la Gobernación paceña ubicada en la plaza Murillo, sirvió para reafirmar que, una vez emitidos los documentos, estos serán entregados directamente en las instalaciones de la organización correspondiente.
“Nunca nos hemos opuesto a ninguna organización social, por eso se va a analizar en la dirección de personerías jurídicas”, sostuvo el gobernador, resaltando la importancia de este documento, comparado como el “certificado de nacimiento” de quienes lo obtienen.

Por su parte, Renato Ticona, secretario ejecutivo de la Federación Única de Organizaciones Gremiales, Productores Artesanos y Vivanderos por cuenta propia, valoró la disposición del gobernador: “El hermano Gobernador tiene toda la predisposición para ayudarnos, hay el compromiso de que sí se va a agilizar nuestra personería jurídica, de lo que es para nuestros hermanos productores”.
También estuvo presente la asociación Inti Willka, parte de la federación gremial, y sus afiliadas Delia Espinal y Celia Rengifo expresaron su agradecimiento y un “jallalla” (saludo cultural) para la autoridad departamental.