La Fiscalía de La Paz inició una investigación contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, junto a otros dos exfuncionarios, por presuntos delitos de corrupción vinculados al proyecto de la planta de transformación de papa en El Alto.
El fiscal Johan Muñoz informó que la denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia, tras detectar inconsistencias en los flujos financieros de los acusados. “En las cuentas bancarias que ellos tendrían, existen montos de dinero que no están acorde a los montos que recibirían como funcionarios públicos, es decir que hay dinero que no es justificado legalmente”, afirmó el fiscal.

La investigación se abrió por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Muñoz reveló que ya se están recopilando elementos de convicción y que se emitieron requerimientos a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) para verificar los movimientos de dinero sospechosos.

Además, se ordenó una auditoría para evaluar los gastos y eventuales irregularidades en la construcción del mencionado proyecto. El fiscal aclaró que aún no se cuenta con una cifra cuantificada de daño económico, dado que se continúa investigando los montos depositados en las cuentas de los sindicados que carecen de justificación legal y anunció que en los próximos días se citará a los implicados para continuar con el proceso.

El Ministerio de Gobierno confirmó la tarde de este jueves el arresto de la esposa de Sergio Luiz de Freitas Filho, principal líder del Primer Comando de la Capital (PCC), mientras que Inteligencia capturó a dos miembros de esta organización criminal.
“Dentro del trabajo investigativo que se ha realizado se ha procedido al arresto de esta mujer, ella estaba en un municipio del departamento de Santa Cruz, va a ser trasladada a dependencias de la Felcc”, indicó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. El brasileño Sérgio Luiz de Freitas Filho, uno de los capos del PCC, obtuvo la nacionalidad boliviana luego de casarse con la ciudadana boliviana que fue arrestada hoy.

“Una vez se proceda a su arribo prestará su declaración informativa, esperamos que nos pueda dar mayor información respecto a este personaje (Luiz de Freitas Filho)”, explicó Ríos.
El Grupo de Inteligencia CEIP también confirmó la captura de dos ciudadanos brasileños identificados como miembros del PCC. Se trata de Nilton César do Santos y Jean Paulo Zucco, ambos con orden de prisión en Brasil. Estos peligrosos criminales, que huyeron del país vecino, fueron detenidos en operativos realizados en el municipio de La Guardia y en la zona del Urubó.

Con miras al balotaje del 19 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el despliegue de un sistema de monitoreo de medios y redes sociales para combatir la guerra sucia y la desinformación. El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) será el encargado de supervisar los contenidos difundidos, en coordinación con más de 20 plataformas aliadas como Chequea Bolivia y Bolivia Verifica, en el marco de una alianza respaldada por Naciones Unidas.

Durante un encuentro en Santa Cruz, vocales del TSE y candidatos presidenciales acordaron evitar ataques políticos, participar en dos debates públicos y respetar los resultados finales. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir: Rodrigo Paz denunció que su candidatura fue blanco de noticias falsas difundidas por medios como Red Uno, mientras Jorge Tuto Quiroga acusó al candidato vicepresidencial del PDC de incurrir en discursos de odio y difamación.

El vocal Francisco Ávila advirtió que cualquier incumplimiento del acuerdo podría derivar en sanciones, siempre que se presenten pruebas verificables. Las medidas van desde multas hasta acciones directas contra los candidatos. En medio de acusaciones cruzadas y ausencias polémicas, el TSE busca garantizar un proceso electoral transparente y libre de manipulación informativa.

La diputada chilena María Luisa Cordero volvió a estar en el centro de la polémica tras declarar que los bolivianos padecen de encefalopatía hipóxica, una condición que implica falta de oxígeno en el cerebro. Sus declaraciones surgieron en el contexto de la propuesta del político boliviano Rodrigo Paz sobre la legalización de vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”.

Cordero afirmó que los bolivianos, por haber nacido en el altiplano, presentan una disminución crónica de oxígeno cerebral, lo que —según ella— afecta su capacidad cognitiva. Aseguró que esta condición fue descrita por investigadores estadounidenses que visitaron Bolivia, aunque no presentó evidencia científica que respalde sus afirmaciones. El tono de sus declaraciones ha sido calificado como ofensivo y discriminatorio por diversos sectores.

No es la primera vez que la diputada genera controversia con sus comentarios. En el pasado, ha sido criticada por emitir juicios despectivos sobre distintos grupos sociales. Esta nueva intervención ha provocado reacciones de rechazo en Bolivia, donde autoridades y ciudadanos exigen respeto y una retractación pública por parte de la legisladora chilena.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) expresó su preocupación por las operaciones de “venta adelantada del oro” realizadas por el Banco Central de Bolivia (BCB), señalando que estas comprometen las reservas internacionales y podrían generar serias dificultades para el próximo gobierno. Según Gabriel Espinoza, vocero económico del partido, estas acciones representan un “riesgo significativo” para la estabilidad monetaria del país.

Espinoza también cuestionó la legalidad de las transacciones, denunciando que se estarían utilizando mecanismos del Presupuesto General del Estado para modificar normas permanentes como la Ley del Oro, sin el debido respaldo legislativo. Además, advirtió que las obligaciones generadas por estas operaciones podrían no estar reflejadas oficialmente, lo que dificultaría su control y seguimiento.

Ante este panorama, el PDC anunció que está elaborando un “mapeo de riesgos fiscales” para identificar los compromisos que Bolivia heredará. El partido exige al BCB mayor transparencia y la publicación de un informe detallado sobre el estado real de las reservas internacionales, subrayando que el país no puede seguir operando “en la oscuridad” frente a decisiones que afectan su futuro financiero.

Desde la cárcel de El Abra en Cochabamba, el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, publicó una carta en la que reafirma su inocencia y la de los demás procesados por los hechos del 26 de junio de 2024. En su mensaje, asegura que no hubo intento de golpe de Estado y que el movimiento de tropas fue autorizado por instancias superiores del poder político. “Esos tanques no se mueven sin la orden del más alto nivel”, escribió.

Zúñiga sostiene que su encarcelamiento responde a motivos políticos y no a delitos cometidos. Critica que se le haya negado la libertad bajo el argumento de representar un peligro para la sociedad, y cuestiona si es más peligroso un militar que defiende los recursos naturales o un gobierno que, según él, los entrega a intereses extranjeros. “Estoy preso por denunciar la traición a la patria”, afirma en su carta.

El exgeneral también denuncia que no se le ha permitido ampliar su declaración ante la justicia, lo que considera una violación a su derecho a la defensa. En su misiva, se pregunta “¿A qué le temen?”, en referencia a las autoridades judiciales que, según él, evitan que se conozca la verdad sobre el 26J. Además, reclama que no se haya aplicado la disposición legal que permite liberar a detenidos preventivos con más de un año sin sentencia.

Zúñiga permanece en prisión junto a otros militares procesados por los hechos del 26 de junio, mientras continúa defendiendo su postura desde la celda. Su carta ha reavivado el debate sobre el papel del poder político en el despliegue militar y sobre la transparencia del proceso judicial en curso. La polémica sigue abierta, y las voces que exigen una investigación imparcial se multiplican.

El Estado boliviano dio un paso decisivo en la protección de la infancia al promulgar la Ley N° 1636, orientada a resguardar la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La normativa, impulsada por el Fiscal General Roger Mariaca Montenegro, fue celebrada como un avance histórico en la lucha contra los delitos cibernéticos que afectan a menores de edad.

Mariaca destacó que esta ley no solo garantiza el derecho de los menores a una vida libre de violencia digital, sino que también dota al sistema judicial de herramientas concretas para investigar y sancionar a quienes cometan delitos como el acoso en línea, la difusión de contenido sexual infantil y el contacto con fines sexuales. La norma permitirá iniciar procesos penales con mayor eficacia y proteger a las víctimas con un enfoque integral.

La propuesta fue presentada en abril y recibió el respaldo unánime de ambas cámaras legislativas. Con su promulgación, Bolivia establece un marco legal robusto para enfrentar los desafíos del mundo digital, fortaleciendo la prevención y la reparación frente a delitos graves que vulneran los derechos de la niñez. Esta ley marca un hito en la construcción de un entorno virtual más seguro para las nuevas generaciones.