Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) entregó este viernes 3.057 instalaciones internas en la categoría doméstica, beneficiando así a 15.285 nuevos usuarios con acceso al gas domiciliario.
Las autoridades gubernamentales hicieron entrega de estas instalaciones en diversas regiones del país, como parte de las “200 obras del Bicentenario” en homenaje a la fundación de Bolivia.
“Seguimos ampliando el acceso al gas natural en los hogares bolivianos mediante la construcción de aproximadamente 90.000 metros de red secundaria, acometidas e instalaciones internas dadas de alta en los municipios de El Alto, Sica Sica, Colcapirhua, Tiquipaya, Arani, Punata, San Benito, Vacas, Villa Rivero y Warnes, para incrementar la cobertura del servicio de gas natural y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, destacó Alejandra Pérez Cabrera, gerente de Redes de Gas y Ductos de YPFB.
La estatal petrolera destinó una inversión superior a Bs 15,2 millones para la construcción de estas instalaciones internas de gas natural domiciliario en diferentes municipios.
En el marco del Sistema de Distribución de Gas Natural, YPFB ha implementado Estaciones Distritales de Regulación (EDR), construido redes primarias y secundarias, acometidas e instalaciones internas y habilitado City Gates (puertas de ciudad). Estas obras generaron 2.517 empleos directos y 11.148 empleos indirectos, impulsando el desarrollo económico y social en las zonas beneficiadas. “Estamos coadyuvando en el desarrollo de estas poblaciones intermedias con altos índices de pobreza y en proceso de crecimiento en cuanto a densidad habitacional se refiere”, agregó Pérez Cabrera.

La urbanización Alto Chijini, en el Distrito 12 del municipio de El Alto, provincia Murillo, departemento de La Paz, recibió 247 conexiones de gas domiciliario, construcción de red secundaria y acometidas.
En Konani, municipio de Sica Sica, se entregaron 266 instalaciones domésticas, junto con la instalación de un equipo City Gate, una Estación Distrital de Regulación y redes primaria y secundaria.
En los municipios de Colcapirhua y Tiquipaya, provincia Quillacollo de Cochabamba, se finalizaron 649 instalaciones internas, redes primaria y secundaria y acometidas para usuarios domésticos.
También, los municipios cochabambinos de Arani, Vacas, Punata, San Benito y Villa Rivero se beneficiaron con 1.228 conexiones de gas, red secundaria y acometidas.
La urbanización Valle Sánchez (UV 51, 230 y 231) del municipio de Warnes, provincia Ignacio Warnes, departamento de Santa Cruz, recibió 667 instalaciones internas y red secundaria.
La conexión de miles de hogares bolivianos al gas natural representa uno de los proyectos sociales más relevantes del Gobierno Nacional y de YPFB, llevando energía limpia, segura y accesible, y consolidando un legado de progreso y bienestar para el país en el marco de su Bicentenario.

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que en el marco del descongestionamiento penal y tras una reunión con el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, se acordó socializar las salidas alternativas a los privados de libertad, con el propósito de que puedan acogerse a ellas para agilizar y descongestionar sus procesos, garantizando así una mayor certeza jurídica para los detenidos preventivos. Esta actividad comenzará este viernes en el penal de Patacamaya.

“En la reunión entre ambas instituciones, donde participaron todos los coordinadores de la Fiscalía, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez Montaño, los Vocales del área Penal y mi persona, se ha quedado en socializar las demandas del Ministerio Público, a los funcionarios judiciales, en relación a la coordinación y se agilice salidas alternativas, como la suspensión condicional de la pena, procedimiento abreviado y conciliaciones siempre cuando corresponda y se pueda descongestionar en los próximos días, los procesos de los privados de libertad”, señaló la autoridad.

En el marco de las políticas de fortalecimiento institucional del Ministerio Público, la Jefatura Nacional de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, bajo las directrices impulsadas por el Fiscal General Roger Mariaca Montenegro, realizó una exhaustiva inspección y supervisión de las actividades relacionadas con la administración de recursos humanos en las Fiscalías Departamentales de Oruro y La Paz. El propósito fue garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Integral (SGI).
“Este proceso de inspección permitió identificar buenas prácticas y áreas de mejora dentro de los procedimientos ejecutados por el personal de Recursos Humanos y el personal fiscal. A través de reuniones y conversaciones directas con los servidores, se recogieron experiencias y necesidades que contribuyeron al análisis integral, permitiendo proponer recomendaciones específicas para optimizar los procesos de trabajo y fortalecer la cultura organizacional”, explicó el Jefe Nacional de Recursos Humanos, Franz Hugo Risco Pardo.

La supervisión incluyó tanto los despachos del Edificio Central como los edificios descentralizados de ambas fiscalías, donde se evaluó la correcta gestión del Ecosistema Módulo de Recursos Humanos, la supervisión de los procesos internos, la atención al público y el trato brindado por los funcionarios.
Con este trabajo, el Ministerio Público busca consolidar una gestión pública eficiente y enfocada en el servicio a la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la mejora continua.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC) dirigió la “Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas” correspondiente a la gestión 2025, con el propósito de presentar y aprobar informes y herramientas clave en la lucha contra la corrupción, con la participación de los miembros que integran este consejo.
Durante el encuentro se presentó y aprobó la Guía para la Gestión de Riesgos de Transparencia e Integridad en las Entidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, así como el Protocolo Interinstitucional sobre Protección de Denunciantes y Testigos en Materia de Corrupción.
Respecto a la Guía, esta establece un método institucional, simple y verificable para gestionar riesgos relacionados con la transparencia e integridad en las entidades públicas. “Su propósito es prevenir afectaciones al servicio y a los recursos públicos, fortalecer los controles internos y respaldar decisiones con evidencia”, explicó la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna.
Por su parte, el Protocolo establece lineamientos y mecanismos de coordinación interinstitucional que garantizan la seguridad y confidencialidad para quienes denuncien actos de corrupción o actúen como testigos.

Asimismo, se presentaron 10 Informes de Evaluación de Impacto elaborados por el VTILCC durante el presente año, los cuales evalúan diferentes sistemas y programas implementados en la gestión 2021-2025. Entre estos destacan: las Líneas VEA y BOT, Gestión de Denuncias, Gestión de Procesos Penales, Módulo de Rendición Pública de Cuentas, Incompatibilidad por la Función Pública, Uso de TIC en el SIARBE, Denuncias contra Jueces y Fiscales, Justicia Restaurativa y Colaboración Eficaz, Herramienta Educativa Trascender, y el Informe de Gestión de Riesgos en Materia de Corrupción. Los resultados están disponibles en la plataforma digital oficial.
Finalmente, durante la reunión se presentaron los Lineamientos de la Política Plurinacional de Lucha contra la Corrupción 2026–2030, que comprenden tres líneas de acción: Tecnología para la Transparencia y Gestión de Riesgos, Fortalecimiento Institucional y Normativo Anticorrupción, e Integridad y Participación Ciudadana.
La actividad contó con la presencia de representantes de diversas instituciones públicas y organizaciones sociales que forman parte de esta instancia representativa en la lucha contra la corrupción.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Eclesial convocó este viernes a una concentración en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba para acompañar la lectura íntegra de la sentencia contra los exprovinciales jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, procesados por encubrimiento al sacerdote Alfonso Pedrajas, acusado de múltiples abusos sexuales.
La actividad está programada para las 15:00, cuando los asistentes se reunirán frente al Palacio de Culturas de la Gobernación, donde se escuchará la lectura completa de la sentencia, incluyendo sus fundamentaciones y la parte resolutiva. “La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes convoca a nuestros hermanos, víctimas, sobrevivientes, aliados, colectivos de activistas, artistas solidarios, a reunirnos en la plaza principal 14 de septiembre (…) oiremos la lectura completa de la sentencia”, señala parte del comunicado.
Tras el histórico fallo que condenó a un año de prisión a los dos octogenarios religiosos, la Comunidad de Sobrevivientes informó que continúan recibiendo testimonios de más víctimas, quienes señalan a otros sacerdotes jesuitas y describen con mayor claridad los mecanismos de encubrimiento aplicados durante décadas.

“Seguimos siendo contactados por más víctimas de más jesuitas abusadores, que señalan, con más nitidez, los mecanismos de encubrimiento y a los actores de estos perversos mecanismos y estructuras institucionales”, reveló la Comunidad.
Estas nuevas denuncias están siendo preparadas para ser presentadas formalmente ante la justicia, adelantó la Comunidad de Sobrevivientes.
Asimismo, reiteraron el llamado a todas las personas que hayan sido víctimas o testigos de abuso sexual eclesial a sumarse a la lucha por la verdad y la justicia, buscando romper el silencio y evitar que estos crímenes se repitan en Bolivia.

José Lucas Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo en Argentina, aseguró este viernes que la investigación contra Evo Morales por presuntos delitos de estupro y trata de personas no es reciente, sino que comenzó en 2020, cuando el exmandatario se encontraba asilado en ese país tras dejar el poder en Bolivia.
“Sí. Una de las viviendas la tenemos identificada y pedimos información en ese momento, cuando él (Evo Morales) estaba alojado. La investigación empezó mucho antes, cuando Morales aún residía allí. Lo que no sabíamos era ¿quién le alquilaba la vivienda?, ahora ya está identificado en el expediente”, respondió el jurista argentino preguntando “¿Ustedes han indagado quiénes vivían en las casas donde estaba alojado en Argentina?”
El jurista explicó que, incluso en ese entonces, ya circulaban declaraciones y testimonios sobre los presuntos hechos ilegales en los que se habría involucrado Morales. “La investigación la empezamos mucho tiempo antes, cuando él aún estaba alojado en Argentina. Teníamos rumores y declaraciones, aunque no tan abiertas como las de la señora (Angélica) Ponce, que después sirvieron para reforzar la denuncia”, declaró Magioncalda.

Magioncalda adelantó que, en la investigación en Argentina, se prevé citar a declarar a testigos clave ante el juez, incluidos funcionarios policiales que brindaron custodia al exmandatario durante su estadía en Buenos Aires, para establecer quiénes ingresaban y salían de las viviendas donde se alojó Morales.
Sobre si se convocará a declarar a Cindy Saraí V. P. y a su madre, en calidad de testigos, el jurista argentino afirmó que ambas no tienen relación directa con el caso que investigan desde hace años, pero sí entienden que sería útil su declaración para evidenciar el «modus operandi» tanto del actual gobierno como el de Evo Morales, en cuanto a «encubrir ilícitos».
Detalló que la causa contra Evo, que inició la Fundación Apolo en Argentina, aún está en etapa inicial, buscando testigos, tomando en cuenta que el exmandatario tenía custodia en Argentina, por eso, lo principal es obtener esa información, y en paralelo también es importante la declaración de Ponce.

Ella ya declaró en Bolivia, y sería fundamental que ratifique sus dichos en Argentina o que la justicia boliviana remita las actas correspondientes. Si se confirma que ingresó a la vivienda, su testimonio tendrá valor para la causa.
Morales también tiene denuncia por el delito de estupro y trata contra Cindy Sarai V. P., quien junto a su hija menor de 9 años y su madre, Idelsa Pozo, recibió asilo diplomático del gobierno argentino desde el 22 de agosto pasado, según confirmó la Cancillería de ese país. Ella solicitó protección internacional a las autoridades argentinas, en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N.º 26.165, que reconoce a las víctimas de persecución y violencia como refugiados.

La bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) hizo pública este jueves su denuncia sobre una campaña de «guerra sucia» y hostigamiento en redes sociales dirigida a sus legisladores y dirigentes. El diputado electo Ricardo Rada informó que se han intentado hackear las cuentas de varios miembros del partido y que su personal ha sido objeto de seguimientos en distintas zonas de la ciudad.
Según Rada, los ataques provienen de “agentes extranjeros” infiltrados en la sociedad boliviana con la intención de causar daño. Asimismo, anunció que presentarán una denuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se investiguen estas acciones que, a su juicio, buscan desestabilizar a su agrupación política.

En un mensaje contundente, el diputado electo se dirigió directamente al candidato vicepresidencial de la alianza Libre, Juan Pablo Velasco: «Viejo no seas cobarde, defendé a los jóvenes que quieren cambiar Bolivia, no te dejes guiar por las malas prácticas, no permitas que esto hagan los estrategas de afuera».
Aunque Rada evitó mencionar a la agrupación Libre de forma explícita, aclaró que su denuncia no está dirigida a nombres específicos. Sin embargo, aseguró que tienen conocimiento de la existencia de “equipos y estrategas pagados” dedicados a estas prácticas, evidenciando una campaña coordinada para dañar la imagen y el trabajo del PDC.

Esta denuncia pone en evidencia las tensiones políticas actuales y el inicio de métodos ilegales en el desarrollo de la campaña electoral. La bancada del PDC exige a las autoridades electorales y judiciales que respondan para garantizar un proceso democrático limpio y transparente, libre de tácticas que vulneren la privacidad y seguridad de sus líderes.