La Fiscalía de la ciudad de El Alto desestimó la denuncia presentada contra la alcaldesa Eva Copa por un presunto sobreprecio superior a cinco millones de bolivianos en las obras de refacción del Estadio de Villa Ingenio.

El abogado denunciante, Kurmi Rocha, informó que la denuncia fue inicialmente observada por el fiscal analista del caso; sin embargo, aseguró que dichas observaciones fueron subsanadas el 9 de diciembre de 2025, junto con la documentación correspondiente presentada ante el Ministerio Público.

Pese a ello, según el jurista, la Fiscalía decidió rechazar nuevamente la denuncia, lo que —a su criterio— impide que el proceso avance hacia una investigación formal sobre el supuesto daño económico al municipio alteño.

Rocha sostuvo que existen indicios de presuntas irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de las obras de refacción del estadio, que habrían generado un perjuicio económico superior a cinco millones de bolivianos.

Ante esta situación, el abogado anunció que presentará una denuncia contra el fiscal Walter Alfredo Uria por presunto incumplimiento de deberes, con el objetivo de que se evalúen las actuaciones dentro del caso.

El jurista reiteró que el proceso debería investigarse para esclarecer las denuncias relacionadas con el presunto sobreprecio en las obras realizadas en el escenario deportivo de la ciudad de El Alto.

El dirigente de la Federación de Transporte Urbano Chuquiago Marka, Santos Escalante, otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para atender las demandas del sector relacionadas con el resarcimiento por los daños que, según denuncian, habrían sufrido sus vehículos debido a la presunta mala calidad de la gasolina. La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, donde el dirigente señaló que, de no existir una respuesta, los transportistas iniciarán movilizaciones frente al Ministerio de Trabajo y las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Escalante explicó que una de las principales exigencias del sector es la compensación por los daños ocasionados a los motorizados, además de la implementación de un periodo de gracia para los transportistas que mantienen deudas con el sistema financiero y que, debido a los perjuicios sufridos, tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.

El dirigente también cuestionó el funcionamiento del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), plataforma habilitada por el Gobierno para registrar los reclamos de los propietarios de vehículos afectados. Según afirmó, algunos transportistas no han podido ingresar sus denuncias debido a fallas en el sistema o a requisitos que no se habrían acordado previamente con las autoridades.

Entre las observaciones, Escalante mencionó que la plataforma exige que el RUAT esté registrado a nombre del propietario, requisito que —según dijo— no fue parte de los acuerdos alcanzados con el Gobierno, considerando que una gran parte de los transportistas no realizó el traspaso formal de documentos al momento de adquirir sus vehículos.

Asimismo, sostuvo que el cronograma establecido por las autoridades para el registro de los motorizados afectados no se estaría cumpliendo, ya que hasta la fecha no se habría logrado registrar ni el 30% de los vehículos dañados dentro del sistema habilitado para este proceso. Ante esta situación, el sector transporte espera ser convocado a una reunión de evaluación con las autoridades en el plazo establecido.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el sorteo de ubicación y orden de participación para el debate de candidatos a la Gobernación del departamento de La Paz, actividad en la que se confirmó la presencia de 17 organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.

El acto fue dirigido por el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, quien explicó que el procedimiento se llevó a cabo conforme al protocolo establecido para los debates electorales. Según detalló, por razones logísticas la participación de los candidatos fue dividida en dos bloques, cada uno con una duración aproximada de una hora y media.

Durante el desarrollo del sorteo se registró un momento de tensión entre algunos delegados de organizaciones políticas y representantes del órgano electoral. La situación surgió debido a cuestionamientos sobre la participación de todas las organizaciones habilitadas en el proceso electoral.

Ante ello, el TSE aclaró que no se puede restringir la presencia de ninguna organización política inscrita, ya que las 17 agrupaciones habilitadas para la elección tienen derecho a participar en el debate y presentar sus propuestas ante la ciudadanía.

La autoridad electoral también informó que los ejes temáticos del debate ya fueron definidos previamente en reuniones con los delegados de las organizaciones políticas y se mantendrán sin modificaciones durante la jornada.

El debate forma parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en las que se elegirá al próximo gobernador del departamento de La Paz. La actividad se realizará de manera paralela en los nueve departamentos del país.

En el caso de La Paz, el TSE asumió la organización del evento debido a la acefalía en el Tribunal Electoral Departamental (TED), situación que se originó por la falta de designación de vocales por parte de la Asamblea Legislativa.

Orden de participación

Bloque 1

VIDA

UPC

Innovación Humana

ASP

NGP

Venceremos

FRI

MTS

Bloque 2

Jallalla

MPS

Alianza Unidos por los Pueblos

Libre

APB Súmate

PDC

Somos La Paz

Patria Sol

Suma por el Bien Común

El bloqueo instalado por productores de arroz y soya del Norte Integrado de Santa Cruz en el municipio de Yapacaní fue levantado luego de que dirigentes del sector sostuvieran una reunión con autoridades del Gobierno nacional y firmaran un acta de compromiso para la abrogación del Decreto Supremo 5547.

La medida de presión había sido instalada el lunes por agricultores de los municipios de Yapacaní y San Juan, quienes cerraron el paso en la carretera nueva que conecta Santa Cruz de la Sierra con Cochabamba. Los movilizados protestaban contra la normativa que establece la libre importación de arroz y soya, al considerar que genera competencia desleal para los productores nacionales.

El bloqueo se instaló en al menos dos puntos estratégicos de la vía: uno en la zona de Santa Fe y otro después del puente de ingreso a Yapacaní, lo que provocó dificultades en el tránsito vehicular y afectó el transporte entre ambos departamentos.

Hasta el lugar del conflicto se trasladaron autoridades del Gobierno para entablar diálogo con los productores. En la reunión participaron el viceministro de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, Karel Rivero; el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles; y el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano.

Tras varias horas de negociación, ambas partes firmaron un acta de compromiso para avanzar en la abrogación del Decreto Supremo 5547, lo que permitió que los productores decidieran levantar el bloqueo y restablecer la circulación vehicular en la ruta que conecta los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Según informaron las autoridades, el tránsito en la zona fue normalizado tras el acuerdo alcanzado.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno no tomará decisiones apresuradas frente a las recientes variaciones en el precio internacional del petróleo. La autoridad explicó que el mercado petrolero es altamente volátil y que cualquier medida relacionada con el precio de los combustibles debe basarse en tendencias sostenidas y no en fluctuaciones momentáneas.

Durante una conferencia de prensa, Espinoza señaló que en los últimos días el precio del barril de petróleo registró variaciones importantes, alcanzando niveles de entre 110 y 120 dólares, aunque posteriormente volvió a descender. En ese sentido, indicó que sería irresponsable anunciar un incremento en el precio de los carburantes basándose únicamente en picos temporales del mercado internacional.

El ministro también explicó que el combustible que actualmente se distribuye en el país fue adquirido con anticipación, generalmente con una previsión de entre 20 y 30 días, por lo que las variaciones recientes del precio del petróleo no afectan de forma inmediata al abastecimiento interno.

Asimismo, la autoridad informó que el Gobierno trabaja en una estrategia orientada a importar petróleo crudo y fortalecer la capacidad de refinación del país, con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones del mercado internacional en la economía boliviana. Según explicó, en el pasado Bolivia priorizaba la importación directa de diésel y gasolina, mientras que ahora se busca aprovechar de mejor manera la infraestructura de refinación existente.

Espinoza señaló que esta estrategia permitiría que los incrementos del precio del petróleo en el exterior tengan un menor impacto en el mercado interno, al tiempo que se optimiza el procesamiento del crudo dentro del país.

Finalmente, el ministro indicó que el Gobierno continuará monitoreando el comportamiento del mercado petrolero internacional y, en caso de que los precios se mantengan elevados por un periodo prolongado, se evaluarán las medidas correspondientes para garantizar el abastecimiento y la estabilidad económica.

El empresario Harold Lora fue enviado con detención preventiva por 150 días al penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, acusado del delito de estafa agravada múltiple. La decisión fue tomada por el juez José Luis Rodríguez durante una audiencia que se inició alrededor de las 09:00 y se extendió hasta cerca de las 13:00 horas.

Durante la audiencia, el fiscal Jhamir Funes sustentó la imputación con denuncias presentadas por más de 24 víctimas, quienes aseguraron haber entregado dinero para la compra de departamentos en el condominio Las Loritas, ubicado en el séptimo anillo de la capital cruceña. Según las denuncias, los inmuebles comprometidos nunca fueron entregados.

La defensa de Lora solicitó que el empresario sea trasladado al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz; sin embargo, el pedido fue rechazado por la autoridad judicial, que determinó su reclusión en el centro penitenciario cruceño mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Alex Martínez, calificó la decisión como “justa” y señaló que continuarán con la acusación para llevar el caso a juicio oral, además de impulsar acciones que permitan resarcir los daños económicos ocasionados a los afectados.

De acuerdo con la información del proceso, Harold Lora también enfrenta otros casos judiciales en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, vinculados a presuntos hechos similares

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, posesionó este lunes al economista José Horacio Valencia como nuevo viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. La nueva autoridad reemplaza a Gustavo Blacutt Alcalá, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2025. Durante su intervención, Valencia señaló que, si bien el sistema financiero boliviano ha demostrado resiliencia frente a distintos escenarios adversos, todavía existen desafíos importantes que requieren modernizar las políticas del sector y fortalecer su crecimiento y sostenibilidad.

Por su parte, Espinoza indicó que el nuevo viceministro tendrá la responsabilidad de continuar fortaleciendo el sistema financiero y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pensiones. La autoridad explicó que uno de los principales retos será asegurar que el capital, el ahorro y los préstamos sigan fluyendo hacia los sectores productivos para contribuir a una recuperación económica más rápida. Asimismo, el ministro agradeció la labor desempeñada por Blacutt durante su gestión, destacando que logró entablar diálogo y alcanzar acuerdos con ahorristas, deudores y jubilados del sistema de pensiones.

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que disponga una auditoría a los procesos judiciales que enfrenta, al considerar que es víctima de persecución política y que su detención preventiva es injustificada.

La solicitud fue realizada mediante una carta presentada en la Casa Grande del Pueblo, en la que Murillo señala que actualmente cumple seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Según el exministro, la medida cautelar no tendría respaldo procesal suficiente y debería ser revisada por las autoridades competentes.

En la misiva, Murillo afirmó que enfrenta más de 28 procesos judiciales, los cuales atribuye a una supuesta campaña impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS). Asimismo, recordó que ambos coincidieron como diputados entre 2006 y 2009, cuando Paz formaba parte de la Asamblea Legislativa, y expresó su expectativa de que el actual mandatario disponga una revisión de su situación jurídica.

Por su parte, el abogado del exministro, Giovani Machicao, indicó que tras seis meses de detención preventiva no se habrían realizado nuevos actos investigativos que justifiquen la continuidad de la medida, por lo que correspondería una revisión o modificación de la situación legal de su defendido.

Murillo fue detenido en Bolivia en septiembre del año pasado, luego de ser expulsado de Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero vinculado a hechos de corrupción. En el país enfrenta varios procesos judiciales, entre ellos investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio durante su gestión como ministro.