En el marco de la implementación de la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal, el Ministerio Público de Oruro desplegó un equipo de 27 Fiscales de Materia y Fiscales Litigantes para llevar a cabo una visita integral a los recintos penitenciarios de San Pedro y al Centro de Rehabilitación Femenino La Merced. La actividad se realizó en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia y la Delegación Defensorial del Pueblo, con el propósito de revisar el estado de los casos judiciales de las personas privadas de libertad.
“La presencia de nuestros fiscales en los centros penitenciarios responde al deber institucional de velar por el respeto de las garantías constitucionales y procesales de los privados de libertad, así como avanzar en la descongestión carcelaria de manera efectiva y humanitaria”, afirmó la Fiscal Departamental en Suplencia Legal de Oruro, Zulmer Villegas Chávez, al destacar el trabajo conjunto y el enfoque de derechos humanos que guía estas acciones.

Durante la jornada, el equipo fiscal realizó entrevistas personalizadas con los internos e internas para evaluar el avance de sus procesos, detectar posibles vulneraciones a sus derechos y coordinar medidas inmediatas que permitan agilizar los trámites judiciales.
Estas visitas forman parte de una política institucional del Ministerio Público orientada a garantizar el acceso efectivo a la justicia, promover la transparencia en la labor fiscal y fortalecer la coordinación con el Órgano Judicial, en beneficio de las personas privadas de libertad y de la sociedad en su conjunto.

El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, y la Fiscal de la Nación del Perú, Delia Espinoza Valenzuela, participaron junto a sus equipos técnicos especializados en la “Reunión Técnica Binacional Perú-Bolivia: Disrupción de las Redes de Trata de Personas y Estrategias Antilavado en Contexto de Economías Ilegales”, celebrada en Lima, Perú. El objetivo principal fue fortalecer la cooperación bilateral y las capacidades técnicas de las y los fiscales de ambos países para enfrentar delitos complejos, como la trata de personas y el lavado de activos, mediante una investigación penal más efectiva y coordinada.

“La trata de personas y el lavado de activos son delitos profundamente conectados con estructuras criminales transfronterizas, por ello, necesitamos respuestas coordinadas, basadas en el intercambio de información en tiempo real, investigaciones conjuntas y el compromiso firme de nuestras instituciones para adoptar enfoques comunes frente al crimen transnacional que le hace tanto daño a nuestros países, pero sobre todo a la población”, sostuvo Mariaca.
La primera jornada de la reunión técnica se realizó el 28 de agosto de 2025 en las instalaciones del Ministerio Público del Perú, y la segunda el 29 de agosto en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), también en Lima. Esta iniciativa fue promovida por la UNODC, la Jefatura Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de Bolivia y la Fiscalía de la Nación del Perú.

Durante el evento, se discutieron estrategias conjuntas para implementar herramientas de cooperación judicial internacional, como los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), órganos mixtos de investigación e investigaciones paralelas coordinadas, ajustadas a las particularidades de los casos planteados. Estas herramientas buscan respuestas más eficaces frente a redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.
El intercambio de experiencias entre fiscales de ambos países permitirá fortalecer las investigaciones, brindar mejor protección a las víctimas y perseguir penalmente a las organizaciones que se benefician de la vulnerabilidad humana y la economía ilícita regional.

Rafael y Camila Arce Mosqueira, dos de los tres hijos del presidente Luis Arce, fueron señalados este jueves por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz (Ponchos Rojos), que pidió al Ministerio Público activar una orden de aprehensión por presuntos hechos de corrupción vinculados a la adquisición de tierras.
“Hemos emitido una resolución pidiendo a las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público para que lo antes posible se active la orden de aprehensión para los hijos de Luis Arce Catacora, para el compañero Rafael Arce y Camila Arce. Estos dos hijos de Luis Arce Catacora han adquirido más de 63 millones de bolivianos de una entidad bancaria financiera sin justificación”, declaró el ejecutivo David Mamani.

Ambos hijos del mandatario son acusados de haber sido favorecidos con un millonario financiamiento para la compra de tierras productivas en el departamento de Santa Cruz.
“Creo que el origen de este monto ha sido la Gestora Pública, el fondo de los trabajadores que ahí depositan, entonces como autoridades sindicales y control social, ante los graves indicios de legitimación de ganancias ilícitas, solicitamos se emita mandamiento de aprehensión y resolución de imputación”, insistió el representante de los Ponchos Rojos.
Este pedido se suma a exigencias similares por parte de legisladores afines a Evo Morales, quienes también solicitaron una investigación y el precintado de la propiedad, de donde supuestamente se habría retirado maquinaria agrícola valuada en más de 10 millones de bolivianos.
“(Arce) no quiere rendir las cuentas sobre semejantes actos de corrupción en cinco años de gestión gubernamental, por lo tanto nosotros exigimos que se ejecute lo antes posible el arraigo”, reiteró Mamani.

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los departamentos más poblados del país y, en conjunto, concentran el 71,87% de la población boliviana, según los datos finales del Censo de Población y Vivienda 2024, presentados hoy jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El informe oficial señala que Bolivia cuenta actualmente con 11.365.333 habitantes, lo que representa un incremento del 12,98% respecto al censo de 2012, cuando se registraron 10.059.856 personas.
El departamento de Santa Cruz lidera en población, con 3.122.605 habitantes. Le siguen La Paz, con 3.030.917 y Cochabamba con 2.016.357. Estas tres regiones del eje central suman 8.169.879 personas, lo que equivale al 71,87% del total nacional.
El 28,1% restante de la población se distribuye en los departamentos de Potosí con 861.292, Chuquisaca con 606.027, Oruro con 571.471, Tarija con 534.210, Beni con 488.260 y Pando con 134.194

Distribución por sexo
De la población total, 5.682.835 son mujeres y 5.682.498 son hombres, una diferencia mínima a nivel nacional.
Sin embargo, hay variaciones departamentales:
• En Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Tarija y La Paz, predominan las mujeres.
o Ejemplo: Cochabamba tiene un 50,74% de mujeres frente a un 49,26% de hombres.
• En Santa Cruz, Beni, Pando y Potosí, los hombres son mayoría.
o En Pando, la diferencia es notable: 52,79% hombres y 47,21% mujeres.
Zona urbana vs rural
• En el área urbana viven 4 millones de mujeres y 3,8 millones de hombres.
• En el área rural, hay 1,6 millones de mujeres y 1,8 millones de hombres.

Estructura por edades
El Censo 2024 también revela cómo se distribuye la población por rangos etarios:
• 0 a 5 años: 9,3%
• 6 a 11 años: 11,8%
• 12 a 17 años: 11,3%
• 18 a 28 años: 19,5%
• 29 a 39 años: 17%
• 40 a 59 años: 20,3%
• 60 años o más: 10,8%
Esto indica que la mayoría de la población (56,8%) se encuentra entre los 18 y 59 años, es decir, en edad laboral activa.
Además:
• La población de 0 a 14 años suma 3 millones, con una ligera mayoría de varones (1,5 millones frente a 1,4 millones de mujeres).
• En la franja de 15 a 64 años, hay 7,4 millones de personas, distribuidas casi equitativamente: 3.732.164 mujeres y 3.728.050 hombres.
• En el grupo de adultos mayores (65 años o más), hay 841.275 personas, con mayoría femenina: 451.595 mujeres frente a 389.680 hombres.

Este miércoles se realizó la reunión del Comité Intersectorial de Análisis y Vigilancia Epidemiológica en Salud, instancia que recomendó mantener el horario de invierno en las regiones afectadas por el descenso de temperaturas, debido a la persistencia de frentes fríos.
El encuentro contó con la participación de representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y otras instituciones.
De acuerdo con el reporte del Senamhi, en el altiplano las temperaturas mínimas continuarán por debajo de 0°C, con heladas matutinas y probabilidad de nevadas en zonas por encima de los 4.000 msnm. En los Valles, se prevén mínimas entre 0°C y 3°C en las áreas más elevadas. Mientras tanto, en el Oriente, se anticipa una leve mejora de las temperaturas máximas a partir del jueves 28 de agosto, aunque se espera el ingreso de un frente frío débil, que afectará inicialmente al Chaco.

En el plano epidemiológico, el Comité destacó el avance en la campaña de vacunación contra el sarampión, que hasta el 26 de agosto reportaba 274 casos confirmados. Las clases presenciales se mantendrán en todo el país, bajo la aplicación del Protocolo de Bioseguridad para la Prevención del Sarampión y el control del carnet de vacunación con el esquema regular.
Sin embargo, en las unidades educativas donde se detecten casos activos, se instruirá el cambio temporal a clases a distancia, conforme a los protocolos establecidos.

La diputada María René Salazar ratificó este martes que el predio denominado Adán y Eva, propiedad del hijo del presidente Luis Arce, provoca un severo daño ambiental y anunció que solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental para restaurar el equilibrio ecológico en la zona afectada.
“Para rememorar de qué se trata el proceso del hijo del presidente, es que él sacó un préstamo millonario del Banco Ganadero teniendo un sueldo de simple funcionario público que no le podía dar un respaldo para sacar dicho préstamo, y supuestamente tenía unos ahorros millonarios que utilizó para comprar y adquirir este predio”, declaró la legisladora en una entrevista.
En ese contexto, recordó que el diputado Héctor Arce presentó una denuncia penal que fue inicialmente desestimada el año pasado, pero que en la presente gestión fue aceptada nuevamente. “Yo como colega diputada también me estoy apersonando el día de mañana. Al mismo tiempo, vamos a solicitar medidas cautelares en el Tribunal Agroambiental para que se pueda restituir el daño ambiental que se ha hecho en este predio”, precisó.

Salazar además cuestionó la forma en que fue concedido el crédito al propietario. Indicó que corresponde verificar si la entidad financiera actuó conforme a la normativa al otorgar el préstamo. “Estamos esperando que se den curso a los requerimientos fiscales y vamos a hacer otros requerimientos para ver si hubo alguna irregularidad también de parte del banco, porque hay normativa que no podría haber permitido este tipo de operaciones si no había respaldo suficiente con los ingresos del beneficiario”, sostuvo.
La legisladora enfatizó que su intervención no tiene como objetivo perseguir a la empresa privada, sino garantizar el cumplimiento de las leyes financieras y ambientales en Bolivia. “Hay normativa en nuestro país que tiene que cumplirse, por mucho menos hemos visto casos que fueron sancionados. Este tema tiene que dilucidarse con los requerimientos fiscales”, expresó