El Comando de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) afectó al contrabando con incautaciones valoradas en aproximadamente Bs2.056.286, entre el 3 y 13 de agosto, según informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Cnl. DAEN (S.P.) Luis Amílcar Velásquez Burgoa, en una conferencia de prensa realizada en el Regimiento Ingavi de El Alto.
Durante ese periodo, se decomisaron productos de contrabando a la inversa (exportación ilegal), entre ellos, 25 quintales de azúcar y 120 litros de aceite en Tiquina (frontera con Perú), 234 quintales de maíz en Chua, 10.800 unidades de huevo y 30 quintales de harina en el área del Control Naval Titicaca, Cajas de tomate, zanahoria, fideos y bebidas gaseosas en Villazón y Bermejo y 1.500 kilos de carne de cerdo en Lacaya (frontera con Perú). Estas acciones representaron una afectación al contrabando a la inversa por Bs154.156.
En cuanto al contrabando de importación, se incautaron, 118 cajas de cigarrillos en Puerto Acosta, 170 celulares en el Control Naval Titicaca, 100 quintales de harina y aceite para motor en Villazón y varios vehículos en Oruro, entre ellos unidades Mazda, Toyota y Mitsubishi en zonas fronterizas con Perú y Chile.
Además, se incineraron cuatro vehículos en Oruro, que eran utilizados para transportar mercancía ilegal, como ropa usada y productos varios, generando una afectación adicional de Bs1.902.130 al contrabando de importación.

Abraham Nogales Antelo asumió la presidencia de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) para la gestión 2025-2026, en un acto realizado la noche del 14 de agosto. Buscando la unidad del sector agropecuario, la defensa de la producción nacional y la construcción de un pacto productivo por la soberanía alimentaria.
En su discurso de posesión, Nogales presentó una agenda basada en cuatro pilares estratégicos: seguridad jurídica para las tierras productivas, libre exportación, acceso a biotecnología y provisión oportuna de diésel. Señaló que estos elementos son fundamentales para garantizar condiciones de trabajo estables y un entorno productivo competitivo.
“Bolivia necesita abrirse a un diálogo sincero y constructivo, priorizando lo verdaderamente urgente”, expresó Nogales, quien se comprometió a representar con equidad a pequeños, medianos y grandes productores, promoviendo la sostenibilidad del agro.
Empresario con más de dos décadas de experiencia en producción agrícola y ganadería, Nogales ha ocupado cargos de liderazgo en Anapo y fue vicepresidente de Fegabeni entre 2009 y 2011. Su trayectoria combina visión gremial, enfoque empresarial y compromiso con el desarrollo sostenible del sector.
Durante la ceremonia, se entregó el reconocimiento “Grano de Oro” a Genaro Carreño, en honor a su trayectoria y aporte al desarrollo productivo. El evento contó con la participación de autoridades, dirigentes gremiales y productores de diversas regiones del país.
Por su parte, el presidente saliente, Fernando Romero, destacó los avances de su gestión en temas clave como seguridad jurídica, biotecnología y sostenibilidad, y expresó su respaldo al nuevo directorio. “Anapo está más fuerte, más unida y más preparada que nunca para enfrentar el futuro”, afirmó.
El nuevo equipo directivo de ANAPO está conformado Gary Farell Paniagua como vicepresidente; Adán Mérida Cáceres, como secretario; y Shomara Ichazo Ramos, como tesorera. Además, forman parte de la directiva los productores Epifanio Zurita Encinas, Marcelo Traverso Viscarra, Walter Pucho Guzmán, Yasuo Matsuzaki Barba, Yuken Nakamura Inamine, Joel Eyzaguirre Cárdenas, Juan Pablo Espinoza Paniagua, Hugo Flores Porco, Juan Yucra Cayo, Fidel Flores Arízaga, Filipe de Araujo Barbieri, Eduardo Bedoya Corujo y Luis Alejandro Rea Queirolo. Esta directiva, que refleja la pluralidad del agro boliviano, trabajará durante los próximos dos años

La Jefa de la Unidad Nacional de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, María Luisa Herrera, informó que los Fiscales Departamentales de Santa Cruz, Alberto Zeballos; de La Paz, Luis Carlos Torrez; y de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, participaron en el “Taller de Capacitación en Delitos Cibernéticos enfocados en Ransomware para Fiscales”, realizado del 12 al 14 de agosto de 2025 en Washington D.C., Estados Unidos.
El evento fue organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en su rol de Secretaría Técnica de las Reuniones de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales de las Américas (REMJA). Herrera destacó que, desde la Unidad Nacional de Asuntos Internacionales, se gestionó la participación activa de los representantes bolivianos en este espacio de formación.
El ransomware, es un tipo de software malicioso que impide el acceso a datos o sistemas informáticos de la víctima, exigiendo un pago como condición para liberarlos. Este delito representa una amenaza creciente para instituciones públicas, empresas y ciudadanos.
El principal propósito del encuentro fue fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los fiscales en la investigación y persecución penal de delitos vinculados con ransomware. Además, se buscó mejorar la protección a las víctimas, elevar la eficacia de las investigaciones y reducir el impacto social de estos ataques.
En el transcurso del taller, los fiscales bolivianos intercambiaron experiencias y buenas prácticas con colegas de distintos países, promoviendo la cooperación regional en el combate al cibercrimen. También se abordaron herramientas avanzadas y técnicas especializadas para la identificación, análisis forense y judicialización de casos complejos relacionados con ataques cibernéticos.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo anunció la agenda de actividades que desarrollará este domingo 17 de agosto, con el objetivo de realizar un seguimiento cercano al proceso electoral y compartir hallazgos preliminares que contribuyan a fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la confianza en la democracia.
Desde su centro de operaciones, Jubileo iniciará la jornada a las 07:00 con la participación en la sesión de apertura del Tribunal Supremo Electoral, para luego dar paso a la observación del inicio de actividades en mesas de votación, mediante visitas a recintos seleccionados donde se presenciarán los primeros sufragios.
A las 09:30 se emitirá el primer reporte público de la jornada, con observaciones iniciales dirigidas a medios de comunicación, embajadas y organismos internacionales.
Entre las 09:45 y las 14:30, se realizarán recorridos estratégicos por distintas zonas del país con el fin de verificar el desarrollo del proceso electoral, condiciones logísticas y niveles de accesibilidad.
A las 15:00 se publicará el segundo informe del día, que incluirá hallazgos de media jornada, especialmente relacionados con posibles focos de conflictividad o situaciones particulares detectadas a través de los reportes enviados por los observadores comunitarios desplegados en terreno.
Posteriormente, entre las 15:15 y las 18:30, el equipo de observación se enfocará en el cierre de mesas, con presencia en recintos para verificar el cumplimiento de los protocolos de escrutinio, cómputo, exposición de actas y transmisión preliminar de resultados.
Finalmente, a las 19:30, Jubileo presentará su tercer y último reporte público del día, que incluirá un resumen de la jornada electoral, hallazgos preliminares y conclusiones iniciales. Esta presentación contará con la presencia de medios de comunicación, misiones de observación y representantes del cuerpo diplomático.

El Fiscal Departamental de Beni, Félix Balderas, informó que el Ministerio Público lleva adelante una investigación por la presunta desaparición de una persona, privación de libertad, asesinato y tenencia ilícita de armas de fuego en el municipio de San Joaquín. En el transcurso de los allanamientos realizados en estancias rurales, se secuestraron armas, municiones y se aprehendió a un ciudadano identificado como Jorge O. G., de 39 años.
“Al tomar conocimiento del caso, el suscrito Fiscal Departamental, junto a una comisión de fiscales, se constituyó en la localidad de San Joaquín para ejecutar dos órdenes de allanamiento en estancias rurales. Se cuenta con el informe policial preliminar, actas de allanamiento y registro del lugar del hecho, acta de aprehensión y muestrario fotográfico, entre otros elementos que están siendo analizados para esclarecer el asesinato y los delitos conexos. El Ministerio Público ha dispuesto la imputación formal del aprehendido, quien será puesto ante un juez cautelar” señaló Balderas.
Roberto Carlos Sandoval, fiscal del caso, explicó que la investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de la víctima, quien reportó la desaparición de su hijo y solicitó el inicio de las indagaciones correspondientes.
Las diligencias fueron ejecutadas por el Fiscal del caso, bajo la supervisión del Fiscal Departamental y la comisión de fiscales, en coordinación con el equipo multidisciplinario del Ministerio Público y personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la FELCC.

Gerardo Balderas, Fiscal Departamental de Beni, informó que un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana, realizado durante un patrullaje de rutina en la carretera Riberalta – Australia, permitió el hallazgo de un camión que transportaba paquetes de marihuana ocultos entre materiales de construcción. La intervención fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas de Riberalta.
“El operativo se realizó como parte de los controles habituales, se logró secuestrar una sustancia controlada que, tras la prueba de campo, dio resultado positivo para 103 Kilos y 875 gramos de marihuana. También se incautó el vehículo en el que era transportada, el cual fue encontrado abandonado y sin placas”, explicó Balderas.
El fiscal asignado al caso, Stevens Andrei Herrera, precisó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:15 horas, cuando los efectivos realizaban patrullajes y control vehicular en ambos sentidos de la ruta. Al ingresar por un camino lateral en dirección al río, observaron un camión blanco con verde, sin placa de control y en estado de abandono, a unos cinco kilómetros de la vía principal.
Durante el rastrillaje en la zona, no se identificó a ninguna persona en las inmediaciones. Al proceder con la inspección del camión, se encontraron varios paquetes rectangulares, envueltos con cinta adhesiva de color beige, ocultos debajo de materiales de construcción como ladrillos y yeso. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana.

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue aprehendido este jueves por la Policía en Cochabamba y será trasladado a La Paz en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada.
El fiscal Miguel Cardozo confirmó que la aprehensión se realizó en el contexto del caso que sigue el Ministerio Público y que el traslado a la sede de Gobierno ya está en marcha.
En enero pasado, Lisperguer y su exasesor jurídico Gabriel D. A. fueron denunciados por no registrar bienes adquiridos en sus declaraciones juradas y por recibir depósitos millonarios de terceras personas.
El 20 de febrero, Lisperguer declaró en calidad de investigado en la Fiscalía, pero quedó en libertad. La investigación fue impulsada por el Viceministerio de Transparencia.
Además, a inicios de agosto, Lisperguer recibió medidas sustitutivas en otro proceso ligado a un caso de violencia familiar.

Con una convocatoria nacional e internacional sin precedentes, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró oficialmente el Seminario Internacional del Bicentenario sobre Transparencia, Tecnología y Ética en el Sistema de Justicia. Este evento, que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, reúne a más de 43 mil participantes de manera presencial y virtual y representa un avance significativo en la modernización del sistema judicial boliviano.
Mariaca Montenegro destacó en la apertura que “Hoy, nuestro compromiso trasciende los muros de nuestras instituciones. No se trata solo de cumplir funciones, se trata de construir un sistema judicial digno, confiable y humano. Y esa construcción se sostiene en tres pilares inseparables: la transparencia, la tecnología y la ética”. Asimismo, enfatizó que la transparencia es una obligación moral y legal, la tecnología es una herramienta indispensable para mejorar la eficiencia y la equidad, y la ética el pilar que garantiza respeto a cada persona detrás de cada expediente.
El seminario, organizado por la Fiscalía General del Estado, cuenta con la participación de expertos de Colombia, Chile, Perú, España y Bolivia, además del respaldo de la Cooperación Española, la Fundación Internacional FIAP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Lesly Alemán Leaño, Directora de Régimen Disciplinario y Transparencia Institucional del Ministerio Público, destacó que el evento facilita el análisis y discusión de los retos que plantea el avance tecnológico en la justicia, junto con la importancia de mantener principios éticos.
Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, resaltó la relevancia de estos encuentros académicos para generar cambios profundos y promover el diálogo entre expertos y autoridades.
Entre los destacados ponentes se encuentran Pablo Armando Corral Davezies (Bolivia), quien abordará la tecnología como mecanismo de transparencia; Romer Saucedo Gómez (Bolivia), sobre imparcialidad e integridad judicial; Mónica Mendoza Betancourt (Colombia), sobre herramientas tecnológicas anticorrupción; Christian Toledo Álvarez (Chile), enfocándose en la transparencia y derechos humanos; María Antonia Diez García (España), con un enfoque en tecnoética; y Elmer Atilio Chirre Castillo (Bolivia), con una perspectiva de cooperación internacional para una justicia transparente.
Este seminario no solo conmemora el Bicentenario de Bolivia, sino que proyecta una visión estratégica para transformar el sistema judicial, promoviendo una justicia más ética, transparente y tecnológicamente avanzada.

Mauricio Nava Morales, el Fiscal Departamental de Chuquisaca, dio a conocer que el miércoles pasado se llevó a cabo la última reunión de coordinación entre el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, el Comando Departamental de la Policía Boliviana y la Delegación de la Defensoría del Pueblo. En el encuentro se ultimaron los detalles para la ejecución del operativo conjunto, que ya está en marcha con el objetivo de garantizar una jornada electoral tranquila y segura el próximo domingo 17 de agosto de 2025.
Nava Morales destacó que la reunión se centró en definir las tareas y responsabilidades de cada institución, con miras a las Elecciones Generales 2025. hemos sostenido una reunión para ultimar detalles sobre una serie de acciones de apoyo interinstitucional de cara a las Elecciones Generales 2025, con el propósito de garantizar el desarrollo de una jornada democrática con absoluta normalidad y respeto a los Derechos Humanos, tal como se ha venido coordinando desde el anterior mes, en el marco de los instructivos recibidos por nuestro Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro”, explicó el Fiscal Departamental.
En este contexto, el Tribunal Electoral Departamental y la Defensoría del Pueblo se encargarán de promover una jornada electoral pacífica, tanto en Sucre como en las provincias. Por su parte, la Policía Boliviana y la Fiscalía desplegarán efectivos y fiscales en todos los recintos electorales, tanto en la capital como en el resto del departamento, para garantizar el cumplimiento de las normativas y ejercer el control necesario durante el evento.
El plan de acción contempla el envío de cerca de 40 fiscales de materia por parte de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca a los recintos electorales y al centro de cómputo oficial, para asegurar una respuesta rápida ante cualquier infracción electoral o delito en general. Además, se reforzarán los turnos de trabajo y se garantizará la atención continua de todas las unidades especializadas de la Fiscalía, en el marco del Protocolo de Actuación Fiscal en la Jornada Electoral.
La Defensoría del Pueblo contará con alrededor de 700 veedores voluntarios que se desplegarán por todo el país, monitoreando el respeto a los derechos humanos en los centros de votación. Esta actividad se replicará en Chuquisaca, y todos los informes se compartirán oportunamente con los enlaces designados por el Ministerio Público.
Finalmente, las cuatro instituciones involucradas han acordado establecer canales de comunicación permanentes para garantizar una coordinación eficiente durante el operativo conjunto, que busca asegurar la transparencia y el respeto en el desarrollo de las elecciones.