La Gobernación de Santa Cruz formalizó una denuncia penal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por el incendio ocurrido en uno de sus depósitos ubicados en el Parque Industrial, que provocó la pérdida de vehículos, maquinaria y materiales de oficina pertenecientes al ente departamental.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 16:00 horas del jueves y, gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado alrededor de las 20:00 horas. La alerta inicial fue dada por una funcionaria policial que detectó el fuego en el inmueble.

El secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Eduardo Correa, acompañado por el director de Gestión de Riesgo, Jhonny Rojas, explicó que al tratarse de un bien de dominio público se ha procedido con la denuncia penal para que el Ministerio Público investigue las causas y circunstancias del incidente.

Entre los bienes afectados se encuentran algunos vehículos oficiales, maquinaria y materiales de escritorio, que serán cuantificados en un inventario que permitirá informar al seguro para la cobertura de los daños.

Las autoridades departamentales aseguraron que se dará seguimiento a la investigación para garantizar que se esclarezca el origen del incendio y se tomen las acciones correspondientes para evitar futuros incidentes.

El Fiscal Departamental del Beni, Gerardo Balderas, informó que el Ministerio Público ha abierto un proceso investigativo para identificar y sancionar a los responsables del hallazgo de 457 kilos con 450 gramos de cocaína y un arsenal de armas de fuego durante un operativo antidrogas realizado en la comunidad Candado, provincia Yacuma.

El operativo, desarrollado entre el 3 y 4 de agosto bajo el plan nacional “Vías Seguras”, fue ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), sección GIOE-Trinidad. Según Balderas, en presencia de autoridades fiscales y policiales se realizó la prueba de campo, el pesaje y conteo de la droga incautada, confirmando que la sustancia estaba distribuida en 10 bolsas con un total de 420 paquetes tipo ladrillo.

Durante el patrullaje a pie en una senda oculta de la maleza, los efectivos fueron atacados con disparos provenientes de diferentes direcciones. En defensa propia, los uniformados repelieron la agresión y recuperaron el control del área. En la inspección posterior se encontraron cinco armas de fuego: un fusil AR-10, una pistola Glock 17, una carabina M-1 y dos escopetas, acompañadas por un importante número de municiones.

También se hallaron dos carpas camufladas entre la vegetación, cada una conteniendo cinco bolsas negras de yute con sustancias controladas. Debido a la peligrosidad del lugar, el personal fue exfiltrado y los elementos secuestrados trasladados a la base de la UMOPAR en Trinidad para su análisis y custodia.

El Fiscal Balderas destacó que este decomiso constituye un duro golpe al narcotráfico en la Amazonía boliviana y ratificó el compromiso del Ministerio Público de continuar con las investigaciones para identificar y procesar a los implicados en estos hechos ilícitos.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la Priorización de la Atención a Víctimas de Violencia Basada en Género (VBG)”, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, recibió este miércoles la visita del Embajador de la República de Corea en Bolivia, Lee Jang, junto a representantes consulares y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). El encuentro tuvo lugar para evaluar los avances y coordinar la ejecución del emblemático edificio del IDIF, que se construye en la zona de Lajastambo, en la ciudad de Sucre.

“Sucre contará con el Instituto de Investigaciones Forenses más moderno y avanzado de Sudamérica, gracias al valioso apoyo de la cooperación coreana. Estamos profundamente agradecidos por esta inversión de más de 12 millones de dólares en nuestro bello departamento de Chuquisaca”, destacó Mariaca Montenegro durante la reunión.

El Fiscal General también aseguró al Embajador que se respetarán y protegerán los derechos de los ciudadanos coreanos que visitan o residen en Bolivia, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad legal de extranjeros y nacionales por igual.

Por su parte, el Embajador Lee Jang expresó su satisfacción por estar en Sucre y valorar el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Corea. Anunció que una delegación boliviana viajará a Corea en septiembre para recibir capacitación especializada en investigaciones forenses y atención a víctimas de violencia, parte fundamental del proyecto auspiciado por KOICA.

Las autoridades resaltaron los avances significativos en la ejecución de la obra y destacaron la importancia del intercambio técnico, que permitirá capacitar al equipo de profesionales del IDIF y mejorar sustancialmente la calidad y eficacia de los servicios forenses en la región.

Este proyecto emblemático, enmarcado en las celebraciones del Bicentenario de la independencia nacional, se traducirá en un moderno edificio que beneficiará directamente a cerca de 500 personas entre personal del IDIF, fiscales y jueces, además de más de dos millones de habitantes del departamento de Chuquisaca y zonas del sur del país, facilitando un acceso más justo y eficiente a los servicios forenses.

El encuentro contó con la participación del Embajador de Corea, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Departamental de Chuquisaca, autoridades del IDIF y representantes de KOICA, quienes reiteraron su compromiso conjunto en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la justicia.

El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta (BDP-SAM) confirmó la realización del segundo desembolso de su innovador producto Ventanilla Verde BDP, dirigido a fortalecer el financiamiento de proyectos que contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático. Este producto financiero de Segundo Piso está orientado a instituciones financieras como bancos, cooperativas, empresas de arrendamiento y entidades financieras de desarrollo, que canalizan créditos con impacto ambiental positivo.

El segundo desembolso, por un monto de 10 millones de bolivianos, fue otorgado a la Fundación Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento – Institución Financiera de Desarrollo (DIACONIA FRIF-IFD), una organización con más de 30 años de experiencia en brindar soluciones financieras a sectores urbanos y rurales. Con estos recursos, DIACONIA financiará su producto Ecoverde, dedicado a proyectos productivos que promuevan la eficiencia energética, el uso de energías renovables y prácticas agrícolas sostenibles, entre otros enfoques clave para la protección ambiental.

Este desembolso continúa la línea iniciada con la primera entrega al Centro de Investigación y Desarrollo Regional (CIDRE-IFD), entidad que financia actividades productivas orientadas a energías limpias, transporte sostenible, gestión de recursos naturales y la economía circular.

Ventanilla Verde BDP ofrece condiciones financieras favorables, incluyendo un plazo de 60 meses y un periodo de gracia de seis meses sobre el capital. Además, el BDP-SAM acompaña este producto con asistencia técnica y un riguroso seguimiento para evaluar el impacto ambiental, social y climático de las inversiones realizadas.

El apoyo técnico incluye herramientas como el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) y el Sistema Institucional de Gestión Ambiental y Social (SIGAS), que permiten a las instituciones financieras fortalecer sus capacidades para gestionar de manera responsable los riesgos asociados a sus operaciones.

Este nuevo desembolso reafirma el compromiso del Banco de Desarrollo Productivo con la promoción de un desarrollo productivo sostenible y la resiliencia climática en Bolivia, alineado con su Programa de Finanzas Sostenibles, y posiciona al sistema financiero como un actor fundamental en la transición hacia una economía verde y responsable.

El Ministerio de Educación confirmó este jueves que las actividades escolares presenciales se reanudarán en todo el país a partir del lunes 11 de agosto, con el respaldo de medidas sanitarias orientadas a garantizar un retorno seguro a las aulas. Así lo anunció el viceministro de Educación Regular, Manuel Eudal Tejerina, en una conferencia de prensa realizada en la sede ministerial.

La decisión fue adoptada tras una evaluación conjunta con las autoridades de salud, considerando el comportamiento de los casos de sarampión reportados en algunas regiones. El viceministro aclaró que la medida será aplicada a nivel nacional, pero con especial atención en municipios o distritos donde aún persisten casos activos de la enfermedad. En estos lugares, las Direcciones Departamentales de Educación deberán remitir reportes diarios para evaluar si corresponde modificar temporalmente la modalidad educativa.

“La prioridad es la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes, pero también reconocemos la importancia de la educación presencial. Por eso hemos coordinado con el Ministerio de Salud para asegurar un retorno ordenado y seguro”, explicó Tejerina.

Entre las principales acciones preventivas, se implementará un mecanismo de control del carnet de vacunación en las unidades educativas. Esta medida permitirá identificar a los estudiantes que aún no han recibido la vacuna contra el sarampión y gestionar, en coordinación con las autoridades sanitarias, la administración de las dosis correspondientes.

“Queremos agradecer a los padres que ya cumplieron con esta obligación, pero también pedimos responsabilidad a quienes aún no lo han hecho. El carnet de vacunación será clave en este proceso”, recalcó el viceministro.

Asimismo, se aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con las dosis necesarias para responder a la demanda y garantizar la cobertura completa de la población estudiantil. La campaña de inmunización será reforzada en las unidades educativas, en especial en aquellas regiones donde se detecten brechas de vacunación.

Finalmente, Tejerina hizo un llamado a la comunidad educativa para mantener las medidas de prevención y colaborar activamente en este esfuerzo conjunto por la salud pública. “No podemos bajar la guardia. Seguiremos monitoreando la situación día a día y actuando con responsabilidad”, concluyó.

Con el objetivo de establecer criterios unificados y fortalecer la calidad del manejo de medicamentos en el ámbito de la Seguridad Social de Corto Plazo, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) presentó este jueves dos importantes normativas dirigidas a optimizar los servicios farmacéuticos y la farmacovigilancia en el país.

Durante un acto oficial desarrollado en el auditorio de la institución, el Director General Ejecutivo de la ASUSS, Dr. Rubén Omar Colque Mollo, hizo la presentación formal del Reglamento del Comité Nacional de Farmacia, Terapéutica y Farmacovigilancia de la Seguridad Social de Corto Plazo y de la Guía Rápida de Buenas Prácticas en los Servicios de Farmacia. Ambos documentos fueron elaborados con el aporte técnico de distintos entes gestores de salud y tienen como propósito principal garantizar la seguridad del paciente, mejorar la gestión farmacéutica y optimizar los procesos de supervisión en los servicios de salud bajo tuición de la ASUSS.

“Con esta normativa no solo cumplimos con una función reguladora, sino que también consolidamos un trabajo colaborativo entre instituciones, recogiendo la experiencia del personal que está en contacto directo con el sistema y transformándola en herramientas prácticas y aplicables”, explicó el Dr. Colque, quien además subrayó que el trabajo participativo permite avanzar hacia una seguridad social más cohesionada y eficaz.

El acto también contó con la participación de la Jefe Nacional de Farmacia y Laboratorio de la Caja de Salud de la Banca Privada, Dra. Lilian Berazaín Salgueiro, quien celebró la promulgación de estas disposiciones y destacó su utilidad para fortalecer la labor de los profesionales de farmacia en beneficio de los asegurados. “Estos documentos no son solo normas, son instrumentos que nos ayudarán a asegurar la vida y bienestar de nuestros pacientes, que son la razón de nuestra labor diaria”, afirmó.

Asimismo, la Directora Técnica de Fiscalización y Control de los Servicios de Salud de la ASUSS, Dra. Melisa Bress Virgos, agradeció a todas las instituciones y profesionales que contribuyeron a la construcción de ambas normativas, asegurando que permitirán robustecer las acciones del Comité Técnico Consultivo que lidera el Dr. Colque.

Con la implementación de estas herramientas, la ASUSS busca consolidar un modelo de gestión de medicamentos más riguroso, transparente y alineado con estándares nacionales e internacionales de calidad. Se espera que la normativa sea adoptada y aplicada de forma efectiva por todos los entes gestores de salud, marcando un hito en el fortalecimiento de la farmacovigilancia en Bolivia.