En el marco de los actos protocolares por los 200 años de fundación de Bolivia, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, participó este lunes en la ceremonia de izamiento de banderas en la plaza 14 de Septiembre, Cochabamba.

El evento contó con la presencia de autoridades nacionales, locales y representantes de diversas instituciones. Durante la ceremonia, se entonó el Himno Nacional y se presentaron danzas típicas interpretadas por un ballet folclórico local. La actividad culminó con la ejecución de la Marcha Naval, en un acto que reunió a representantes del Ministerio de Culturas, Ministerio de Defensa, la Gobernación de Cochabamba, legisladores, jefes militares y organizaciones sociales.

David Choquehuanca afirmó: «Estos actos nos permiten fortalecer el sentimiento de unidad y patriotismo en esta fecha tan importante para nuestra historia». Por su parte, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, destacó que «la conmemoración del Bicentenario debe involucrar a toda la población para revalorar nuestras raíces y cultura».

La realización de este acto se enmarca en el cumplimiento del Decreto Supremo 5307, que ordena desde el 6 de enero hasta el 31 de diciembre el embanderamiento en edificios públicos y privados, así como en viviendas, plazas, parques, plazuelas y rotondas de todo el país. El decreto también promueve la difusión de expresiones culturales como la música, danza, poesía, gastronomía y pintura, y fomenta la valorización del patrimonio cultural y natural, para reforzar el orgullo nacional y el civismo.

Este programa conmemorativo busca además incentivar el uso y respeto de los símbolos del Estado y la difusión de contenidos alusivos al Bicentenario en redes sociales y plataformas digitales oficiales.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en respaldo a Evo Morales, advirtió que no permitirá la realización normal de las elecciones generales del 17 de agosto si el expresidente no es habilitado para postular.

Tras una reunión celebrada el domingo en Lauca Ñ, región considerada bastión del evismo, los dirigentes campesinos emitieron un pronunciamiento en el que rechazan lo que califican como una proscripción política contra Morales y denunciaron, sin aportar pruebas, un supuesto sometimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al Gobierno, además de cuestionar las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que inhabilitan al líder cocalero.

En el documento difundido, la CSUTCB afirma: “Denunciamos la proscripción de los derechos políticos y constitucionales del movimiento indígena y campesino” y añade: “Sin la participación de nuestro único candidato del pueblo, el hermano Evo Morales, no se practica la democracia y no habrá elecciones”.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, uno de los dirigentes expresó: “El 17 de agosto no habrán elecciones nacionales”. Además, ordenaron a su dirigencia impedir la campaña electoral de los partidos que consideran “traidores”, en especial en las zonas rurales donde tienen influencia. Según señalaron, “no vamos a permitir que aquellos traidores vengan a hacer campaña en nuestro territorio, en nuestras provincias”.

El dirigente campesino remarcó: “No van a entrar esos traidores porque han traicionado al pueblo boliviano, al movimiento campesino. Además, aquellos candidatos que nos han reprimido, que han detenido a los dirigentes, ellos no tendrán perdón”. También advirtió: “Hermanos dirigentes, no dejar entrar a hacer campaña a ningún partido de la derecha, lo único que ellos quieren es saquear los recursos económicos y eso jamás vamos a permitir”.

Este pronunciamiento representa un nuevo foco de tensión en el proceso electoral, afectando la estabilidad y la normalidad del calendario comicial en Bolivia.

La alta demanda en las terminales de buses de La Paz y El Alto coincide con una reducción significativa en la operatividad de las empresas de transporte interdepartamental, que funcionan con menos del 50% de sus unidades debido a la escasez de diésel.

Choferes de motorizados enfrentan largas esperas, que van desde varias horas hasta días, para abastecerse del combustible necesario. Esta situación afecta la movilidad de los viajeros, principalmente en el inicio de las vacaciones de invierno en ocho de los nueve departamentos del país, mientras que Santa Cruz inició este periodo la semana pasada.

Un funcionario de una empresa de transporte en La Paz explicó: “Hay que esperar que cargue, tienen que hacer fila por el diésel”, reflejando las dificultades que enfrenta el sector.

Ante la irregular disponibilidad de combustible, las empresas han suspendido las reservas de pasajes y solo venden boletos en oficinas cuando garantizan que el bus asignado a una ruta cuenta con diésel suficiente. En algunos casos, se ha procedido a la devolución del dinero a los pasajeros, generando reclamos y momentos de tensión en las terminales.

Alejandra Carrera, pasajera afectada, manifestó: “Es frustrante porque uno quiere viajar y no sabe si podrá hacerlo por esta falta de combustible”.

Las autoridades responsables de la distribución de carburantes aún no se han pronunciado sobre la situación actual, aunque previamente anunciaron que el suministro comenzaría a normalizarse en los próximos días.

La escasez de diésel representa un obstáculo importante para el transporte terrestre en un periodo de alta demanda, impactando directamente en la movilidad y planificación de los usuarios.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que alerta a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre una “preocupante escalada de ataques” dirigidos a obstaculizar la realización de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025.

Según el organismo, estos ataques, que califican como sistemáticos y deliberadamente planificados, son impulsados por ciertos actores políticos y sociales, entre ellos grupos afines al expresidente Evo Morales, con el objetivo de desacreditar y amedrentar a la institución y a sus máximas autoridades.

El TSE señala en el comunicado: “Estos ataques consisten en acusaciones infundadas, campañas de desinformación mediática y amenazas veladas contra la integridad de los vocales del TSE, con la intención de debilitar la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático”.

Desde hace días, esos grupos han amenazado con impedir que los candidatos puedan ingresar a regiones como el trópico para realizar campaña electoral y advirtieron que no permitirán la celebración de las elecciones si Evo Morales no figura en la papeleta de sufragio.

El presidente del TSE, Marco Antonio Cabrera, afirmó: “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con apego estricto a la Constitución Política del Estado y a la legislación electoral vigente. No cederemos ante presiones ni intereses sectoriales que intenten condicionar nuestras decisiones o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”.

Asimismo, la vocal María Fernanda Valle subrayó que “el operativo para las elecciones generales está en marcha y el calendario electoral aprobado se mantiene vigente, garantizando la transparencia y legalidad del proceso”.

El TSE reafirma su disposición a garantizar la organización y ejecución del evento comicial, pese a las amenazas y acciones de presión recibidas.

Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, actualmente bajo detención domiciliaria por el caso “Consorcio”, solicitó formalmente autorización para retomar actividades laborales mientras cumple la medida impuesta por la justicia. Paralelamente, su defensa presentó un recurso de apelación contra las medidas cautelares determinadas por la autoridad jurisdiccional.

Según explicó su abogado, la apelación cuestiona directamente la resolución que restringe sus derechos, argumentando que la imposición del arresto domiciliario sin permitirle trabajar constituye un perjuicio innecesario y desproporcionado. El jurista señaló que en la audiencia de apelación expondrán los “agravios” que estas medidas están causando a su defendido y solicitarán su flexibilización para que pueda desempeñar funciones laborales.

En medio de esta situación, la Fiscalía también convocó a Córdova para que preste declaración en un nuevo proceso abierto en su contra, relacionado con el presunto uso indebido de bienes del Estado. Este nuevo proceso se suma a las investigaciones del caso Consorcio, en el que se indaga una presunta red de vínculos irregulares entre operadores judiciales, abogados y funcionarios que habrían vulnerado normas procesales.

El caso ha generado polémica en el ámbito judicial, no solo por el perfil de Córdova, sino por las implicaciones de posibles redes de corrupción en el sistema de justicia paceño.