La Alcaldía de El Alto informó que se lograron sofocar al menos 19 fogatas durante la noche de San Juan en distintos sectores de la ciudad, marcando una reducción del 80% respecto a años anteriores. Los operativos, desplegados en los 14 distritos de la urbe, incluyeron zonas como Río Seco, la avenida La Costanera y la avenida Litoral, con la participación de 500 efectivos entre guardias municipales y policías.

“Hasta esta hora (sobre las 22:00) encontramos unas 19 fogatas que hemos sofocado en la ciudad de El Alto”, detalló Gabriel Pari, secretario municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos (SMASGAR). Agregó que el despliegue preventivo comenzó pasadas las 20:00, en cumplimiento de las normativas locales.

Aunque no se emitieron sanciones en flagrancia, Pari recordó que las ordenanzas municipales 103/2010 y 139/2013 establecen multas de Bs 1.000 para quienes reincidan en la quema de fogatas en sus domicilios. También instó a la ciudadanía a evitar la quema de materiales altamente contaminantes como plásticos, llantas y ropa sintética, en favor del medio ambiente.

En el Distrito 14, el subalcalde Freddy Mamani encabezó el operativo contra las fogatas, señalando: “Bajo el mandato de nuestra alcaldesa Eva Copa salimos con cuatro cuadrillas para hacer una inspección contra las fogatas”. De manera similar, en el Distrito 7 y el Distrito rural 13 se apagaron fogatas encendidas por algunos vecinos.

En el Distrito 5, el subalcalde Eloy Mamani participó directamente en la extinción de fogatas, mientras que en el Distrito 6 se detectaron y apagaron quema de pajonales en la parte alta del sector.

Los operativos continuarán en distintos puntos de El Alto con el objetivo de reforzar la conciencia ambiental y garantizar la disminución de la contaminación durante estas festividades tradicionales. La Alcaldía destacó el compromiso de las subalcaldías y las brigadas para lograr resultados positivos.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se emitieron dos nuevas órdenes de aprehensión en el marco del caso “Consorcio”, con lo que el total de personas involucradas en la investigación asciende a ocho.

“Son ocho personas que están siendo sindicadas e investigadas en la presente causa: cinco con imputación formal –tres con detención preventiva y dos con medidas sustitutivas–, dos se encuentran con órdenes de aprehensión que están a las próximas horas de su ejecución y uno que estamos a la espera de la consideración de medidas cautelares”, explicó Torrez en entrevista con Cadena A.

El fiscal detalló que las fuerzas policiales ya ejecutan labores de inteligencia para proceder con la detención de las dos personas pendientes. “Hasta el momento, como se nos ha informado, la Policía Boliviana está realizando ya los trabajos respectivos de inteligencia y efectivamente estamos aguardando ya la ejecución correspondiente de las órdenes emitidas por parte del Ministerio Público”, agregó.

El caso “Consorcio” involucra una red de tráfico de influencias y consorcio entre autoridades judiciales. La investigación tomó relevancia tras la difusión exclusiva de un audio por Brújula Digital el 15 de junio, donde se escucha al entonces ministro de Justicia, César Siles, instruyendo al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para dictar una resolución contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, con el objetivo de que fuera suspendida y asumiera su suplente, Iván Campero.

Respecto a los procesados, tres autoridades cuentan con detención preventiva: el juez Lea Plaza (seis meses), el exministro Siles (cinco meses) y la exvocal Claudia Castro (cuatro meses), aunque todos se encuentran internados en centros de salud. Además, dos personas gozan de medidas sustitutivas de detención domiciliaria: el magistrado suplente Campero y el abogado José Ramiro Uriarte, responsable del memorial de acción de cumplimiento.

Por otro lado, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Córdova, permanece detenido a la espera de su audiencia cautelar. “Este ciudadano sí ha guardado silencio, pero nosotros hemos formalizado la imputación formal. Estamos solicitando la detención preventiva de este ciudadano por el plazo de seis meses”, puntualizó Torrez.

Finalmente, el fiscal anunció que la reserva del caso culminará este viernes 27 de junio, fecha a partir de la cual se podrán conocer mayores detalles del proceso. “Es ahí donde la comisión de fiscales, gustosamente ya dará una opinión pública y dará a la luz cada uno de los elementos de convicción que han sido colectados en la investigación”, concluyó.

El exministro de Justicia, César Siles, se mantendrá hospitalizado por un mínimo de 45 días en una clínica de Miraflores, La Paz, luego de ser sometido a una cirugía colorrectal y presentar complicaciones médicas, informó su abogado Alberto Morales.

Según Morales, el estado de salud de Siles es delicado y podría estar relacionado con un cuadro de septicemia. “(El estado de salud) está asociado no solo a la lesión de la operación anterior, sino a un posible cuadro de septicemia”, señaló el abogado. La médica de turno, Livna Quino, explicó que “el diagnóstico es reservado del paciente, por el momento ya se encuentra en su unidad e internado, y vamos a hacer las medidas necesarias para que esté estable”.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al exministro siendo evacuado en camilla desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hacia una ambulancia. Su hospitalización ha retrasado su traslado al centro penitenciario en el marco del proceso conocido como “caso Consorcio”.

Por otro lado, el abogado Morales confirmó que un juez excluyó del proceso un audio presentado como prueba, declarando su ilegalidad. “Para la vida jurídica, este auto no existe. Le presentaron la grabación en un CD, pero no el medio magnético original donde se hizo la grabación, y sobre una copia no se pueden realizar pericias de autenticidad”, afirmó Morales.

El audio está vinculado a una supuesta operación para presionar y remover a la magistrada Fanny Coaquira. La exclusión del material representa un cambio relevante en el proceso, ya que el juez fundamentó su decisión en la falta del dispositivo original para validar la autenticidad pericial.

Mientras el proceso judicial continúa, la prioridad sigue siendo la recuperación del exministro, quien deberá permanecer internado al menos un mes y medio antes de ser trasladado al penal, según lo dispuesto inicialmente por la autoridad judicial.