El Ministerio Público de La Paz solicitó este lunes la detención preventiva por seis meses del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, imputado por los delitos de tráfico de influencias y consorcio en el caso Consorcio. Córdova fue aprehendido tras presentarse voluntariamente ante la Fiscalía y se le acusa de participar en un plan para destituir a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, mediante un fallo judicial, con la intención de reemplazarla por su suplente.

La audiencia para definir su situación jurídica ha enfrentado retrasos debido a recusaciones de jueces por conflictos de interés, generando cambios en la jurisdicción del caso. Junto a Córdova, están investigados el exministro de Justicia César Siles, el magistrado suplente del TSJ Iván Campero, la exvocal del TDJ Claudia Castro, el juez Marcelo Lea Plaza y el abogado José Ramiro Uriarte, quienes cuentan con diversas medidas cautelares, entre detenciones preventivas y domiciliarias. La Fiscalía continúa con las gestiones para avanzar en el proceso judicial.

Familiares, amigos y autoridades se reunieron este lunes para despedir al exministro de Trabajo, Erland Rodríguez, en una serie de actos fúnebres realizados en la ciudad de La Paz. Los restos fueron velados en el Salón Juan Lechín del Ministerio de Trabajo, lugar donde compañeros y allegados rindieron homenaje a su trayectoria y contribución en el ámbito laboral del país. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Hall de Palacio Quemado, donde se efectuó una ceremonia oficial en su honor.

La jornada continuó con una misa de cuerpo presente celebrada a las 13:30 en la Catedral Metropolitana, que reunió a representantes gubernamentales y la sociedad civil. Finalmente, el entierro se llevó a cabo a las 16:00 en el sector Olmos del Cementerio Jardín, en la zona Sur de La Paz. Estos actos reflejan el reconocimiento y respeto hacia el legado de Erland Rodríguez, quien dejó una huella importante en la gestión laboral boliviana.

La Fiscalía General del Estado de Bolivia fue reconocida este lunes con la recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma ISO/IEC 27001:2022 y la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, ambas otorgadas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). Con este logro, la institución se consolida como pionera regional en el uso de estándares internacionales en seguridad y calidad de la información en el sistema judicial.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, recibió ambas distinciones durante un acto oficial en Sucre, donde destacó que estos reconocimientos reflejan una profunda transformación institucional y marcan un “día histórico” para el Ministerio Público.
“La Fiscalía ha superado los formalismos procesales tradicionales, dando paso a una justicia ágil, transparente y centrada en las personas, especialmente las más vulnerables”, expresó Mariaca.
Las certificaciones son parte de un Sistema de Gestión Integrado que consolida las políticas internas de seguridad de la información, eficiencia en procesos y mejora continua, producto de una reestructuración profunda, capacitación constante del personal y una firme voluntad de cambio, según informó la institución.
Ecosistema ROMA: tecnología al servicio de la justicia
Uno de los pilares de esta transformación es la implementación del Ecosistema ROMA, una plataforma digital desarrollada por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público. Según explicó su director, Armando Corral Davezies, ROMA integra más de 2.000 servicios, 130 módulos personalizados y 12 macrosistemas, incluyendo herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo.

El sistema promueve una gestión penal completamente digitalizada, bajo una política de “cero papel”, lo que ha permitido mejorar la eficiencia, reducir tiempos procesales y ofrecer un servicio más accesible a la ciudadanía.
Un referente en Iberoamérica
Con estas certificaciones, Bolivia se convierte en la primera institución judicial en Iberoamérica y el Caribe en alcanzar este nivel de madurez tecnológica, dentro del marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), donde actualmente preside el Grupo de Uso y Optimización de Herramientas Tecnológicas.
“Esto no es un punto final, sino el inicio de un proceso continuo de mejora. Seguiremos evaluando, auditando y escuchando a la ciudadanía para consolidar una justicia moderna y confiable”, concluyó el Fiscal General.