El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, se logró probar que Wilfredo V. Y., de 23 años de edad, es autor del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente con Agravante, cometido en contra de una menor de 13 años, a quien embarazó en el año 2024, en el municipio de Presto, por esta razón el Tribunal de Sentencia de Padilla dictó 25 años de prisión a cumplir en la carceleta de Tarabuco.

“Durante la audiencia de juicio, el Ministerio Público acreditó la participación y autoría del hecho investigado, mediante la denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Presto, el informe psicológico, el certificado médico, atestaciones, entre otros que fueron determinantes para que el Tribunal emita una condena de 25 años de privación de libertad para el autor del delito”, sostuvo Nava Morales.

A su turno, la Fiscal del caso, Amparo Tinoco, detalló que Wilfredo V.Y. (concejal suplente de Presto), sostuvo una relación sentimental con la víctima durante un año, desde que ella tenía 12 años.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Presto intervino al tomar conocimiento que una adolescente de 13 años en estado de gestación asistió al hospital.

La víctima en todo momento se rehusó a informar quién era el padre del hijo que esperaba y solo insistió en que se le practique la Interrupción Legal del Embarazo. Tras enterarse de que Wilfredo V.Y, tenía concubina e hijos accedió a revelar su identidad, con lo cual se iniciaron las investigaciones.

En el marco de la Noche de San Juan, considerada la más fría del año, el Brazo Social de la Alcaldía de El Alto llevó a cabo una actividad solidaria para beneficiar a personas en situación de calle alojadas en el albergue temporal de invierno del Multifuncional Heriberto Gutiérrez. La entrega incluyó hot dogs, mantas y tomatodos como muestra de apoyo y calidez hacia los más necesitados.

“Ya que hoy día es el día más frío del año, nosotros desde el Brazo Social no podemos quedar indiferentes. Por eso vinimos a este albergue de invierno, donde se encuentran diferentes personas que están en situación de calle”, explicó Bayron Chumacero, responsable del Brazo Social. Según indicó, la iniciativa responde a un mandato de la alcaldesa Eva Copa, centrado en brindar asistencia humanitaria a quienes más lo requieren.

Unas 30 personas se beneficiaron de esta acción solidaria. Entre ellas, Linda, una de las acogidas en el albergue, expresó su agradecimiento: “Me parece muy solidario porque nos abriga a toditos los que más necesitamos”, dijo mientras disfrutaba del tradicional embutido de San Juan.

El personal del Brazo Social preparó la actividad desde la tarde en el Centro de Convenciones, donde elaboraron los hot dogs que se entregaron posteriormente en el albergue de la Ceja. Chumacero confirmó que este tipo de acciones continuarán en diversos distritos de la ciudad, extendiéndose a otros grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de El Alto reafirma su compromiso con la población en situación de vulnerabilidad, especialmente en las noches más frías del invierno.

El procurador del Estado, Ricardo Condori, informó que un juez de Migración de Estados Unidos definirá la situación legal del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien cumplió una condena en ese país por lavado de dinero. En caso de no existir observaciones o solicitudes por parte de Murillo o su defensa, el exfuncionario podría ser deportado a Bolivia en un plazo aproximado de dos semanas.

“El Gobierno ha comunicado a su par de Estados Unidos que Murillo ya cuenta con dos sentencias en Bolivia y enfrenta otros procesos judiciales, desde legitimación de ganancias ilícitas hasta casos como Senkata y Sacaba, entre otros”, explicó Condori.

Actualmente, Murillo se encuentra en un centro para migrantes en Estados Unidos a la espera de la resolución judicial. No obstante, el exministro tiene la opción de solicitar asilo, lo que podría retrasar su retorno al país. “Una vez que le asignen este número, es un número A que se asigna a este tipo de situaciones jurídicas como las que tiene Murillo, por la página web también se podrá conocer su situación jurídica”, indicó el procurador.

Respecto a los plazos, Condori señaló: “Si es que no existe alguna observación o alguna solicitud por parte del señor Arturo Murillo o su defensa, me imagino que tal vez están pensando en dicha situación, si no estuviera una solicitud, inmediatamente, en el transcurso de dos semanas, ya debería ser deportado”.

Sin embargo, aclaró que si existe una petición y el juez competente la considera procedente, el proceso podría extenderse “dentro de un mes, dos meses o lo que creyera conveniente el juez administrativo en Estados Unidos”, aunque aseguró que el caso concluirá con una resolución definitiva.

El procurador aseguró que las autoridades bolivianas están tomando las medidas necesarias para estar informadas sobre el caso. Por otra parte, el Gobierno boliviano activó un trámite de extradición en relación con Murillo por el caso “Gases Brasil”. “Este ciudadano debe pagar por todas las atrocidades que ha hecho”, concluyó Condori.