El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se emitieron dos nuevas órdenes de aprehensión en el marco del caso “Consorcio”, con lo que el total de personas involucradas en la investigación asciende a ocho.

“Son ocho personas que están siendo sindicadas e investigadas en la presente causa: cinco con imputación formal –tres con detención preventiva y dos con medidas sustitutivas–, dos se encuentran con órdenes de aprehensión que están a las próximas horas de su ejecución y uno que estamos a la espera de la consideración de medidas cautelares”, explicó Torrez en entrevista con Cadena A.

El fiscal detalló que las fuerzas policiales ya ejecutan labores de inteligencia para proceder con la detención de las dos personas pendientes. “Hasta el momento, como se nos ha informado, la Policía Boliviana está realizando ya los trabajos respectivos de inteligencia y efectivamente estamos aguardando ya la ejecución correspondiente de las órdenes emitidas por parte del Ministerio Público”, agregó.

El caso “Consorcio” involucra una red de tráfico de influencias y consorcio entre autoridades judiciales. La investigación tomó relevancia tras la difusión exclusiva de un audio por Brújula Digital el 15 de junio, donde se escucha al entonces ministro de Justicia, César Siles, instruyendo al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para dictar una resolución contra la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, con el objetivo de que fuera suspendida y asumiera su suplente, Iván Campero.

Respecto a los procesados, tres autoridades cuentan con detención preventiva: el juez Lea Plaza (seis meses), el exministro Siles (cinco meses) y la exvocal Claudia Castro (cuatro meses), aunque todos se encuentran internados en centros de salud. Además, dos personas gozan de medidas sustitutivas de detención domiciliaria: el magistrado suplente Campero y el abogado José Ramiro Uriarte, responsable del memorial de acción de cumplimiento.

Por otro lado, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Córdova, permanece detenido a la espera de su audiencia cautelar. “Este ciudadano sí ha guardado silencio, pero nosotros hemos formalizado la imputación formal. Estamos solicitando la detención preventiva de este ciudadano por el plazo de seis meses”, puntualizó Torrez.

Finalmente, el fiscal anunció que la reserva del caso culminará este viernes 27 de junio, fecha a partir de la cual se podrán conocer mayores detalles del proceso. “Es ahí donde la comisión de fiscales, gustosamente ya dará una opinión pública y dará a la luz cada uno de los elementos de convicción que han sido colectados en la investigación”, concluyó.

El exministro de Justicia, César Siles, se mantendrá hospitalizado por un mínimo de 45 días en una clínica de Miraflores, La Paz, luego de ser sometido a una cirugía colorrectal y presentar complicaciones médicas, informó su abogado Alberto Morales.

Según Morales, el estado de salud de Siles es delicado y podría estar relacionado con un cuadro de septicemia. “(El estado de salud) está asociado no solo a la lesión de la operación anterior, sino a un posible cuadro de septicemia”, señaló el abogado. La médica de turno, Livna Quino, explicó que “el diagnóstico es reservado del paciente, por el momento ya se encuentra en su unidad e internado, y vamos a hacer las medidas necesarias para que esté estable”.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al exministro siendo evacuado en camilla desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hacia una ambulancia. Su hospitalización ha retrasado su traslado al centro penitenciario en el marco del proceso conocido como “caso Consorcio”.

Por otro lado, el abogado Morales confirmó que un juez excluyó del proceso un audio presentado como prueba, declarando su ilegalidad. “Para la vida jurídica, este auto no existe. Le presentaron la grabación en un CD, pero no el medio magnético original donde se hizo la grabación, y sobre una copia no se pueden realizar pericias de autenticidad”, afirmó Morales.

El audio está vinculado a una supuesta operación para presionar y remover a la magistrada Fanny Coaquira. La exclusión del material representa un cambio relevante en el proceso, ya que el juez fundamentó su decisión en la falta del dispositivo original para validar la autenticidad pericial.

Mientras el proceso judicial continúa, la prioridad sigue siendo la recuperación del exministro, quien deberá permanecer internado al menos un mes y medio antes de ser trasladado al penal, según lo dispuesto inicialmente por la autoridad judicial.