El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció este martes que un consorcio ilegal conformado por autoridades judiciales y abogados habría intentado tomar el control del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz como primer paso para extender su influencia a otras instancias del Órgano Judicial, incluida la máxima instancia judicial del país.
En declaraciones a la red Unitel, Saucedo explicó que el objetivo inicial del grupo era sustituir a la magistrada titular del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira, para habilitar a su suplente Iván Campero. Según el magistrado, esta acción formaba parte de una estrategia más amplia para establecer una estructura judicial alineada con intereses particulares.
“Inicialmente era un beneficio directo al doctor Iván Campero, quien iba a asumir la titularidad al dejarla fuera a la magistrada titular Fanny Coaquira. Con ello pretendían cooptar la justicia en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tener una estructura que iba a liderizar, iba a direccionar seguramente al antojo y a los intereses particulares de ellos, y seguramente esto iba a llegar también hasta las esferas del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó Saucedo.
El caso se originó a raíz de una resolución emitida por el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien falló a favor de una acción de cumplimiento que suspendía las credenciales de la magistrada Coaquira. Esta decisión fue señalada como el inicio de una operación irregular, actualmente bajo investigación por el delito de prevaricato.
Posteriormente, un audio divulgado por medios de comunicación reveló una supuesta conversación entre el entonces ministro de Justicia, César Siles, y el juez Lea Plaza, en la que se habría instruido la emisión del fallo. Tras la difusión del material, Siles presentó su renuncia el sábado, alegando que tenía conocimiento de denuncias en su contra y que su dimisión pretendía evitar un perjuicio institucional.
El lunes, la vocal del TDJ de La Paz, Claudia Castro, fue aprehendida como presunta coordinadora del consorcio, mientras que el presidente del tribunal departamental, Yván Córdova, también presentó su renuncia y fue incorporado como sujeto de investigación por la Fiscalía. El exministro Siles es otro de los señalados en el proceso.
Saucedo sostuvo que, de haberse concretado el control del TDJ de La Paz, la red habría continuado operando en otras instancias judiciales del país. “Paralelamente a ello se estaban iniciando acciones contra magistrados del Tribunal Agroambiental, que ya están también presentadas contra consejeros del Consejo de la Magistratura, entonces esto era una situación sistemática que estaba empezando con la Magistrada de La Paz, pero también iba a desencadenar sobre otras autoridades del orden judicial”, detalló.
El presidente del TSJ manifestó que esta situación evidencia una amenaza seria a la institucionalidad judicial y afirmó que la renuncia de Siles no fue voluntaria. “Siles no renunció, fue destituido”, aseguró.
Las investigaciones continúan bajo reserva mientras se recopilan pruebas y declaraciones. La Fiscalía ha conformado una comisión para ampliar las pesquisas a todos los involucrados en lo que podría configurar una red de consorcio judicial con proyecciones a nivel nacional.
