Una investigación por presunta manipulación judicial derivada de un audio atribuido al exministro de Justicia, César Siles Bazán, provocó la aprehensión de dos autoridades judiciales de La Paz, la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) paceño, y una denuncia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre un intento de «golpe judicial».
La grabación, que circuló tras la renuncia de Siles al cargo ministerial, revelaría gestiones para influir en un fallo judicial destinado a destituir a una magistrada del TSJ, lo que desató una cadena de reacciones institucionales y judiciales. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el hecho como un atentado contra el sistema judicial. “Es un golpe a la democracia y a la institucionalidad del Órgano Judicial”, advirtió desde Santa Cruz.
En el marco de esta investigación, el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, acusado de prevaricato. La vocal de la Sala Penal del TDJ de La Paz, Claudia Castro, fue aprehendida en sus oficinas y permanece detenida a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, explicó que la intervención al Juzgado de Coroico se realizó tras detectar irregularidades en una resolución constitucional. “La determinación de este juez ha sido prevaricadora, la resolución que ha dictado no se adecúa a la norma. Incluso va en contra del orden constitucional y se estaría poniendo en riesgo cualquier elección”, sostuvo Baptista en una conferencia de prensa desde Sucre. Añadió que se iniciará una acción disciplinaria y auditorías específicas a las decisiones emitidas por ese juzgado.
Por su parte, la defensa de Lea Plaza aseguró que su cliente solicitó a la Fiscalía prestar una declaración ampliatoria y que busca acogerse a la figura de testigo protegido. La abogada Zuleika Lanza afirmó que el juez dispone de nuevas evidencias que podrían comprometer aún más a Siles y a otros altos funcionarios del sistema judicial.
Respecto a la vocal Claudia Castro, su detención fue motivada por una presunta participación en un consorcio ilegal. Anteriormente, cuando se desempeñaba como jueza, fue cuestionada por emitir fallos en favor de exautoridades, como la anulación del mandamiento de aprehensión contra el exministro Juan Ramón Quintana en noviembre de 2020.
Además, el caso incluye la renuncia del presidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, quien fue incorporado a la investigación como sujeto procesal. Una comisión de fiscales fue conformada para ampliar la pesquisa contra Córdova y el exministro Siles, bajo los cargos de tráfico de influencias y consorcio entre servidores judiciales, delitos que contemplan penas de hasta 10 años de prisión.
El audio que dio origen a la investigación contiene fragmentos donde supuestamente Siles instruye al juez Lea Plaza emitir un fallo favorable para remover a la magistrada Fanny Coaquira, permitiendo que asuma su suplente, Iván Campero. “Nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que va a emitirse se confirme en el Tribunal Constitucional, y también controlar cualquier reacción que pueda tener”, dice una voz atribuida al exministro.
Saucedo alertó sobre el impacto institucional que una destitución irregular de magistrados podría tener sobre la legitimidad del proceso electoral: “Esto puede abrir la puerta para que mañana, tras las elecciones del 17 de agosto, se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas”, subrayó.
El caso fue declarado en reserva y permanece en etapa de recolección de pruebas mientras continúan las detenciones, renuncias y nuevas líneas de investigación que podrían alcanzar a más funcionarios judiciales.
