La empresa estatal informó que camiones cisternas con Gas Natural Licuado no pueden circular, pese a las gestiones realizadas.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) interrumpió el suministro de gas domiciliario natural a las poblaciones de Llallagua y Uncía, en Potosí, debido a que los bloqueos impiden el paso de los camiones cisternas con el combustible, informó la estatal mediante un comunicado.
Según la empresa, los bloqueos, particularmente en el sector Lagunillas, del departamento de Potosí, afectan la circulación de cisternas con Gas Natural Licuado (GNL), que se dirigen a esas poblaciones.
“A pesar de las múltiples gestiones realizadas por la estatal petrolera en los puntos de bloqueo, no se ha logrado asegurar el paso de cisternas, lo cual nos imposibilita cumplir con la provisión de gas natural”, indica el comunicado.
Asimismo, remarca que la interrupción del suministro es consecuencia directa de las medidas de presión, “ajenas a la voluntad operativa de YPFB”.
“Una vez se habilite el paso para nuestras cisternas varadas en el punto de bloqueo mencionado, YPFB restablecerá el servicio”, acota.
Este lunes se inició la segunda semana de bloqueos de seguidores de Evo Morales, que cortaron la circulación en varias carreteras del país en demanda de la habilitación del expresidente como candidato para las elecciones generales de agosto próximo.

La aguda crisis económica que afecta a Bolivia ha forzado a cerca de 18 mil estudiantes de secundaria en La Paz a abandonar sus estudios para incorporarse al mercado laboral, según denunció José Luis Álvarez, dirigente del Magisterio Urbano de La Paz. Este alarmante fenómeno refleja el impacto de la escasez de combustibles, divisas y el aumento en el costo de vida sobre las familias bolivianas.
Factores y críticas al Gobierno
Álvarez señaló que la difícil situación económica ha llevado a muchas familias a depender del ingreso de sus hijos adolescentes, quienes abandonan las aulas para contribuir al sustento del hogar. Además, criticó al Gobierno por implementar medidas como el cierre de escuelas y la fusión de paralelos bajo el pretexto de “reordenamiento”, calificándolas como una “política criminal” que sacrifica el derecho a la educación de los más vulnerables.
“El Gobierno no está resolviendo la crisis, está descargándola sobre las familias, forzando a los niños y adolescentes a abandonar sus sueños educativos para luchar por el pan del día”, afirmó Álvarez.
Propuestas y posibles movilizaciones
Entre las propuestas del magisterio urbano para mitigar la crisis, Álvarez sugirió establecer medidas que obliguen a las empresas a comercializar sus productos mediante venta directa, con el objetivo de reducir los precios al consumidor final.
El dirigente advirtió que, de no obtener respuestas del Gobierno, el sector podría iniciar movilizaciones en los próximos días. “No solo estamos perdiendo a miles de estudiantes en las aulas; estamos hipotecando el futuro del país”, enfatizó.
Una crisis que trasciende las aulas
La situación evidencia cómo la crisis económica está erosionando derechos fundamentales como la educación, con repercusiones a largo plazo para el desarrollo del país. El magisterio urbano exige una pronta intervención del Gobierno para garantizar que los estudiantes no abandonen la escuela y para aliviar la carga económica que enfrentan las familias bolivianas.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que la demora en la aprobación de créditos externos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está causando un significativo rezago en los desembolsos, afectando la ejecución de proyectos y la economía nacional.
Montenegro explicó que, aunque los préstamos aprobados en la actualidad pueden beneficiar al país, tienen un retraso inherente en su implementación. “Si el año pasado se hubieran aprobado créditos por más de 1.600 millones de dólares, hoy tendrían un impacto más inmediato en la economía”, señaló durante una entrevista con radio Fides.
Impacto del retraso
El ministro detalló que los procesos asociados a los créditos externos, como licitaciones públicas, garantías y supervisión, pueden extenderse entre 7 y 8 meses antes de que los fondos se desembolsen y se ejecuten los proyectos. Este retraso reduce su efectividad para atender necesidades urgentes.
Créditos de rápida aplicabilidad
Montenegro sugirió que la ALP priorice préstamos con aplicación inmediata, como los ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Estos podrían destinarse a áreas críticas como la importación de diésel y gasolina, cubriendo necesidades esenciales del país.
“El haber retrasado la aprobación de estos créditos afectó la economía nacional. Ahora la Asamblea debe considerar aprobar créditos específicos que respondan a las demandas actuales y tengan un impacto inmediato”, enfatizó el ministro.
Apoyo de sectores opositores
Montenegro destacó que líderes de la oposición, como Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, han reconocido la necesidad de agilizar la aprobación de créditos para garantizar la importación de bienes esenciales, una solicitud que el Ejecutivo ha planteado durante más de dos años.
El ministro remarcó la importancia de que la Asamblea priorice la aprobación de créditos estratégicos para asegurar el flujo de recursos que permitan atender las demandas económicas y energéticas del país en el corto plazo.

Campesinos de las 20 provincias de La Paz, gremiales de El Alto y comerciantes de carne de pollo marcharon este lunes hacia el centro de la ciudad en protesta por el incremento de los precios de la canasta familiar, la escasez de combustibles y la falta de dólares, entre otras demandas. Las movilizaciones causaron un caos vehicular que persistió hasta la tarde.
Demandas de los campesinos
El ejecutivo de la provincia Loayza, Hernán Ruiz, señaló que el sector exige respuestas inmediatas a la crisis económica: “Nuestro pedido es resolver el alza de la canasta familiar; están subiendo demasiado los precios de los insumos agrícolas, además del problema con el diésel y la gasolina”, declaró.
Los campesinos, pertenecientes a las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa, iniciaron su marcha desde la plaza de la Loba de Obrajes y avanzaron hacia el centro paceño. Para las 13:10, ocupaban calles clave alrededor de la plaza San Francisco y el Ministerio de Economía, causando un grave congestionamiento.
En su pliego petitorio, exigieron:
Normalización del suministro de combustibles.
Regulación de precios de productos básicos.
Estabilización del tipo de cambio.
Provisión de materiales e insumos agrícolas.
Advirtieron que, de no recibir respuestas inmediatas, tomarán medidas más drásticas, como bloqueos y un paro indefinido, en ejercicio de su derecho a la protesta.
Marcha de gremiales
Por su parte, la Federación de Gremiales Comerciantes Minoristas de El Alto también se movilizó. Su dirigente, Óscar Choque, expresó su preocupación por el alza de precios: “El aceite ha duplicado su precio, y el arroz pasó de costar 210 bolivianos a 700”. Choque aseguró que su protesta tiene un carácter social, desvinculándose de intereses políticos.
Protesta de comercializadores de carne de pollo
En paralelo, los comerciantes de carne de pollo realizaron un mitin frente al Palacio de Comunicaciones. Denunciaron la falta de abastecimiento del producto y señalaron que el precio mayorista del kilo de pollo alcanzó los 31 bolivianos. Miguel Ríos, dirigente del sector, solicitó al Gobierno habilitar puentes aéreos para garantizar el suministro.
Contexto político
Las movilizaciones coinciden con una segunda semana de conflictos en Bolivia. Grupos afines al expresidente Evo Morales impulsan bloqueos de caminos y exigen que Morales sea inscrito como candidato presidencial, pese a su inhabilitación.
La situación refleja una creciente tensión social y económica en el país, con múltiples sectores demandando soluciones inmediatas a sus problemas.