Campesinos de las 20 provincias de La Paz, gremiales de El Alto y comerciantes de carne de pollo marcharon este lunes hacia el centro de la ciudad en protesta por el incremento de los precios de la canasta familiar, la escasez de combustibles y la falta de dólares, entre otras demandas. Las movilizaciones causaron un caos vehicular que persistió hasta la tarde.
Demandas de los campesinos
El ejecutivo de la provincia Loayza, Hernán Ruiz, señaló que el sector exige respuestas inmediatas a la crisis económica: “Nuestro pedido es resolver el alza de la canasta familiar; están subiendo demasiado los precios de los insumos agrícolas, además del problema con el diésel y la gasolina”, declaró.
Los campesinos, pertenecientes a las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa, iniciaron su marcha desde la plaza de la Loba de Obrajes y avanzaron hacia el centro paceño. Para las 13:10, ocupaban calles clave alrededor de la plaza San Francisco y el Ministerio de Economía, causando un grave congestionamiento.
En su pliego petitorio, exigieron:
Normalización del suministro de combustibles.
Regulación de precios de productos básicos.
Estabilización del tipo de cambio.
Provisión de materiales e insumos agrícolas.
Advirtieron que, de no recibir respuestas inmediatas, tomarán medidas más drásticas, como bloqueos y un paro indefinido, en ejercicio de su derecho a la protesta.
Marcha de gremiales
Por su parte, la Federación de Gremiales Comerciantes Minoristas de El Alto también se movilizó. Su dirigente, Óscar Choque, expresó su preocupación por el alza de precios: “El aceite ha duplicado su precio, y el arroz pasó de costar 210 bolivianos a 700”. Choque aseguró que su protesta tiene un carácter social, desvinculándose de intereses políticos.
Protesta de comercializadores de carne de pollo
En paralelo, los comerciantes de carne de pollo realizaron un mitin frente al Palacio de Comunicaciones. Denunciaron la falta de abastecimiento del producto y señalaron que el precio mayorista del kilo de pollo alcanzó los 31 bolivianos. Miguel Ríos, dirigente del sector, solicitó al Gobierno habilitar puentes aéreos para garantizar el suministro.
Contexto político
Las movilizaciones coinciden con una segunda semana de conflictos en Bolivia. Grupos afines al expresidente Evo Morales impulsan bloqueos de caminos y exigen que Morales sea inscrito como candidato presidencial, pese a su inhabilitación.
La situación refleja una creciente tensión social y económica en el país, con múltiples sectores demandando soluciones inmediatas a sus problemas.
Protestas colapsan el centro de La Paz: campesinos, gremiales y comerciantes exigen soluciones
Ejército Boliviano niega acusaciones de acciones militares contra el pueblo
El Comando General del Ejército emitió un comunicado oficial en el que rechaza y condena categóricamente las declaraciones que los acusan de planificar acciones militares contra infraestructuras civiles o personas. Según la institución castrense, estas afirmaciones buscan confundir a la opinión pública y fomentar la confrontación entre el Ejército y el pueblo boliviano.
“El Ejército Boliviano expresa su más enérgico rechazo a estas declaraciones falsas, las cuales ponen en riesgo la integridad física de nuestros comandantes, del personal militar y de sus familias”, señala el comunicado.
En el texto, se destaca que la formación de los comandantes de división, regimiento, batallón y unidades académicas se rige por estándares técnicos, tácticos y estratégicos, respetando estrictamente la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 1405 y los reglamentos internos de la doctrina militar.
“Nuestros comandantes, en todos los niveles de mando, no han planificado ni ejecutarán acciones ilegales que atenten contra infraestructuras civiles o la vida de cualquier persona en el territorio nacional”, agrega el pronunciamiento.
El comunicado concluye reafirmando el compromiso institucional del Ejército Boliviano de actuar dentro del marco de la legalidad, respetando la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, los tratados internacionales y los derechos humanos.
YPFB apunta a reducir filas por combustibles en La Paz y El Alto con despacho diario por encima de 2 millones de litros
Un convoy de 50 cisternas con combustible procedente de Arica, arribó el domingo a La Paz y Oruro tras el inicio de la descarga de 62 millones de litros, tanto de gasolina y diésel en la Terminal de Sica Sica, en Chile.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) busca reducir las filas por combustibles en surtidores de La Paz y El Alto con el despacho de volúmenes superiores a los 2 millones de litros diarios desde la Planta de Senkata, informó este lunes el gerente de Comercialización de la estatal petrolera, Álvaro Tumiri.
“De ahora en adelante, lo que se va a hacer como YPFB es despachar volúmenes superiores a los 2 millones de litros diariamente.¿Esto qué va a hacer?, va a alimentar a las ciudades de La Paz, El Alto y algunas provincias; la intención es clara, vamos a reducir filas, ese es el objetivo, vamos a tener flujo constante de despachos»
Indicó que, el domingo, YPFB despachó en La Paz más de 1.500 metros cúbicos de gasolina, lo que equivale a más de 1.500.000 litros de este combustible.
A diferencia de semanas atrás, el combustible está llegando a la Planta de Almacenaje de Senkata de El Alto. Desde Arica, Chile, hasta este punto, la ruta se encuentra expedita, no registra problemas por bloqueos.
“Es decir, tenemos las condiciones para despachar estos volúmenes que estamos indicando. De la misma manera, esperamos llegar a otros destinos, pero sabemos que ahí sí estamos condicionados por los bloqueos, sobre todo en Cochabamba”, precisó.
Un convoy de 50 cisternas con combustible procedente de Arica, arribó el domingo a La Paz y Oruro tras el inicio de la descarga de 62 millones de litros, tanto de gasolina y diésel en la Terminal de Sica Sica, en Chile.
Al respecto, Tumiri precisó que se trata de 20 millones de litros de gasolina y 42 millones de litros de diésel, volumen que, sumado al que se importa desde otros países, irá alimentando la demanda en el país.
“Desde Arica se está descargando este producto y lo que hay que ser conscientes, y bastante claros, es que las filas no van a desaparecer de la noche a la mañana. En ese sentido, al tener volúmenes adicionales con este punto de Arica, se estima que las filas vayan reduciendo poco a poco”, dijo.
Remarcó que YPFB trabaja de manera ardua para abastecer a la brevedad y reducir las filas por combustibles.
Evo Morales llama a las Fuerzas Armadas a no prestarse a decisiones políticas
En medio del conflicto por la habilitación de su postulación presidencial, Evo Morales hizo un llamado a las Fuerzas Armadas (FFAA) para que no se involucren en decisiones políticas que podrían traer consecuencias legales e históricas.
El Gobierno ha movilizado a militares para despejar las carreteras bloqueadas por el ala “evista”, que insiste en la candidatura de Morales pese a la negativa del Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional.
A través de sus redes sociales, Morales acusó al Gobierno de recurrir a la represión mediante operativos conjuntos entre policías y militares, a pesar de que la Constitución prohíbe el uso de las FFAA para controlar protestas sociales.
“El bloqueo y la movilización son expresiones legítimas de resistencia ante un gobierno que ha cerrado los canales democráticos y traicionado el mandato popular”, afirmó Morales, además de pedir a organismos internacionales y defensores de derechos humanos que estén alerta ante lo que calificó como una “peligrosa deriva autoritaria”.
Vecinos de Sucre toman instituciones en protesta por el alza de precios
Grupos vecinales en Sucre iniciaron este lunes una serie de tomas pacíficas de instituciones públicas en respuesta al incremento sostenido en los precios de los productos de la canasta básica. La medida, encabezada por la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), busca presionar a las autoridades ante lo que califican como una falta de acciones concretas frente a la crisis económica.
Desde Fedjuve se denunció que, pese a la instalación de mesas de trabajo el pasado 21 de mayo, no se ha presentado un plan claro para enfrentar el alza del costo de vida. Aseguran que han pasado más de dos semanas sin resultados ni respuestas efectivas por parte de los niveles municipal, departamental y nacional.
Las movilizaciones se desarrollan en los seis distritos urbanos de la ciudad. En el Distrito 1, los vecinos ocuparon la Asamblea Legislativa Departamental. En el Distrito 2, tomaron la Brigada Parlamentaria y áreas cercanas a La Madona. En el Distrito 3, las protestas se dirigieron a oficinas del Senasag y dependencias en Yurac Yurac.
El Distrito 4 se movilizó frente al Concejo Municipal y la Gobernación. En el Distrito 5, se tomó la Alcaldía en la Villa Bolivariana y las oficinas de Emapa. Por su parte, en el Distrito 6, los manifestantes ocuparon el Viceministerio de Defensa del Consumidor y otras dependencias de la Gobernación.
Los vecinos anunciaron que mantendrán las tomas y bloqueos hasta recibir una respuesta concreta a sus demandas. Aseguran que la situación económica se ha vuelto insostenible y exigen medidas inmediatas para frenar la subida de precios.
Bolivia rechaza a Starlink pese a sus deficiencias en conectividad y genera debate sobre soberanía tecnológica
A pesar de ser considerado el país con la conexión a internet más lenta y costosa de América Latina, Bolivia decidió no otorgar licencia de operación a Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por el empresario Elon Musk. La decisión, revelada por un reciente artículo publicado por The New York Times, ha generado amplia repercusión y debate tanto a nivel nacional como internacional.
Según el medio estadounidense, el gobierno del presidente Luis Arce rechazó la solicitud de operación de Starlink bajo el argumento de preservar la soberanía tecnológica del país y asegurar condiciones equitativas para los proveedores locales. Esta postura convirtió a Bolivia en el único país de la región en frenar el ingreso de la compañía, cuya tecnología ha mejorado significativamente el acceso a internet en áreas remotas de Sudamérica.
El director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, reconoció la capacidad técnica del sistema desarrollado por Musk. “Starlink tiene superioridad tecnológica”, afirmó en declaraciones citadas por el New York Times. Sin embargo, explicó que cualquier operador extranjero debe sujetarse a una normativa que garantice condiciones de competencia justa. “Cualquier empresa que venga a hacer negocios en el país se va a llevar un pedazo del pastel, pastel que ahora mismo está entre los que estamos aquí”, sostuvo.
En contraste con los avances tecnológicos de otros países, Bolivia aún depende del satélite Túpac Katari, lanzado en 2013 con cooperación china, cuya vida útil se estima finalizará en cinco años. Según datos del NYT, apenas la mitad de los hogares bolivianos cuenta con acceso a internet de banda ancha, muy por debajo del 94% en Chile o el 87% en Brasil. En zonas rurales, el acceso sigue siendo limitado, y muchos pobladores deben escalar colinas o árboles para obtener señal celular.
Patricia Llanos, docente universitaria que realiza investigaciones en la Amazonía boliviana, señaló: “Es un gran problema para nosotros”, refiriéndose a las restricciones de conectividad en comunidades apartadas.
El informe también indica que el gobierno boliviano se encuentra en conversaciones iniciales con SpaceSail, una empresa china que proyecta lanzar miles de satélites hasta el año 2030. El embajador de Bolivia en China, Hugo Siles, confirmó este acercamiento y justificó la preferencia por operadores asiáticos: “Hemos venido trabajando con China porque sentimos que hay una absoluta comodidad en cuanto a la normativa boliviana y respecto a la soberanía”.
A nivel internacional, otros países también han expresado preocupación por el creciente poder económico y político que Elon Musk podría ejercer a través de su red satelital. En Brasil, por ejemplo, surgieron tensiones cuando su red social X se negó a cumplir órdenes judiciales, lo que llevó al gobierno de ese país a buscar alternativas con la misma empresa china que ahora evalúa Bolivia.
Mientras tanto, el descontento social por la baja calidad del servicio de internet en Bolivia sigue creciendo. Según The New York Times, algunos legisladores estarían considerando revisar la negativa a Starlink como respuesta a la presión ciudadana.
Arce condena ataques a ambulancia en Cochabamba y descarta renuncia como salida a la crisis
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, expresó su firme rechazo a los recientes hechos de violencia ocurridos en el departamento de Cochabamba, donde una ambulancia de la Caja Nacional de Salud fue atacada mientras transportaba a cuatro efectivos policiales heridos. El personal médico que asistía a los pacientes también fue agredido durante el incidente, considerado uno de los más graves en el marco de los bloqueos promovidos por sectores afines al exmandatario Evo Morales.
Durante una declaración pública tras reunirse con el equipo médico afectado, el presidente Arce calificó lo ocurrido como un acto de violencia descontrolada que, según dijo, podría haber tenido consecuencias fatales. “Hemos tenido suerte de no perder vidas”, manifestó. Asimismo, señaló que este tipo de hechos pone en riesgo no solo a los involucrados directos, sino a toda la población que requiere atención médica urgente.
Arce también descartó categóricamente que su renuncia, demandada por los grupos movilizados, constituya una solución efectiva a la coyuntura actual. “La renuncia no resuelve para nada los problemas. Si los resolviera, ya nos hubiéramos ido”, aseguró ante los medios de comunicación.
Por su parte, la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, condenó el asalto a la ambulancia y sostuvo que se trata de un acto que excede los márgenes de una protesta legítima. “La ambulancia fue volcada. Esto no es una protesta ni un reclamo. La gente que está ahí no son bloqueadores, son criminales”, afirmó, anunciando que se emprenderán acciones legales contra los responsables de estos actos.
Los bloqueos, que se extienden por al menos 29 puntos estratégicos en Cochabamba, han generado una severa afectación a la circulación de alimentos, medicamentos y al transporte de pacientes, lo que ha encendido alertas en diversos niveles del Estado. La situación ha sido calificada como crítica tanto por el Gobierno como por instituciones del sistema de salud.
En declaraciones posteriores, el presidente Arce cuestionó directamente la actuación del expresidente Evo Morales, al señalar que su interés principal no está en el bienestar colectivo. “Lo único que le importa a Evo Morales es su candidatura, no le importa el pueblo”, declaró en referencia al contexto político que rodea las actuales movilizaciones.
El Ejecutivo reiteró que continuará con los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de productos esenciales y la atención médica, al tiempo que convocó nuevamente al diálogo como única vía para resolver el conflicto y restablecer la estabilidad democrática.
Choferes bloquean la avenida Juan Pablo II en El Alto ante escasez de combustible
Desde las 9:00 de este lunes, conductores que aguardaban para cargar combustible en la estación Cortez y Cortez, ubicada en la avenida Juan Pablo II de El Alto, instalaron un bloqueo en la vía debido a la prolongada espera. El punto de bloqueo se ubicó cerca del puente Río Seco, sobre una arteria vial que conecta con las rutas hacia los municipios de Laja y Copacabana. Los choferes manifestaron su malestar ante las largas filas para abastecerse, situación que se repite en distintas zonas del país.
Una situación similar se registró el domingo en la avenida Montes de la ciudad de La Paz, donde conductores denunciaron esperas superiores a 12 horas para obtener combustible, a pesar de las declaraciones oficiales sobre la normalización del suministro. El Gobierno ha informado que una cantidad significativa de cisternas permanece varada en diferentes bloqueos a nivel nacional, con mayor concentración en el departamento de Cochabamba, dificultando la distribución regular del carburante.
La protesta de los choferes refleja el descontento generalizado por la escasez de combustible y la falta de soluciones inmediatas por parte de las autoridades. Se espera que las negociaciones entre los sectores afectados y el Gobierno conduzcan a medidas efectivas para garantizar el abastecimiento y la normalización del servicio.
Gobierno y principales instituciones de salud acuerdan medidas para proteger al personal sanitario en contextos de conflicto
En una reunión interinstitucional realizada este sábado en Cochabamba, siete instituciones del sector salud encabezadas por el Ministerio de Salud y Deportes firmaron un acuerdo con cinco puntos clave para salvaguardar la integridad del personal sanitario y garantizar la atención a pacientes en medio de los bloqueos registrados en la carretera Oruro-Cochabamba.
El encuentro inició a las 17:00 horas con la participación de la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, junto a representantes de la Secretaría Departamental de Gobernabilidad, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), la Caja Nacional de Salud (CNS), el Colegio Médico de Bolivia, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (FESIRMES) y la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud Pública (CSTSPB).
Las instituciones manifestaron su profunda preocupación por los riesgos que enfrenta el personal sanitario que continúa brindando servicios en zonas afectadas por conflictos sociales.
Como resultado del análisis conjunto, se acordaron las siguientes medidas:
Se exhorta a los grupos movilizados a cesar cualquier tipo de violencia injustificada y desproporcionada, especialmente contra sectores vulnerables, garantizando el acceso sin restricciones a servicios de salud conforme a la Constitución Política del Estado.
Se establece un compromiso para trabajar de manera conjunta y permanente en la elaboración de un plan de ingreso y salida segura del personal sanitario, en coordinación con los gobiernos municipales, liderados por el SEDES Cochabamba.
Se crearán canales de comunicación ágiles para coordinar el traslado y repliegue organizado del personal de salud mediante una mesa técnica de coordinación permanente que atienda con rapidez las emergencias derivadas del conflicto.
Las instituciones firmantes se comprometen a presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos delictivos ocurridos, además de elevar las denuncias a instancias internacionales.
Se reafirma el compromiso con la población boliviana para garantizar el derecho fundamental a la vida y al acceso a servicios de salud, haciendo un llamado al respeto del trabajo humanitario y al cese de toda forma de violencia.
La ministra María Renée Castro destacó la importancia del acuerdo y enfatizó: “Con estos compromisos, reafirmamos nuestra dedicación para proteger la vida y la salud de todos los bolivianos, así como para garantizar el acceso a la atención médica en situaciones difíciles.”
Denuncias por ataques a médicos y ambulancias durante bloqueos en Cochabamba serán presentadas ante instancias nacionales e internacionales
La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, anunció este domingo que las denuncias por actos de violencia registrados durante los bloqueos en Cochabamba, que afectaron al personal médico y ambulancias en su labor de atención, serán elevadas a instancias nacionales e internacionales.
Hasta el sábado, se atendieron 53 pacientes afectados por estos incidentes, entre ellos policías con policontusiones, fracturas y lesiones graves. Se registraron agresiones incluso dentro de ambulancias que trasladaban heridos al Hospital Obrero Nº2. Del total, 16 personas pertenecen al sector salud que sufrieron ataques físicos y psicológicos, además de civiles afectados al intentar atravesar los bloqueos.
En respuesta, el Ministerio de Salud y Deportes convocó una reunión inédita con la Secretaría Departamental de Gobernabilidad de Cochabamba, el Servicio Departamental de Salud (SEDES), la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), la Caja Nacional de Salud (CNS), el Colegio Médico de Bolivia, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) y la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud Pública (CSTSPB), para coordinar medidas urgentes de protección para el personal médico.
“Además, hemos quedado en que todos —ayer—, tanto el Colegio Médico como el Fesirmes y la Confederación, nos han solicitado los datos sobre las denuncias que hemos presentado en los distintos hechos: por los ataques a ambulancias, por los atentados, y por el secuestro o la retención del personal sanitario ocurridos el día miércoles. Ellos han decidido que les facilitemos esta información, ya que, como instituciones, han resuelto adherirse a todas las querellas y denuncias presentadas, y además, elevar las mismas a nivel internacional, tal como lo ha hecho el presidente Luis Arce. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando de manera conjunta con todas estas instituciones —las máximas representaciones del sector salud— para garantizar la salud y la vida de nuestra población”, indicó Castro en el programa Los Hechos Cuentan de Bolivia TV.
La ministra condenó enfáticamente los ataques y señaló: “Decirles a los bloqueadores que ni en las guerras se ha generado un mecanismo de atentado al personal sanitario, ni a las ambulancias ni a los médicos. Generalmente es lo que más se protege. Este hecho no puede volverse a presentar en nuestro país.”
Castro también informó que el Ministerio presentó las denuncias formales ante las instancias correspondientes y solicitó al Ministerio Público agilizar las investigaciones.
Respecto a la continuidad de los servicios de salud en Cochabamba, la ministra explicó que se implementaron mecanismos administrativos para reasignar al personal médico que no puede acceder a sus centros por bloqueos o amenazas. Además, se estableció una mesa técnica de coordinación permanente con autoridades departamentales, municipales e instituciones médicas para garantizar el ingreso y salida segura del personal de salud.
Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno para proteger al personal sanitario: “No vamos a bajar la guardia ni vamos a permitir impunidad. Toda denuncia será canalizada y respaldada desde el Ministerio. Nuestro deber es proteger a quienes cuidan la vida”, concluyó.
